Mientras nuestros políticos independentistas siguen peleándose entre ellos, como nunca lo harán contra el españolismo, lo cierto es que Vox se prepara para cambiarse de sede social. Ahora tienen una que es mucho mayor. Mientras Carles Puigdemont y Roger Torrent se discuten, una vez más, sobre la restauración de la figura presidencial ilegítimamente depuesta con la aplicación fraudulenta del artículo 155, los de Vox ya tienen más de 30.000 afiliados, unos señores y señoras salvapatrias que si no son de ultraderecha, se parecen mucho a la ultraderecha. Dicen que no, dónde vas, no es posible que eso sea así, que existan 400.000 personas de extrema derecha en Andalucía, es metafísicamente inverosímil que vivamos junto a tantos fachas. Y el caso es que todo el mundo puede ver que son muchos más. Por lo menos los que querrían borrar a los catalanes del mapa sólo para quedarse, avaramente, con sus riquezas. Con el territorio. Una Catalunya sin catalanes es el gran proyecto que nos tienen reservado: colonizarnos, asimilarnos, sepultarnos, estrangularnos. Y esperan que hagamos como los miedosos judíos durante el gobierno de Hitler, que nos dejemos morir dócilmente, sin enfrentamientos. Si han conseguido territorios del País Valencià que ya están sin valencianos y territorios de la Catalunya Nord sin catalanes, ¿qué les impide proyectar una Catalunya española sin catalanes que sean nacionalmente catalanes? Sólo el hecho de que tenga que hacer la aclaración ya indica a qué punto de ignominia y de desorientación hemos llegado.

Pablo Casado, por su parte, un político que se ve que tampoco es de ultraderecha, pronuncia el discurso de clausura de la reciente convención del PP y hace referencia al pequeño Julen, en el estilo más populista, oportunista y farsante sin que ningún medio de comunicación se lo reproche ni lo critique. Casado, el sabio de Aravaca, habla de “compromiso inquebrantable” y a nadie le parece extraño. De poner “en marcha” del artículo 155, sin límite de tiempo, en cuanto vuelva el PP al poder. Para deponer el gobierno de Quim Torra, poner a uno nuevo, recuperar el control de la Educación y de la Seguridad, Hacienda, de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y de las prisiones catalanas. Para poner orden en Catalunya, ya que sólo hay orden si manda el PP. Se volverá a penalizar la convocatoria de un referéndum sin el consentimiento del Gobierno central y se prohibirá cualquier tipo de indulto a condenados por rebelión o por sedición. Se prohibirán los partidos políticos independentistas y como gran frase final dijo esta: “Liberaremos a toda una sociedad secuestrada por una banda de fanáticos racistas y supremacistas con la impunidad de tener el Gobierno de España en sus manos”. Como si las elecciones del 21 de diciembre no las hubiera ganado el independentismo. Hoy día cualquiera puede ser acusado de racista, de supremacista, sin más ni más. Sólo hay que tener muchos medios de comunicación que lo vayan repitiendo y que lo corrobore un premio Nobel de Literatura como Mario Vargas Llosa, ese amigo entrañable de Catalunya.

Ayer algunos taxistas en huelga, en la estación madrileña de Atocha, insultaron y amenazaron a Albert Rivera cuando volvía en tren desde Sevilla. Le llamaron “sinvergüenza”, “golfo” y que lo querían fuera, fuera de allí. En Catalunya la situación de la huelga del taxi era también muy tensa. Pero el president Torra estaba en Bélgica mientras algunos políticos, en concreto dos, intentaban gobernar Catalunya desde la prisión, contraviniendo la lógica y la experiencia sobre la represión. Con este panorama tan idílico, ¿qué podría salir mal?