Este martes se celebran elecciones legislativas en Estados Unidos, los comicios de mitad de mandato (midterms), y si esta vez las encuestas no fallan, el Partido Demócrata recuperará el control del Congreso y del Senado, lo suficiente para frenar las iniciativas presidenciales que no puedan imponerse por decreto y algo mucho más trascendente.
Todo hace prever para los próximos dos años una polarización política de consecuencias imprevisibles, teniendo en cuenta lo que es capaz de hacer el actual 47.º presidente de Estados Unidos cuando pierde unas elecciones. De hecho, ya se está preparando el terreno, como hizo en 2020, denunciando posibles fraudes y poniendo en duda la limpieza de los comicios y del escrutinio.
Trump ha utilizado su poder institucional para adoptar medidas arbitrarias y enriquecerse de forma multimillonaria. Hay indicios suficientes para someterlo a una investigación. De hecho, congresistas demócratas ya han presentado en la Cámara de Representantes proyectos de resolución solicitando un juicio político (impeachment) contra el presidente, acusándolo de diversos delitos, entre ellos obstrucción a la justicia, abuso de los poderes comerciales, agresión internacional, soborno, corrupción y tiranía. Quizá por eso, el pasado 6 de enero, aniversario del asalto al Congreso que él mismo instigó, Trump hizo un llamamiento a sus partidarios: «Si no ganamos las elecciones de mitad de mandato… encontrarán una razón para destituirme. Me destituirán».
Para destituir a Trump es necesario que la propuesta de la Cámara de Representantes sea ratificada por dos tercios del Senado, una mayoría ahora mismo inalcanzable para los demócratas. Pero el simple debate en cada una de las cámaras contra Trump o contra los miembros de su Gobierno convertiría la política en una auténtica batalla campal dentro y fuera de las instituciones, con inevitables repercusiones en el resto del mundo. La Reserva Federal ha aplazado la subida del precio del dinero hasta después de los comicios, a pesar de la inflación desbocada. Esta semana se han registrado caídas considerables en las bolsas y el resultado de las midterms podría acentuar la tendencia.
Las encuestas pronostican la derrota de Donald Trump en las midterms del martes que hace temer un nuevo terremoto en la primera potencia con inevitables repercusiones planetarias
Aunque cada candidato se disputa su distrito lejos de la Casa Blanca, las elecciones de mitad de mandato suelen interpretarse como un referéndum sobre el grado de aprobación o desaprobación del presidente e incluso como el inicio de un cambio político de cara a los dos años siguientes, más aún cuando el presidente es un pato cojo que no puede aspirar a la reelección, como es el caso.
Lo más curioso es que el éxito de los demócratas no será fruto de sus propios méritos, sino de los méritos que ha acumulado Donald Trump a la hora de movilizar en su contra a sus adversarios y a tanta gente a la que la inflación y, especialmente, el precio de los combustibles le han hecho la vida cotidiana más difícil todavía. Sin embargo, pensar que gracias al éxito de este martes los ciudadanos estadounidenses elegirán a un presidente demócrata en 2028 es de un optimismo exagerado. El Partido Demócrata, al igual que la socialdemocracia europea, sufre una crisis de identidad, carece de un proyecto compartido, no tiene un liderazgo de referencia nacional y sus divisiones internas se acercan ya a la categoría de cisma o escisión.
El problema no es nuevo. Viene arrastrándose desde que el aparato del partido impuso la candidatura de Hillary Clinton en 2016, haciendo trampas para impedir que Bernie Sanders, referente de la izquierda, fuera elegido candidato. Clinton perdió frente a Trump por muchos motivos, pero sobre todo porque representaba más al establishment que el propio Trump. Clinton no representaba ningún cambio. Desde entonces, la insatisfacción de las bases demócratas se ha ido expresando en unas elecciones primarias en las que los candidatos del establishment, bien asentados en sus posiciones, han sido derrotados por una nueva generación de militantes de base mucho más exigentes. El primer síntoma más visible se produjo ya en 2018, cuando Alexandria Ocasio-Cortez, una joven activista del Bronx, se impuso contra todo pronóstico a Joe Crowley, un congresista que llevaba veinte años en la Cámara de Representantes y presidía el grupo parlamentario demócrata. Le sacó trece puntos de diferencia. Sus principales argumentos fueron una sanidad pública gratuita para todos, salarios dignos y universidad gratuita, pero, sobre todo, la denuncia de la financiación privada de la política. Acusó a Joe Crowley, no sin razón, de ser un representante del establishment demócrata, demasiado dependiente de los intereses empresariales y de los grandes donantes.
Ocasio-Cortez creó escuela y dio un nuevo impulso a los Socialistas Demócratas de América (DSA), una organización de izquierdas fundada en 1982, pero que ha adquirido una mayor notoriedad durante la última década. Otro ejemplo paradigmático del comportamiento de las bases demócratas es Zohran Mamdani, elegido este año alcalde de Nueva York. Nacido en Uganda y de religión musulmana, ganó las primarias frente a un histórico como el exgobernador Andrew Cuomo, en la ciudad que sufrió el atentado islamista contra las Torres Gemelas.
El AVE es caro de construir, aquí estaba el gran negocio, pero carísimo de mantener y el mantenimiento requiere, además de mucho dinero, un elevado grado de competencia que no han demostrado sus responsables gubernamentales, ni los de ahora, ni tampoco los de antes. Sin embargo, parece que importa más el impacto electoral de la setentena de muertos
Todo ello ha desencadenado una auténtica lucha de clases dentro del Partido Demócrata, porque la dirección sigue concentrando los recursos, no solo los financieros, sino también los mediáticos e institucionales, en los candidatos del establishment, que siguen siendo mayoría. Hasta el punto de que el DSA debate si resulta más eficaz intentar transformar el Partido Demócrata desde dentro o construir una alternativa política independiente.
El principal argumento del establishment demócrata es que los candidatos progresistas, calificados de radicales, asustan al electorado moderado y acaban haciendo el juego a los republicanos. No siempre, pero a veces sí. Un caso paradigmático se ha vivido en el estado de Oregón y en la ciudad de Portland. La influencia de los sectores más radicales impuso políticas que reducían drásticamente el presupuesto de la policía y los protocolos de intervención, pero al mismo tiempo también despenalizaron la posesión de pequeñas cantidades de drogas para consumo personal, incluidas la heroína, la cocaína e incluso el fentanilo, planteando la drogadicción como un problema de salud de las personas antes que como un problema de seguridad para el conjunto de la sociedad.
El resultado fue desastroso. Los drogadictos deambulaban como zombis por el centro de la ciudad. Conozco casos de familias que no eran precisamente republicanas y que prefirieron emigrar a otros estados. Inevitablemente, los propios demócratas tuvieron que rectificar.
Todo ello da una idea de un país hasta cierto punto desestructurado. Trump ha perdido el apoyo de una parte de los republicanos, pero la alternativa es un Partido Demócrata más dividido que nunca y sin rumbo. Lamentablemente, el desbarajuste de la primera potencia mundial acaba afectándonos a todos.
Un añadido inexcusable sobre la tragedia ferroviaria española.
La añoranza de los tiempos de Washington D. C. me llevaba a escribir sobre el preocupante contexto de las midterms, pero resulta difícil sustraerse a una tragedia de semejante gravedad como el choque de trenes en la provincia de Toledo. El problema es que no he encontrado otros argumentos que los expuestos el pasado mes de enero a raíz del anterior accidente, así que solo puedo repetirme. Tenía sentido una nueva línea ferroviaria con ancho de vía europeo para circular hacia Europa, y no una red concebida para conectar toda España con Madrid. Pero el proyecto del AVE se planteó como una iniciativa político-ideológica, al servicio del centralismo estatal-madrileño, para justificar un macro negocio plagado de comisiones y corrupción. España tiene más kilómetros de líneas de alta velocidad por habitante que cualquier otro país del mundo, pero ocupa el último lugar en número de pasajeros. El AVE es caro de construir —ahí estaba el gran negocio—, pero carísimo de mantener. Y su mantenimiento requiere, además de mucho dinero, un elevado grado de competencia que no han demostrado sus responsables gubernamentales, ni los de ahora ni tampoco los de antes. Sin embargo, parece que importa más el impacto electoral de los setenta fallecidos.