"La ley es el lecho por donde pasa el torrente de los hechos."
Émile Boutroux

La vicepresidenta de un país de la UE acaba de decir ante micrófonos y cámaras que su gobierno va a reformar la ley penal para favorecer la entrega de Puigdemont a la justicia española. Lo que tiene no ser jurista y leerte sin red las indicaciones matutinas de los asesores de argumentos. Es una brutalidad. Es una frase que parece dictada por la defensa del propio expresident. Le ha colocado la bola para saque. Se la ha dejado botando. ¡La vicepresidenta de un gobierno afirmando, sin que le tiemblen las piernas, que en su país se cambian las leyes penales para perseguir a una persona concreta! Fíjense, no ya para salvar a personas concretas, sino para perseguirlas. Muy fuerte.

No me extraña que Puigdemont haya dicho que no le interesa la reforma de la sedición porque lo que sí le va a interesar es el resultado de este estrambótico juego de intentar convencer a la vez a unos —los de ERC— y a otros —los del frente patriótico— de que la acción del gobierno beneficia sus intereses. Eso es lo que intentaba con su alocada declaración Nadia Calviño. Una frasecita que, no lo duden, acabará en manos de las instancias europeas.

Imagínense que son ustedes un apacible juez belga, con su babero y su tiempo de perros; o un juez centroeuropeo o uno que tenga sede en la fría Estrasburgo, y que tienen sobre su mesa el siguiente galimatías jurídico: unos únicos hechos, invariables en la historia, que en 2017 eran perseguidos como un delito contra el orden constitucional español (rebelión); pero que al año siguiente, en 2018, se transformaron en un requerimiento ambiguo por un delito contra el orden constitucional español (rebelión) o contra el orden público (sedición) y que desde julio de ese año y hasta octubre del siguiente produjeron condenas por delito contra el orden público aunque en 2021 se produjo un indulto, alegando extensamente la utilidad pública de esa decisión. Al tiovivo se une ahora un Gobierno que dice ahora que van a legislar para que le entreguen a unas personas concretas, por esos únicos e inmutables hechos. Ese ha sido el proceso seguido por las OEDE emitidas por España. Los hechos, unos únicos e inmutables hechos, han visto girar un carrusel de delitos en España cambiables, alterables, modificables y permutables.

El problema no son los tipos delictivos ni su redacción, sino el hecho cierto de haber llevado una ficción penal hasta una sentencia y, después, haber encarcelado a políticos en un país democrático por ello

La cuestión real no es si hay que reformar así o asá este tipo delictivo u otro, la realidad es que los hechos que tuvimos ante los ojos en Catalunya en 2017 no encajaban con ninguno del Código Penal y que el forzamiento emprendido por el fiscal general Maza, aplaudido por la derecha e impulsado por el PP en el Gobierno, sólo aboca a un laberinto del que, según vemos, cada paso para hallar la salida sólo lía y enreda el hilo de Ariadna, hasta que Teseo se acabe estrangulando con él.

El problema básico al que hacemos frente es el de los hechos. Los hechos que se produjeron que no encajaban en los tipos. Los hechos que pudimos percibir con nuestros sentidos. ¡Y vaya si los percibimos! Nunca en mi vida había pasado tantas horas seguidas en un plató para un seguimiento en directo que en aquellas jornadas. El problema, insisto, es que tras la aplicación del 155, algunos creyeron que era buena idea además castigar y escarmentar penalmente algo que sucedió en los despachos pero que como no estaba tipificado —es decir, no era delito— les forzó a castigar lo que pasó en la calle. Lo que Europa ha dicho hasta ahora es que, por lo que pasó en la calle, un entorno democrático no impone esas penas tan elevadas.

El problema no son los tipos delictivos ni su redacción, sino el hecho cierto de haber llevado una ficción penal hasta una sentencia y, después, haber encarcelado a políticos en un país democrático por ello. Arreglar eso no es fácil y caben muchas dudas sobre que esta reforma aporte realmente algo más que soluciones personales y una gran refriega política que da cartuchos a la derecha más casposa.

La reforma del tipo penal de la sedición —que había sido reclamada en múltiples ocasiones por técnicos y especialistas del derecho, desde postulados teóricos— ha tenido en este caso, según mis fuentes, una génesis alejada de los círculos académicos y técnico-jurídicos habituales y ha sido más próxima a abogados catalanes que han trabajado muy de cerca con los equipos del palacete de la carretera de La Coruña. A lo mejor por eso, como me susurran algunos, esta podría ser perfectamente la reforma Rovira, porque ella es, de lejos, la persona a la que más beneficia. No obstante, el beneficio que recibe el expresident Puigdemont tampoco es manco, pero no por la reforma del tipo sino por lo que les he expuesto antes: ¿cómo va el Reino de España a justificar en las instancias europeas que no se trata de una persecución penal a la carta contra políticos concretos? Tras las torpezas de Llarena llega Calviño para rematar por si había alguna duda: ¡Señorías, que lo hacemos para que nos den a ese señor!

Los políticos no están contentos con lograr lo que les parece adecuado en pactos sino que en los tiempos que corren tienen que venderlo sin quedarse vendidos. Así que el MHP Aragonès ya ha envuelto la reforma como suya y ha envidado con malversación y el Gobierno trata de sufrir los menos daños posibles, matizando y templando gaitas, a veces con tanta torpeza como la exhibida por Nadia. El órdago malversación no va a salir bien. Esperemos a leer el texto de la enmienda de los republicanos catalanes pero el PSOE y los socios que han apoyado la reforma de la sedición —Compromís, Comuns, los vascos— tienen muy difícil alterar un tipo penal que abriría puertas a la corrupción y que, incluso, podría beneficiar a corruptos ya condenados por la revisión de las sentencias. Eso no se lo va a comprar nadie en la izquierda y con razón. El soporte parlamentario se forjó, precisamente, en la moción de censura contra el corrupto Partido Popular. Ver cómo una señora magistrada como Margarita Robles —que nunca fue penalista— hace equilibrios con el encaje, no sé si moral, de que están los que trincan y los que no trincan para ellos no va a colar entre sus propios adeptos.

La ley sólo es el lecho, los hechos un torrente que lo recorre. Algunos quieren saltar ese río, pero no cuentan con la fuerza de las aguas, que son los hechos. Son los hechos los que son inamovibles. Pregúntenle al juez del babero que es el que, al final, tendrá que contestar.