En estas fechas se juega más que en el resto del año. La confluencia de sorteos tan populares como la Lotería de Navidad, la del Niño y la Grossa hace que se disparen las cantidades que se gastan en juegos de azar, con su punto álgido en el sorteo que se celebró ayer en Madrid. Aquí se jugaron unos 400 millones de euros, que corresponde a poco más de 50 € por habitante, una cifra de las más bajas de todo el Estado, donde la media está en unos 72 € por persona, con tres comunidades (Castilla y León, La Rioja y Asturias) que sobrepasan los 100.

Exceptuando el gancho histórico del Gordo —que atrae a mucha gente que el resto del año no se gasta ni un céntimo—, diría que el juego, en general, es cosa de minorías en la sociedad catalana y, probablemente, en todas partes. Esto de poner dinero (también se podría hablar de invertir en mucho riesgo) con unos retornos que no dependen del esfuerzo ni de la habilidad de las personas, sino del azar, no parece muy buen negocio. El retorno del Gordo en Catalunya parece que ha sido de 60 millones de euros en premios mayores, de manera que ustedes mismos hagan el cálculo del rendimiento de los 400. Dicho lo cual, quiero dejar claro mis respetos y mi comprensión por aquellos que juegan puntualmente a la espera de que caiga su número de la suerte.

Para hacernos una idea del alcance del juego en Catalunya, sirva de referencia la recaudación que tiene la Generalitat por este concepto. El juego legal se entiende, claro está, del bingo, de los casinos, de las máquinas recreativas y de azar, de rifas, etc. Estos juegos están regulados y sujetos a impuestos según un sistema que depende de los ingresos brutos (la diferencia entre el dinero jugado y el dinero repartido), los cuales se gravan con varios tipos (del 20 al 55%) en función de tramos, con el criterio de cuanto más alta la ganancia, mayor el tipo. La recaudación en su mejor año sumó 252 millones de euros, una cifra respetable en el contexto de los ingresos propios de la Generalitat. Después de la caída por la pandemia, el ingreso se está recuperando (221 millones en 2022, y este año parece que será superior).

En este contexto, déjenme hacer un salto a la política, porque esta dimensión de nuestra sociedad ha puesto sobre la mesa, otra vez (y no sé cuántas llevamos), el famoso Hard Rock. Se trata de un macrocomplejo previsto al lado de Port Aventura, dedicado al juego, con casinos, algún millar de máquinas tragaperras, macrohoteles, macroauditorios, macropiscinas, macrocentros comerciales y un largo etcétera, a la manera de un Las Vegas o un Macao, por citar dos ejemplos conocidos internacionalmente. El proyecto forma parte del denominado PRT (Parc Recreatiu i Turístic) de Vila-seca - Salou.

El país no tiene suficiente mano de obra interesada en profundizar en el sector turístico. Ni probablemente le conviene

Nos encontramos con que, como en tantas otras cosas en la vida, en el mundo de los negocios y en el mundo de las personas, la política hace extraños compañeros de viaje y provoca no pocas incongruencias con los idearios, como consecuencia de la necesidad. Pues el proyecto Hard Rock Cafe vuelve a despuntar como consecuencia de la negociación en curso de los presupuestos de la Generalitat de 2024, una especie de reedición de lo que ya sucedió con los presupuestos de 2023. Recordemos que, en esa ocasión, un partido de izquierdas, al frente del gobierno de la Generalitat, pactó los presupuestos a cambio de sacar adelante tres proyectos polémicos y contra natura para el partido en el Govern, uno de los cuales era facilitar el Hard Rock Cafe.

Un mínimo inventario de lo que el mundo de los casinos aporta a la sociedad —aparte de los ingresos en concepto de impuestos— pone de relieve que, a nivel personal, los riesgos que lleva asociados son la adicción (ludopatía), problemas financieros (incluida la ruina, la no cobertura de necesidades básicas), problemas de salud mental (depresión, ansiedad), entre otros. En el ámbito social, son lo bastante conocidas las consecuencias con la seguridad y la ética.

Que el proyecto se promueva en Vila-seca - Salou, con el argumento de reforzar la plaza turística, es legítimo por parte de los grupos de interés turístico y del juego, pero no socialmente y con perspectiva de los gobiernos, que deberían velar por el bien común. El país no tiene suficiente mano de obra interesada en profundizar en el sector turístico. Ni probablemente le conviene. Un sector, por cierto, que en Salou deja como rastro un aumento espectacular de la población (ya se roza la cifra de 30.000 habitantes, 10.000 de los cuales extranjeros), pero un nivel de renta familiar disponible establemente inferior, entre un 28% y un 30%, a la del conjunto de Catalunya.

Se entendería que un proyecto lleno de sombras como este lo propusieran e insistieran hasta conseguirlo partidos de derechas, siempre más proclives a satisfacer inquietudes privadas, bajo argumentos como los tópicos de la creación de puestos de trabajo y de riqueza. Ahora —como en este caso—, que sea un partido de izquierdas quien ponga un proyecto como el Hard Rock como condición de negociación política, se hace difícil de entender. Y que otro partido de izquierdas acepte el trato, más bien parece una muestra fehaciente de tener el mundo al revés. Lo que correspondería sería que estos partidos exigieran o hicieran previamente un análisis serio, técnico y en profundidad de los costes y beneficios de un proyecto como este.

Todavía se está a tiempo, y si se demuestra su conveniencia, quizás seré su primer defensor. Pero no antes. ¿O es que hay algo que no sabemos a cambio?