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Como cualquier catalán sensato y normal, presto escasa atención a los comicios de los enemigos. Pero hace pocos días, brandiendo de forma compulsiva el mando, me topé con el debate electoral sobre economía de La Secta y me entretuve un rato con la trifulca entre los machos Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio). No recomendaré a los lectores que se traguen esta mandanga insufrible que, por otro lado, el ministro Cuerpo ganó con facilidad, por el simple hecho de que se trataba del único economista en sentido estricto del plató. Sí que les pediré que se fijen en uno de los fragmentos más interesantes del intercambio en el que Cuerpo, con ese descaro tan propio de los políticos escasamente profesionalizados, confesaba sin tapujos el plan de los socialistas para fomentar la vivienda, el cual, supongo, es ampliamente compartido por sus socios.

Respondiendo a las críticas de la derecha, Cuerpo confesó que la construcción masiva de nuevas viviendas respondía en parte a la regularización de recién llegados (el ministro se vanaglorió de ochenta mil afiliaciones a la Seguridad Social desde el pasado junio, certificando que la izquierda, al igual que los esclavistas, no tiene ningún problema en asimilar la inmigración a la mano de obra barata), recordando también que el actual Gobierno ha destinado 23.000 millones de la banca pública ICO a ayudar a los promotores con el objetivo de construir pisos de alquiler a precio asequible. Dicho de una forma más comprensible, Cuerpo no tuvo ningún inconveniente en asumir que la administración está a punto de fomentar una nueva burbuja inmobiliaria, la cual (a diferencia de la anterior, acaecida entre los ochenta del siglo pasado y la primera década del presente) estaría directamente impulsada por el Estado y, por lo tanto, sufragada con impuestos del común. Dicho aún de forma más breve, para hacer más casas, habrá que becar a los constructores.

La brillante idea de la izquierda para hacer que todo el mundo se asegure un hogar consiste en que el Estado acabe premiando de nuevo la economía del ladrillo y, vuelvo a repetirlo, con el descaro de poner el dinero de la ciudadanía en el centro del negocio

Poco importa que, actualmente, España tenga el honor de ser una guarida con 3,8 millones de pisos vacíos (conformando el 14,4% del parque inmobiliario del país) o el hecho de que, oso insistir, aquí ya se hayan vivido los efectos de construir frenéticamente antes de estudiar la viabilidad de ciertas aventuras. Todo esto le da igual, porque la brillante idea de la izquierda para hacer que todo el mundo se asegure un hogar resulta ser que el Estado acabe premiando de nuevo la economía del ladrillo y, vuelvo a repetirlo, con el descaro de poner el dinero de la ciudadanía en el centro del negocio. Esto de los socialistas tiene mucha guasa, porque diría que ni el mismo dictador Franco se atrevió a promover un tipo de política tan fascista-venezolana, con el agravante de ir regalando créditos por el mundo mientras todavía vives en uno de los países más endeudados del planeta. Pero ya sabemos que, a la hora de profanar la precariedad de los ciudadanos, cualquier idea de bombero es buena, por mucho que nos vuelva a hipotecar o a poblar las ciudades de horripilantes cubículos.

Si hubiera algún político lo suficientemente valiente en la sala (es decir, un ser que tuviera la gracia de decir a los ciudadanos precisamente lo que no quieren oír), afirmaría que lo más sensato que uno puede hacer en España a estas alturas es prometer que no se debe construir ni un solo piso más, lo cual es una forma alternativa de decir a la gente una idea tan sencilla como "no os volveremos a robar" o, en cuanto al asunto de los recién llegados, "prometo que no trataré a los inmigrantes como si fueran carne humana, porque ahora me he dado cuenta de que eso es de puto racista". Pero, como os podéis imaginar, la situación es tan grave que no existe ningún responsable público lo suficientemente gallardo para confesar el robo sistemático (cuando escribo sistemático lo digo en el sentido más literal, pues aquí la norma es hurtarnos los impuestos sin ningún tipo de accountability, que diría la gente viajada). Ya tiene gracia que este latrocinio, ¡ay!, se haga en nombre del progresismo...

Por si me lee alguno de los electores motivados de este 29N, este artículo no querría sugerir a nadie que vote a la derecha española, porque si unos roban a los ciudadanos, los otros promueven una filosofía de vida espantosamente castiza y beata (las dos concuerdan eso sí, se piense lo que se piense, en la idéntica prisa por acabar con nuestra tribu). A mí, como decía al inicio, estos comicios de los españoles no me importan mucho pero, al menos, querría advertir a las almas más cándidas de que esta izquierda es igual de fascistoide que los cayetanos de Madrit, aunque parezca más documentada. Si quieren más pisitos, ministro, se los pagan ustedes y los meten lejos de nuestra tierra, que ya la ensuciaron bastante. Ladrones.