El 92% de la ciudadanía cree que la corrupción está extendida en España, según el Eurobarómetro Especial 573 incorporado al Informe sobre el Estado de derecho de 2026 de la Comisión Europea, frente a una media europea del 71%. Hablamos de una profunda crisis de confianza democrática. Ese 92% no significa que nueve de cada diez españoles hayan pagado un soborno o conozcan personalmente una trama: hablamos de la percepción que tenemos, de si consideramos que la corrupción está muy o bastante extendida. Es percepción, no sentencia judicial. Pero la percepción es política pura: mide el grado de confianza en las instituciones, en la igualdad ante la ley y en la capacidad del sistema para detectar, perseguir y castigar el abuso de poder.
La serie de los últimos años muestra un deterioro instalado, no un pico coyuntural. En 2024, el 90% consideraba que la corrupción estaba extendida; en 2025, el porcentaje apenas bajó al 89%; en 2026 sube al 92%, el valor más alto de los tres últimos informes. La media europea también empeora (del 68% al 71%), pero España se mantiene más de veinte puntos por encima del conjunto de la Unión. La fotografía comparada tampoco ofrece consuelo. Grecia encabeza la percepción de corrupción extendida con un 99%, seguida de Chipre (95%) y Portugal (94%); inmediatamente después aparece España, con el 92%. En el otro extremo, Dinamarca y Finlandia se sitúan en el 25%. La distancia entre el bloque que concentra la desconfianza y los países con mayor confianza institucional es abismal.
Si miramos el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, el mensaje se repite por otro camino. España ha pasado de 61 puntos en 2021 a 55 en 2025, pierde seis puntos en cinco años y cae hasta el puesto 17 dentro de la UE y el 49 a nivel mundial. En esta escala, cuanto más baja es la puntuación, peor es el resultado, y la propia Comisión califica como "relativamente alto" el nivel de corrupción percibida en el sector público español. Portugal ofrece un espejo incómodo: registra también un deterioro significativo (de 62 puntos en 2021 a 56 en 2025) y comparte con España cifras muy elevadas de percepción ciudadana de corrupción. En Portugal, el 59% afirma sentirse personalmente afectado por la corrupción en su vida cotidiana; en España, el 53%, frente a una media europea del 30%. Italia completa el cuadro: el 82% percibe corrupción extendida y el 42% se siente afectado personalmente, mientras su puntuación en el índice de Transparencia es de 53 puntos, por debajo de los 55 de España.
Todo ello confirma que percepción ciudadana, evaluación experta y corrupción acreditada judicialmente no son exactamente lo mismo, pero tampoco habitan mundos separados. Los casos que llegan a los tribunales, la duración de las investigaciones, las puertas giratorias, los problemas en la contratación pública, la opacidad y la sensación de impunidad terminan modelando la mirada del ciudadano.
Solo el 31% de los españoles considera que existen suficientes condenas para disuadir a quienes participan en prácticas corruptas
Hay otro dato que debería inquietar incluso más que el 92%. Solo el 31% de los españoles considera que existen suficientes condenas para disuadir a quienes participan en prácticas corruptas, por debajo del 38% de media en la UE. Entre las empresas españolas, apenas el 18% cree que quienes son descubiertos sobornando a altos cargos reciben un castigo adecuado, frente al 31% en el conjunto de la Unión. Es decir: no solo se percibe mucha corrupción, sino poca capacidad de castigo. La Comisión reconoce que España ha dado algunos pasos para afrontar la excesiva duración de las causas de corrupción de alto nivel: nuevas plazas judiciales y fiscales, tres puestos adicionales en la Audiencia Nacional y una unidad especializada dentro de la Fiscalía General para coordinar las investigaciones sobre delitos contra la Administración. En 2025 se resolvieron 76 causas por delitos de corrupción, con 52 condenas totales o parciales y 19 absoluciones, lo que demuestra que el sistema investiga y juzga. Pero Bruselas advierte que los problemas persisten: procedimientos complejos con numerosas partes, recursos muy prolongados, retrasos en la cooperación internacional, dificultad de los informes periciales, escasez de medios y falta de órganos suficientemente especializados. No se puede pedir confianza mientras las grandes causas tardan años en obtener una respuesta definitiva. Las garantías procesales son irrenunciables, pero no pueden convertirse en coartada para la ineficacia: una sentencia que llega demasiado tarde puede ser jurídicamente impecable y socialmente insuficiente.
No hay democracia sólida si no se puede seguir con claridad el rastro del dinero público
El informe se detiene también en la contratación pública. En 2025, el 34% de las licitaciones españolas recibió una sola oferta, frente al 27% de media europea, una señal de falta de competencia que incrementa el riesgo de prácticas irregulares. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación señala que los contratos de servicios concentran la mayoría de las denuncias por corrupción y prácticas contrarias a la competencia, y que las infraestructuras críticas y la financiación de partidos políticos figuran entre los sectores especialmente vulnerables. No hay democracia sólida si no se puede seguir con claridad el rastro del dinero público. Transparencia no es limitarse a volcar datos en portales inabarcables, sino permitir que cualquier ciudadano, periodista u organismo de control pueda reconstruir quién decide, con qué criterios, en beneficio de quién y con qué consecuencias.
Sería incorrecto afirmar que la Comisión no reconoce ningún avance. El Gobierno aprobó en agosto de 2025 el primer Plan Estatal contra la Corrupción, y han empezado a funcionar la Autoridad Independiente de Protección del Informante y otras iniciativas destinadas a reforzar la integridad pública, la regulación de los conflictos de intereses y la mejora del Consejo de Transparencia. El problema es otro: demasiadas medidas siguen atrapadas en el terreno de los proyectos, con plantillas reducidas, presupuestos insuficientes y normas sin mecanismos de comprobación y sanción eficaces.
Bruselas resume la situación con una fórmula rotunda: "progreso limitado" en la regulación de los conflictos de intereses, los grupos de presión y la protección del informante, y vuelve a reclamar un registro público obligatorio de lobbies. La crítica no consiste en negar que se haya hecho algo, sino en recordar que anunciar una reforma no equivale a aplicarla, que crear un organismo no garantiza su independencia y que aprobar una estrategia sirve de poco si no se acompaña de medios, capacidad investigadora y poder sancionador.
El informe se prestará a la batalla política inmediata: el Gobierno subrayará los avances; la oposición utilizará las conclusiones para golpear al Ejecutivo. Pero el documento apunta a algo más profundo que un intercambio de consignas. La corrupción no se combate solo cuando aparece un sobre, una comisión o un contrato amañado. Se combate protegiendo al denunciante antes de que sea destruido profesionalmente, blindando la independencia de los órganos de control, regulando las relaciones entre el poder político y los grupos de interés, dotando de medios a jueces y fiscales, y exigiendo responsabilidades políticas sin esperar siempre una condena penal firme.
España no es el único país europeo con un problema grave: Grecia, Chipre y Portugal muestran una percepción incluso peor. Pero convertir la comparación con quienes están igual o peor en programa de regeneración democrática sería otro síntoma de resignación. El 92% no dicta una sentencia contra España. Lanza un aviso: casi toda la sociedad sospecha que el poder no se vigila como debería.
Ante este panorama, me parece que lo menos sensato es discutir si la alarma suena demasiado fuerte. Lo importante, y lo responsable, es señalar qué ha ocasionado que salten las alarmas, porque, sin duda, saltan por algo. La percepción no es una mera sensación, sino la constatación de que esto ha llegado ya demasiado lejos. ¿Tenemos manera de cambiarlo?