Parece que se confirma en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la tesis jurisdiccional ya asumida en España por un Juzgado de Instrucción y la Audiencia Provincial de Barcelona, que resolvió la apelación: desestimar los recursos presentados por diversas personas lesionadas durante las cargas policiales del 1 de octubre de 2017, por entender, en general, que no hubo una orden específica de actuar con mayor contundencia de la que exigía la situación. Quedan, por supuesto, al margen eventuales investigaciones por decisiones de los mandos intermedios o de los propios agentes en cada una de las mesas electorales que se mantuvieron aquel día a pesar de la prohibición expresa del Gobierno, a su vez refrendada por el Tribunal Constitucional. Pero esas cuestiones concretas tienen una relevancia política tendente a cero, mientras que el hecho de que en Estrasburgo se asuma la misma tesis que la Fiscalía y los jueces españoles sí la tiene.

Las imágenes de ancianas arrastradas por la policía para su desalojo contra su voluntad no ayudan a evaluar lo sucedido aquellos días sin emociones que siempre serán contrapuestas: que si eso no se hace a nuestras abuelas; que si no son abuelas sino activistas de la ANC que se dejan la sangre en la cara para llamar la atención; que si no hacían allí nada malo, porque votar no es delito; que si se lo buscaron ellas; que si fue la tónica general; que si fueron cuatro casos aislados; que si fue peor de lo que se vio, o mucho mejor; que si los manifestantes provocaron a la policía… Sea como sea, sucedió lo mismo que en cualquier otra manifestación, es decir, enfrentamiento entre quienes tienen la obligación de hacer que la ley se cumpla por la fuerza, y quienes están dispuestos a arrastrar las consecuencias de no obedecer. Que en medio hubiera urnas y que quienes las pusieron crean que retirarlas es un símbolo antidemocrático nada tiene que ver con el propio enfrentamiento, incluso si las urnas y su uso hubieran estado permitidas.

Que la policía pega (de hecho, es la única parte del Estado que puede pegar), es una obviedad que debemos recordar para evitar pensar que cada lesión o muerte que provoquen es automáticamente un delito. Eso no significa que la policía pueda ejercer la fuerza de forma desproporcionada o arbitraria, las dos únicas razones por las que se puede instruir una causa contra los agentes concretos y/o contra los mandos de los que reciben las órdenes de actuar así. Pero lo que determina la salud democrática de un país es tanto ese control de la policía y de su actuación, como el hecho de que la comunidad sancione a quienes son capaces de agredir a la policía. Porque la policía (central, autonómica, incluso local) pega cuando es necesario, sí, pero a la policía no se le pega en ningún caso. Ese es el pacto, esas son las reglas, y cualquier alteración de las mismas debe tener consecuencias.

Era difícil que el TEDH resolviera contra la policía en las cargas policiales del 1 de octubre. Poco después de aquellas fechas se vivieron momentos espeluznantes en las calles de París, con enfrentamientos entre policía y manifestantes que se saldaron con varias muertes. Nuestros heridos son más cercanos, pero no más importantes, ni más graves que los suyos. Ciertamente este es un país en que se produce un escándalo cada vez que la policía tiene que hacer algo más que indicar una calle o poner una multa, pero el espacio público se está volviendo en extremo complicado de gestionar, gracias, entre otras cosas, a gobernantes que se avergüenzan de sus cuerpos policiales y a la sensación creciente de impunidad de quienes les votan.