El nuevo/antiguo ministro de Justicia (ya lo era hace dos años) retomó posesión este lunes de su cargo pronunciando aquel típico discurso de compromisos. Y se fijó tres: culminar el proceso de digitalización, modernizar la administración de Justicia acabando con el colapso existente y "eliminar cualquier sombra de duda sobre la politización de la Justicia". Lamentablemente no dijo nada sobre un cuarto aspecto muy bonito y consistente en dar explicaciones sobre el cese de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Sí, porque esta señora ha desaparecido de su cargo y lo hemos sabido porque lo publicaba el BOE del viernes con tanto misterio y magia divina como cuándo a una niña de una familia peruana muy humilde se le aparece la Virgen encima de un árbol.

Detengámonos brevemente sobre dos de los tres puntos sobre los que sí que habló el señor Rafael Catalá. Sobre el primero, pues a ver si es verdad. Sobre el segundo, permítame que sonría porque eso ya se lo dijo el 1712 Antonio Bescansa, primer ministro de Justicia español, al rey Felipe V. Y ahora, parada y fonda en el tercero.

A ver, la Justicia española no está politizada sino que está dividida en dos. En una parte hay miles de jueces (y juezas) que hacen lo que pueden, teniendo en cuenta como está la situación que ahora el (re)ministro dice que solucionará (no se puso hace dos años, cuando fue nombrado, pero en este segundo mandato eso va de veras). Y en la otra hay unos pocos miembros de la carrera judicial que ocupan cargos designados por los partidos y, por lo tanto, son elegidos en función de su ideología y se deben a ellos. Y eso es así desde la reforma que a mediados de los años 80 perpetró el ilustre Alfonso Guerra.

Cuándo el ministro dijo que "impulsará las reformas necesarias para eliminar cualquier sombra de politización de la justicia", seguramente se refería a esta segunda parte, conocida con el nombre de "cúpula judicial". Sí, porque dudo mucho que se refiriera a los otros.

Y, posiblemente, también se refería a cuándo el partido que lo ha hecho ministro se dedicó a recoger firmas en contra del Estatut y después presentó recurso de inconstitucionalidad para intentar ganar en el TC lo que había perdido en las urnas, un acto un `poquiiito político, pero sólo un poquito.

O quizás hablaba de cuándo un señor llamado Federico Trillo se dedicó a boicotear repetidamente la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para que su partido no perdiera la mayoría.

O quizás hablaba de cuando el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce dimitió hartó de injerencias relativas al 9-N. O de cuando la Junta de Fiscales de Catalunya fue desautorizada por no obedecer las directrices políticas del Gobierno al que pertenece el señor Catalá, favorables a querellarse contra Artur Mas por el 9-N, y en contra del criterio fiscal.

O tal vez recordaba lo que dijo a su día Marcelo Sexmero, ex portavoz de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria: "Mientras los jueces ejercen su independencia día a día en el ejercicio de sus funciones, su órgano de gobierno -el CGPJ- vive bajo los intentos del poder legislativo de controlarlos. En este sentido, Montesquieu" habría "muerto".

O lo que dijo Ángel Dolado, presidente del Foro Judicial Independiente: "El gobierno de los jueces depende del poder político. En España no existe la división de poderes" y el control del CGPJ "da acceso directo a colocar todas las piezas que el Gobierno quiera en el Tribunal Supremo o en los diferentes TSJ".

O lo que dijo Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia: "El CGPJ no puede ser una correa de transmisión de los partidos políticos. Los vocales pierden toda su independencia cuando, en las resoluciones del Consejo, acaban votando lo que les dicen desde los partidos".

Sí, en su discurso de reposesión, seguramente el ministro se refirió a todo eso. Y más.