Cuando ha pasado más de un año de que saltase a los medios de comunicación el escándalo del Catalangate, el espionaje masivo a independentistas catalanes, su entorno e incluso sus abogados, hemos visto cómo, recientemente, el Comité PEGA del Parlamento Europeo ha emitido un informe en el cual, desde una inaceptable equidistancia, viene a reconocer dicho espionaje masivo, pero dejando claro que “España tiene un sistema judicial independiente con suficientes garantías”, de lo que se debe deducir que será ese sistema judicial el encargado de investigar y sancionar el abuso de estas prácticas de espionaje a opositores que tiene escaso o nulo encaje en una democracia.
El problema es que, seguramente, al Comité, al igual que al resto de los ciudadanos, nos han podido tener mirando el dedo para que no lográsemos ver la luna y, por ende, no nos enterásemos de cuán profundamente extendido está el espionaje por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y cuán escaso es el control judicial que se realiza de medidas tan invasivas.
Nos hemos centrado en el uso de Pegasus sin darnos cuenta de la existencia de otros métodos, igual de ilegales, que han permitido un constante espionaje de todo aquel al que policías, guardias civiles o agentes del CNI consideren un potencial enemigo.
El 23 de abril de 2021, mientras muchos de los afectados por el espionaje masivo mirábamos al dedo, el Ministerio del Interior emitía el “cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares para la adquisición de la actualización que proporciona capacidades avanzadas para el registro remoto a la plataforma 'SILC' de interceptación legal de las telecomunicaciones”, que, con ese título, hasta parecería algo inofensivo y relacionado con las actividades propias de cualquier cuerpo policial.
La sorpresa surge a partir de las descripciones técnicas de aquello que adquirió, por más de 6 millones de euros, el Ministerio del Interior y las potencialidades reales de dicho sistema.
Básicamente, lo que se buscaba, y se encontró, era: “La adquisición del equipamiento y el software necesarios para evolucionar y mejorar las capacidades avanzadas de la plataforma 'SILC' del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que permita de forma telemática y sin intervención alguna del objetivo investigado, la monitorización y descarga remota, discreta y segura del contenido de dispositivos electrónicos o sistemas informáticos”.
Seguramente, nuestra intimidad debe estar, una vez más, en manos de cientos de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y/o agentes del CNI, así como de aquellos que actúan de caja de resonancia de las cloacas del Estado
Basta leerse con atención la justificación de dicha adquisición para entender no solo lo que se pretendía, sino lo que se ha estado haciendo con dicho software que hemos financiado entre todos.
No soy ningún especialista en informática ni en telecomunicaciones, pero ni falta que me hace para entender lo que se incluye en ese “cuadro de características del pliego de cláusulas”, porque es lo suficientemente claro, incluso para los que somos de letras.
Lo dicen claramente: “A finales de 2018 se adquirió una actualización de la plataforma SILC que permite la descarga remota de registros, pero tiene el inconveniente de precisar una necesaria actuación previa del objetivo intervenido”.
Es decir, el problema es que los espiados debíamos interactuar con el malware para que este pudiese operar en nuestros teléfonos y equipos informáticos.
Y ello es así porque, según evaluó el Ministerio del Interior, respecto del uso de previos sistemas de espionaje: “Aunque se han obtenido buenos resultados de la ejecución de muchas de las órdenes judiciales que amparan este procedimiento, algunos de los objetivos intervenidos no realizan la actuación necesaria y se hace imposible el acceso a sus registros. Normalmente se trata de los objetivos más preparados y peligrosos”.
Por lo tanto, y “con la finalidad de cubrir en su totalidad las necesidades impuestas por las actualizaciones normativas, la única solución completa encontrada desde el punto de vista técnico consiste en integrar en la plataforma SILC las nuevas capacidades avanzadas que permiten el registro remoto de equipos y dispositivos electrónicos sin intervención alguna del objetivo intervenido”.
Si oficialmente no tenían Pegasus, desde el 30 de noviembre de 2021, ya disponían de un sistema que podía hacer lo mismo o incluso más eficientemente, a partir del cual han estado controlando toda nuestra actividad personal y profesional, pero, además, se ha accedido a toda nuestra intimidad, porque el nuevo sistema permite, entre otras cosas, el acceso a casi todas las plataformas de comunicación como son Whatsapp, Telegram, etc. También se accede a la activación del micrófono de nuestros teléfonos para poder captar el sonido ambiente, es decir, aquellas conversaciones que mantenemos en persona.
Tanto o más eficiente que Pegasus porque, entre otras cosas, el sistema permite “crear agentes de software de monitorización remota” con lo que ya no es la NSO (empresa propietaria de Pegasus) quien genera los troyanos, sino la propia plataforma adquirida.
Toda democracia tiene el derecho, incluso diría que la obligación, de investigar delitos y determinar sus responsables, pero ninguna democracia se dedica a espiar a sus ciudadanos
En el fondo, el instrumento del que dispone el Ministerio del Interior, seguramente también el CNI, les ha permitido, sorteando cualquier autorización judicial para intervenir teléfonos, acceder íntegra e integralmente a nuestros dispositivos.
La ley permite la interceptación de las comunicaciones por parte de la Policía y la Guardia Civil, si se cuenta con la debida autorización judicial en caso de estarse investigando delitos; también por parte del CNI si se está investigando a personas que sean consideradas, por el propio CNI, como peligrosas para la seguridad nacional, tal cual ha sucedido en los últimos años con los independentistas catalanes y sus abogados.
Seguramente, mucha de la información obtenida a través de este tipo de espionaje nunca llegará a ningún procedimiento judicial, resulta complejo blanquear esas informaciones, pero nada impide que termine incluida en atestados o informes policiales de los cuales luego se hacen eco algunos medios de comunicación con el consiguiente daño reputacional para los afectados, nunca para quienes actúan de voceros de las cloacas de un estado que espía por encima de sus posibilidades.
Pero la ley no lo permite todo y una medida de estas características ha de estar debidamente justificada y resultar proporcional; los criterios de proporcionalidad necesarios para intervenir las conversaciones de los ciudadanos son menos rígidos que los establecidos para un acceso masivo a sus dispositivos, pero, por lo que vemos, esos controles de proporcionalidad y necesidad se pueden saltar a partir de contar con sistemas espías como el adquirido por el Ministerio del Interior en 2021.
La gravedad del uso de este tipo de malware es de tal intensidad que es ahora cuando veremos si esa frase del Informe del Comité PEGA del Parlamento Europeo —“España tiene un sistema judicial independiente con suficientes garantías”— se hace realidad o es simplemente producto de una “enmienda transaccional” —un eufemismo para referirse al conchaveo entre partidos políticos— entre los diversos grupos políticos de dicha cámara legislativa.
Tal vez nunca sabremos cuántos hemos sido víctimas del uso de este nuevo sistema espía adquirido por el Ministerio del Interior, pero a la vista del uso que demostradamente se ha hecho de Pegasus, bien podemos asumir que la cifra de afectados será muy alta y que, seguramente, nuestra intimidad debe estar, una vez más, en manos de cientos de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y/o agentes del CNI así como de aquellos que actúan de caja de resonancia de las cloacas del Estado.
Toda democracia tiene el derecho, incluso diría que la obligación, de investigar delitos y determinar sus responsables, pero ninguna democracia se dedica a espiar a sus ciudadanos. Espionaje político y democracia son términos incompatibles, o se hace lo uno o se disfruta de lo otro… Ahora ya sabemos que Pegasus no era único.