Esta última semana han vuelto las manifestaciones por los servicios públicos en Catalunya y la de las batas blancas ha llegado hasta las puertas del Parlament. Mientras en el hemiciclo el debate sobre los presupuestos se convertía en un baile de bastones y el gobierno del president Aragonès recibía todos los bastonazos del PSC, desde Metges de Catalunya advertían: "Si no se actúa, si no hay más inversión, si no se trata mejor a los profesionales, será la muerte de la sanidad pública".

Cada día que ha ido pasando desde el anuncio de la convocatoria de huelga en el mes de noviembre de 2022, se ha hecho más evidente que las demandas de la sanidad pública sobrepasan de mucho su ámbito para convertirse en defensa de toda la sociedad. Si se hubiera querido, tanto el Govern como los responsables de la Conselleria de Salut habrían tenido tiempo de sobras para escuchar. Y también para actuar. Las advertencias venían de lejos, pero en enero de 2021, después de pasar lo peor de la pandemia, Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya, habló de la angustia de estar en la primera línea de la lucha contra la covid —muchas veces sin la protección adecuada— y de lo duro y deprimente que era ver que continuaba la falta de recursos que habían denunciado reiteradamente los últimos años. En una sanidad debilitada, los efectos de la pandemia eran especialmente devastadores para la población más frágil y para el personal sanitario. El sobreesfuerzo se añadía al maltrato de todos los servicios públicos, a la falta de profesionales por jubilaciones no cubiertas o con contratos temporales y en precario. Los famosos recortes que según Marina Geli o Boi Ruiz no tenían que tener ningún impacto en la población.

Si los responsables políticos siguen mirando hacia otro lado y danzando (y recibiendo) su baile de bastones dando preferencia al Cuarto Cinturón o a un nuevo casino, el conflicto estará servido y los servicios públicos más tocados de muerte que nunca

Sin una voluntad consciente y una prioridad muy marcada desde la política por la sanidad pública, será imposible reponerse de tanta avaricia e incompetencia destructora. Solo tertulianos tóxicos pueden querer hacer creer que en el sector sanitario, o en los servicios públicos en general, se cobran salarios más que dignos y, aun así, con las convocatorias de huelga, se quiera pasar factura. En cambio, no es momento (de hecho, ni ahora ni nunca) de que la respuesta de la política sea una mayor precarización de las condiciones laborales, imposición de condicionantes y modificación de horarios y turnos de forma unilateral, o zafarse de las responsabilidades y corruptelas. O llevar un sector digno a la indignidad con la protocolización, en muchos casos, de una modalidad de asistencia virtual (telefónica o telemática) que va mucho más allá de los momentos más críticos de la pandemia. El recurso "on-line" no solamente cuestiona principios deontológicos, sino que mina la confianza en el sistema y perjudica la relación médico-paciente. Dejen que me tome una licencia y haga aquello que no se tendría que hacer nunca: explicar una página vivida. Después de una visita telefónica de mi cardióloga, que me preguntó repentinamente cómo me late el corazón (sic), pedí a la enfermera de mi CAP que me auscultara los pulmones porque ya preveía las preguntas de la próxima visita con neumología. Visita telefónica, sobra decirlo. Y cuando se produce la llamada, la escena se contamina con la comicidad del juego Simón dice... con el especialista tomando nota de los ronquidos, estertores o sibilancias que ha oído la enfermera. Un absurdo que se repetirá en el seguimiento de muchas enfermedades crónicas. Esta es la deriva absurda de una situación previa de recortes y maltrato laboral que desencadenó una desincentivación profesional de los que huyen de la atención directa (de pacientes cada vez más impacientes) y buscan refugio en tareas burocráticas. Esta deserción hace bulto con el éxodo de profesionales hacia mejores condiciones laborales a pocos kilómetros del Reino, mientras aquí se consolida el imperio de la mercantilización de la salud y la privatización de la sanidad.

Los expertos en salud ya coincidían en 2021 en que había que incrementar el presupuesto para la sanidad de 9.000 millones a 14.000 o 15.000 millones de euros anuales. Pero si los responsables políticos siguen mirando hacia otro lado y danzando (y recibiendo) su baile de bastones dando preferencia al Cuarto Cinturón o a un nuevo casino en Vila-seca-Salou, el conflicto estará servido y los servicios públicos más tocados de muerte que nunca. Y lo que es más triste, no habremos aprendido nada ni de los impactos sucesivos que han tenido las crisis sobre la salud, ni de esta última tragedia que ha sacudido nuestras vidas y se ha llevado a muchos seres queridos.

Como decía el Dr. Lleonart, de Metges de Catalunya, la decadencia de la sanidad pública catalana, que había sido hasta no hace mucho una de las mejores del mundo, llegará en breve, si no es que ya ha empezado.