El referéndum del 1 de octubre ha impresionado a mucha gente, dentro y fuera del país, por al menos tres razones: por la infernal represión desplegada por el Estado intentando impedirlo, por la habilidad del Govern y la resistencia cívica que lo han hecho posible a pesar de todo, y por el crecimiento del independentismo que ha permitido visualizar. Estos factores suponen una mayúscula pérdida de legitimidad y autoridad para el Estado y una ganancia notable en credibilidad y legitimidad para el independentismo.

La actuación del Estado sólo tiene una explicación. Cuando a las 8 de la mañana empezaron a constituirse y abrir las mesas electorales, perdió la batalla del referéndum tal como la había planteado. En aquel momento, no tenía la legitimidad, ni la legalidad (sacrificadas para impedir el referéndum a cualquier precio), ni tampoco el control del territorio. La decisión de implementar el censo universal anuló la estrategia policial de cerrar un número significativo de colegios por todo el territorio. Después de haber anunciado varias veces que el referéndum estaba "desarticulado", el Estado se encontraba en un escenario en el cual todo el mundo podía votar. Entonces sólo les quedó la actuación más extrema: maximizar las imágenes de violencia y arbitrariedad para sembrar el miedo y asustar a los votantes.

El poder de un Estado ya es eso: allí donde no llega físicamente su violencia tiene que llegar el miedo que genera. Se ha dicho que el día del referéndum el independentismo provocó la imagen que el Estado quería evitar. Pero eso no es exacto. La imagen de represión extrema es exactamente la que los responsables del operativo querían dar. De lo contrario no habrían ido a destrozar los colegios más simbólicos, donde había las cámaras preparadas para inmortalizar las principales autoridades catalanas votando. Y tuvo su efecto: además de los millares de votos confiscados, la violencia consiguió alejar de las urnas miles de personas que, según todas las encuestas, pensaban ir. Especialmente, parece, personas contrarias a la independencia.

Catalunya ahora está visiblemente indefensa ante la represión que se ha iniciado. Si antes tenía el autogobierno cada vez más intervenido, ahora miles de personas están amenazadas en sus derechos más básicos

Lo que no consiguió el Estado es impedir que el independentismo pudiera aparecer más numeroso y resistente que nunca. Se pudieron contar más votos independentistas que el 9-N o que el 27-S, y más de los que aprobaron el Estatut del 2006. El hecho de que no votaran la inmensa mayoría de los contrarios a la independencia hizo que la participación quedara deslucida. Ahora bien, con la misma participación que el 27-S (la más alta de la historia en unas elecciones catalanas, con un 74,95%) sobre el censo del referéndum, los 2.044.038 votos favorables a la independencia que se pudieron contar representarían un 51,32% de los votos.

¿Y ahora qué? La inmensa repercusión internacional de la brutalidad policial contra los votantes catalanes ha abierto una ventana de oportunidad para incluir una sólida causa justa en la declaración de independencia. Esta justificación podrá ir más allá de decir que Catalunya se separa políticamente del Estado español porque una mayoría de catalanes lo quieren. Podrá alegar, con más credibilidad que nunca, que lo hace porque en la situación actual no se les garantiza la plenitud de sus derechos fundamentales, no digamos ya del autogobierno.

En efecto, la estrategia coordinada de los poderes del Estado para impedir la celebración del referéndum ha comportado el colapso del estado de derecho en España. Se ha aplicado un estado de excepción de facto, sin ninguna garantía, y se ha criminalizado toda actividad relacionada con la votación. Como resultado, Catalunya ahora está visiblemente indefensa ante la represión que se ha iniciado. Si antes tenía el autogobierno cada vez más intervenido, ahora miles de personas están amenazadas en sus derechos más básicos.

¿Quién garantizará un juicio justo a todos los querellados y denunciados por haber participado en el referéndum? ¿Quién garantizará el restablecimiento de la autonomía intervenida?

Después de todo, ningún poder, institución u organismo del Estado tiene la más mínima credibilidad para hacer de árbitro y garantizar la efectividad de los derechos humanos de todos los ciudadanos, independentistas o no. Se ha impuesto el relato de que aquellos que se han saltado la Constitución no pueden invocarla si se vulneran sus derechos. En la práctica no tienen derechos. El gobierno central, el Tribunal Constitucional, los juzgados ordinarios, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía, la Policía y la Guardia Civil o los medios de comunicación de masas, están todos en modo "A por ellos". ¿Quién garantizará un juicio justo a todos los querellados y denunciados por haber participado en el referéndum? ¿Quién garantizará el restablecimiento de la autonomía intervenida? Europa podía haber dado un paso adelante y asumir este papel, pero ha renunciado a ello. Paradójicamente habrá ayudado a legitimar la independencia y quizás también a acelerarla.

A pesar de la inhibición europea inicial, si hoy se procede a declarar la independencia la mediación internacional será inevitable. Ya veremos en qué términos, pero la comunidad internacional se convierte forzosamente en árbitro. Tiene un poder considerable basado en el reconocimiento o no de la declaración. Al Estado español le puede decir que, si no hace una oferta para reconducir la situación y se sienta a negociar con los independentistas catalanes, reconocerá la declaración de independencia. Y a estos últimos les puede decir que, si no se sientan a negociar, no la reconocerán nunca. Encima de la mesa aparecerá un cambio profundo del modelo territorial español (y quizás un referéndum acordado) como solución al contencioso. Eso pondrá a prueba la paciencia de los independentistas, que saben que nada de eso es viable pero que el gobierno catalán no puede negarse a una negociación sin líneas rojas. De alguna manera es necesario que los mediadores se den cuenta de la inviabilidad de esta solución por ellos mismos y eso no será inmediato.

Sea como sea, el referéndum ha dado una credibilidad y legitimidad a la opción de la independencia que muchos no esperaban que pudiera llegar a tener tan pronto. Nadie puede decir aunque el camino empezado sea irreversible, ni que culmine inmediatamente. Pero, como hasta ahora, parece que las élites españolas también están dispuestas a colaborar con su intransigencia.

 

(*) Josep Costa es letrado y profesor asociado de Teoría Política en la UPF (@josepcosta).