Ha arrancado la campaña de unas elecciones cuyo resultado no será tan importante como lo que vendrá a continuación. Gane quien gane y gobierne quien gobierne, el 29 de noviembre dará lugar a un escenario de conflicto que solo podrá resolverse a medio o largo plazo con un cambio estructural del Estado diseñado en 1978. De hecho, la evidente crisis política que vive el Estado es el testimonio de que el régimen del 78 no ha fracasado, porque ha durado medio siglo, pero ya no da más de sí.
La Transición consistió en una reforma política del franquismo con los requisitos justos y necesarios para homologar el sistema al de su entorno europeo. Fue el precio impuesto por las potencias occidentales para dar su visto bueno y aportar el apoyo financiero necesario para el éxito de la operación.
El cambio consistió en dar entrada a nuevos actores políticos que aceptaran la Monarquía y mantuvieran las estructuras económicas, financieras y, sobre todo, institucionales y funcionariales del régimen anterior. Esa fue la auténtica reconciliación. Hubo un relevo de políticos, pero los verdaderos poderes no cambiaron de manos.
Aun así, se produjo el golpe de Estado del 23-F, promovido por sectores reaccionarios del Estado que no estaban dispuestos a aceptar las audaces iniciativas reformistas de Adolfo Suárez. El golpe militar no triunfó como tal, pero propició una involución política inmediata, patrocinada por la Corona y asumida como propia por el Partido Socialista que lideraba entonces Felipe González. No solo la LOAPA: las leyes de aquella época que afectaban a la economía y a los poderes económicos tuvieron también un evidente acento conservador —las leyes de vivienda, sin ir más lejos—, compensado con nuevos derechos plenamente asumidos por la sociedad, como el divorcio o la interrupción del embarazo.
No será tan importante el resultado electoral como lo que vendrá después, porque, gane quien gane, el 29N dará lugar a un escenario de conflicto.
Durante 50 años, España ha funcionado con una cierta normalidad, con alternancias casi plácidas y un elevado grado de consenso. Aunque el principal consenso ha sido una especie de pacto de no agresión en torno a lo que ha sido el denominador común del sistema: la corrupción.
La corrupción en España ha sido una práctica sistemática que empieza en la jefatura del Estado y se extiende a todos los ámbitos del poder. Hay un libro que lo explica muy bien, escrito por un periodista comprometido como Carlos Enrique Bayo Falcón. Se titula El Rey Golfo (editorial Akal), y en él queda ampliamente documentado que en la corrupción del rey participaron de manera cómplice todos los estamentos del Estado, los gobiernos de cualquier signo político y toda clase de instituciones y organismos, así como, obviamente, medios de comunicación y periodistas. La actuación de la primera autoridad es la que fija el nivel moral del sistema e irradia su modus operandi al conjunto. Todo ello funcionó mientras se mantuvo el consenso infame y se ha roto cuando la batalla por el poder se ha recrudecido hasta hacer añicos el pacto de no agresión tácitamente establecido.
Si Pedro Sánchez consiguiera reeditar la mayoría de la moción de censura, las fuerzas reaccionarias no le permitirán gobernar, pero la sociedad ha evolucionado lo suficiente como para tragarse el regreso al franquismo sin reaccionar
El consenso empieza a resquebrajarse cuando los escándalos del monarca se vuelven tan inadmisibles que ponen en riesgo el sistema, pero se rompe definitivamente cuando Pedro Sánchez descabalga del poder a Mariano Rajoy mediante una moción de censura justificada por la corrupción del Partido Popular. Efectivamente, el PP se había financiado ilegalmente, pero como todos los demás partidos con responsabilidades de gobierno. Pero es que, además, la censura a Rajoy prospera gracias a la articulación de una mayoría con partidos republicanos e independentistas declaradamente contrarios al sistema. Todo ello supone un cambio de paradigma. Se rompe el consenso y la denuncia de la corrupción se convierte en la principal arma de destrucción del adversario.
Y como la metástasis se ha extendido al conjunto de las instituciones del Estado, la batalla se ha recrudecido también entre tribunales, entre jueces, entre fiscales y policías enfrentados entre sí y, por supuesto, entre medios de comunicación, todos ellos convenientemente patrocinados desde sus respectivas trincheras. Cuando en la batalla electoral no está en juego quién gobierna, sino quién irá antes a la cárcel, el conflicto se vuelve irreversible.
Parece difícil que Pedro Sánchez consiga articular de nuevo una mayoría como la de la investidura, alternativa y contraria a la prevista en el guion del 78 pero, si así fuera, no cabe duda de que las fuerzas reaccionarias le impedirían gobernar. Quien pueda hacerlo, lo hará. Por ahora, sin embargo, las previsiones indican que, cincuenta años después, el franquismo, un franquismo reconvertido en las formas, pero no en el fondo, está en condiciones de asumir la dirección política del país. No obstante, la sociedad ha evolucionado lo suficiente como para tragárselo y digerirlo plácidamente sin reaccionar. Así que, gane quien gane el 29N, el conflicto está servido y solo puede desembocar en una catarsis, en un cambio estructural de características hoy por hoy todavía inimaginables.