Si os menciono los nombres de Rubén Ranz y de José Manuel Nogales, seguramente la mayoría de vosotros no sabréis de quién os hablo. No lo sabréis porque el silencio que pesa sobre determinados temas es aberrante. Estas dos personas el próximo 21 de junio se enfrentarán a un juicio por participar en un piquete sindical durante la huelga general de marzo del 2012, y la fiscalía les pide siete años de prisión.

El derecho a huelga está reconocido en la Constitución Española en el artículo 28.2, y su desarrollo a través del Código Penal es una anomalía legal. El Partido Popular ha decidido activar el artículo 315.3 de este Código para imputar un delito de coacciones al derecho a huelga, y este hecho ha llevado a más de trescientos sindicalistas a ser juzgados. Que conste que por los gobiernos españoles han pasado diferentes partidos políticos y nunca ningún gobierno ha osado poner en orden el derecho a huelga, darle corpus jurídico y, sobre todo, garantizarlo. Y nunca nadie ha derogado el famoso artículo 315.3.

Muchos de vosotros seguramente pensaréis que si se los juzga, es porque alguna cosa han hecho. La rumorología es uno de los elementos básicos de este plan deliberado de acabar con el derecho a huelga. Pero una sociedad moderna tiene que reequilibrar los poderes. ¿Qué pueden hacer trabajadores y trabajadoras que cobran cuatrocientos euros con contratos de un día, o por horas, ante un empresario? ¿Son libres de hacer huelga? La respuesta es no. Y es aquí donde los piquetes toman sentido. Siempre sin violencia. Siempre para informar. Un día me gustaría que se imputara a los empresarios que impiden a los trabajadores hacer huelga; que los amenazan con echarlos del puesto de trabajo si hacen cualquier acción colectiva que los lleve a defender sus derechos. Ante una huelga, el mayor coaccionador son los piquetes empresariales. Y ellos, que tienen la sartén por el mango, siempre quedan impunes. Es verdad que tenemos empresarios modélicos. Pero son los que menos, lamentablemente.

Aceptémoslo. La disidencia molesta. Estorba. A todos los gobiernos que no creen que la democracia tiene contrapoderes. Y la protesta es uno de los más relevantes

Y mientras todo eso pasa, tenemos un derecho de huelga precario. Como lo son nuestras vidas en global. Porque la llamada ley mordaza sólo es un paso más hacia la represión institucionalizada de cualquier movimiento de disidencia. Y en un momento dado, en esta vida, todos podemos ser disidentes. Siempre podremos necesitar protestar. Y precisamente, la protesta organizada es lo que molesta y contraría los gobiernos. De todos los colores. Pero protestar ante la injusticia, ante la opresión en una sociedad democrática, es una obligación. Por eso molestan las huelgas y las manifestaciones, porque son la parte más visible contra el pensamiento único, contra el statu quo, y lo que se quiere es limitar la vigilancia de los gobiernos. Aceptémoslo. La disidencia molesta. Estorba. A todos los gobiernos que no creen que la democracia tiene contrapoderes. Y la protesta es uno de los más relevantes. Si lo perdemos, si dejamos que ellos ganen, estamos perdidos. Todos.

Personalmente soy militante de diferentes causas. Para mí, las más justas del mundo. Tanto sociales como nacionales. Y es con ellas que reflejo mi compromiso con mi sociedad. He sido piquete una noche de huelga general. He participado en todas las manifestaciones a favor del Ebro, de los trenes dignos, contra los recortes... Porque en este país si no molestas, se te desprecia. Y estoy orgullosa. De haber perdido noches con los amigos, o días de playa por algo mejor y mayor.

La deriva democrática del Estado español tiene diferentes rostros. Todos los conocemos. Y el conjunto forma parte de un mismo proceso de degradación de los valores más primigenios de la sociedad. Que nadie lo analice de forma separada. Porque si no se respetan las huelgas generales, tampoco se respeta la democracia. Porque, como dice un poema fantástico de Joan Margarit, "la llibertat és quan comença l’alba en un dia de vaga general".