Cuando la tregua declarada por ETA tras el pacto de Lizarra entre el PNV, EA y IU-EB con Batasuna se vino abajo y cuando los emisarios de José María Aznar fracasaron en el intento de negociar con la organización terrorista el alto el fuego definitivo, el entonces presidente del Gobierno español promovió –o fabricó– una legislación ad hoc, la ley de Partidos para dejar fuera de la ley al brazo político de los etarras. Los 800 muertos provocados por ETA y, sobre todo, el contexto internacional, la guerra global contra el yihadismo, facilitaron la maniobra al líder del PP. Era a finales del siglo pasado, parece que sea la prehistoria, pero las sombras de aquel proceso se han vuelto a pasear este martes por el inquieto escenario político español. Salvando todas las distancias. Precisamente.

Es cierto que Convergència –que ya sólo existe a efectos jurídicos y ha sido sustituida por el Partit Demòcrata Català– no ha sido aún amenazada de ilegalización, como sucedió en el 2003 por sentencia del Tribunal Supremo con la antigua HB y las organizaciones del reconocido por Aznar "Movimiento de Liberación Nacional Vasco". Por ahora, el ministerio del Interior sólo se niega a validar en el registro la inscripción del PDC. Pero el efecto inmediato del veto del PP al grupo parlamentario de los independentistas catalanes en las dos cámaras españolas, forzado por el ciudadano Rivera con la aquiescencia del PSOE y los confluyentes, incluidos los comunes catalanes, es el mismo: la asfixia financiera del independentismo. En este caso se trata de independentismo de "derechas" –que diría Pedro Sánchez– y catalán y, sobre todo, democrático. Como de sobras ha podido acreditar la democracia española desde 1977. 

Con el paso al grupo mixto, los de Francesc Homs perderán subvenciones en el Senado por valor de 1,5 millones de euros (si la legislatura durase cuatro años), a los que se añaden más de 2 millones en el Congreso y 1,5 millones por el envío de papeletas electorales. Se trata de un golpe en toda regla (aunque por la puerta de atrás) a la financiación del recién nacido PDC, como lo supuso en su día para las organizaciones del entorno de ETA la ilegalización de sus grupos parlamentarios en el Parlamento vasco. Por cierto que la negativa del entonces presidente de la Cámara de Vitoria, Juan María Atutxa –hay que recordarlo, objetivo de ETA durante muchos años– a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak le costó la inhabilitación para cargo público y una multa. La misma amenaza que pende ahora sobre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber permitido que se votasen las conclusiones de la comisión de estudio sobre el procés constituent.

El ciudadano Rivera amenazó a Rajoy con negarle la abstención o el sí a su (por ahora imposible) investidura si, tras los votos inconfesos de CDC a los vicepresidentes del PP de la mesa del Congreso accedía a que formasen grupo parlamentario propio en la Cámara. El aviso fue suficiente para que la Mesa del Congreso, presidida por la amiga (del presidente) Ana Pastor congelase la decisión, insinuada algunas horas antes por otros dirigentes populares como Fernández Maillo o Andrea Levy. Por si las moscas, C’s aportó el argumento definitivo: "si quieren dinero, que vayan a Suiza y se lo pidan a Bárcenas o a los Pujol", rugió Rivera. ¿Cómo iba a permitir el PP “regalar” 3 millones de euros a un grupo que está promoviendo la independencia de Catalunya?, ratificó Villegas, vicesecretario general de los naranjas, a la vez que reclamaba al Constitucional que actuase contra Forcadell. 

El PP y el "unionismo" han intentado aplicar a CDC, ERC y el soberanismo catalán el manual de combate, en versión suave, que Aznar aplicó a ETA y su mundo cuando se cansó de negociar con ellos 

Desde que el portazo de Rajoy al pacto fiscal propuesto por Artur Mas y el empresariado catalán en el 2012 disparó el independentismo catalán en la calle y en las urnas, son muchos los que, desde el gobierno del PP y el llamado “unionismo” han intentado aplicar a CDC, a ERC y a las organizaciones civiles del soberanismo aquel manual de combate, en versión suave, que Aznar aplicó a ETA y su mundo cuando se cansó de negociar con ellos.

Ahí está la Operación Catalunya y la “policia patriótica” de Jorge Fernández, o las medidas judiciales contra los líderes del procés, incluído el expresident Artur Mas, por no haber impedido que las calles se llenaran de urnas de cartón el 9-N, o por haber puesto ahora a votación las conclusiones de una comisión parlamentaria de estudio. Ahí están los burdos intentos de arrebatar las calles a los soberanistas con plataformas de laboratorio tipo Sociedad Civil Catalana, cuyo presidente dimitió tras conocerse sus veleidades ultras, en un patético remedo de lo que significaron movimientos como Basta Ya o las organizaciones de víctimas del terrorismo, lo que constituye cuanto menos un insulto a las víctimas y a los en su día amenazados por ETA. Ahí están los discursos servidos por historiadores, filósofos, tertulianos y periodistas a sueldo de la falsa victimización ante el independentismo, que comparan el movimiento soberanista catalán, cívico, democrático e inclusivo, con el nazismo puro y duro, como también se hizo en el País Vasco y no sólo con ETA. El resultado es que Rajoy trata a CDC/PDC como Aznar trató a Batasuna, o empieza a hacerlo. El viejo manual de combate. Salvando todas las distancias. Precisamente.

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