John Edgar Hoover dirigió primero la Oficina de Investigación y luego el FBI durante casi 48 años. Afirman algunos historiadores que ninguno de los ocho presidentes de los Estados Unidos que gobernaron mientras Hoover mandaba en la policía lo pudieron destituir porque los tenía amenazados. Hoover utilizó el cargo para perseguir a disidentes políticos y acumular informaciones privadas obtenidas ilegalmente para chantajear. El presidente Truman lo comparó con un jefe de la Gestapo. Cuando Hoover murió, rápidamente el legislativo fijó un límite temporal de diez años para ocupar el cargo de director del FBI y se hizo expresamente para evitar un nuevo Hoover. Fue bajo la presidencia de Richard Nixon, quien, por cierto, tuvo que dimitir dos años después por haber permitido un caso de espionaje político que inicialmente descubrió el FBI.

De las historias de John Edgar Hoover hace casi medio siglo, pero nos remiten a la España real del siglo XXI: una policía política, utilizando fondos públicos, se ha dedicado a perseguir a adversarios políticos de un gobierno desprestigiado por la corrupción, ha creado informaciones falsas para destruir disidentes, ha alterado resultados electorales y ha interferido en la acción de la justicia para encubrir a los corruptos. La diferencia con los Estados Unidos de hace 50 años es que ahora y aquí nadie está dispuesto a remediarlo porque la sensación es que todo el mundo está pringado.

La cadena de escándalos es grave, pero más grave aún es la sensación de impunidad, el complot del silencio de los partidos que se dicen constitucionalistas y el sometimiento a este silencio de los jueces y de los principales medios de comunicación que o bien callan o bien relativizan su trascendencia. Sin embargo, hay que reconocer el trabajo, yo diría, que intrépido y heroico de periodistas como Patricia López y Carlos Enrique Bayo, de Público, y también los compañeros de Eldiario.es que han tenido la audacia de obtener la información y el coraje de divulgarla y que nos mitigan el desencanto con la profesión.

Las últimas revelaciones no han hecho más que confirmar la participación directa de gobernantes en la guerra sucia, algo que ya era bastante conocido. Ahora parece que tenga un poco más de interés porque afecta a un partido de ámbito español. Cuando sólo se trataba de destruir los soberanistas catalanes casi todo el mundo lo daba por bueno o miraba para otro lado. Ha aparecido un audio en el que policías españoles enviados a Nueva York aseguran tener el encargo del presidente Rajoy y los ministro Fernández Díaz para comprar testigos falsos contra Podemos y Pablo Iglesias.

Una policía política se ha dedicado a perseguir a adversarios políticos, ha creado informaciones falsas para destruir disidentes, ha alterado resultados electorales y ha interferido en la acción de la justicia para encubrir a los corruptos

Claro, Jorge Fernández Díaz hizo toda su carrera política a la sombra de Mariano Rajoy. Nunca hizo nada que no supiera su mentor. Del ministro Fernández Díaz ya trascendió que conspiró con el jefe de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso para atacar a políticos catalanes en connivencia con la fiscalía. Mira por dónde, la Sala Penal del Tribunal Supremo exculpó al ministro y a su confidente.

El ministro en persona se ocupó de llamar a directores de periódicos para que destacaran en portada, como hicieron los sicarios de El Mundo, una información falsa sobre evasión de capitales atribuida al alcalde de Barcelona y candidato a la reelección Xavier Trias. No fue, por supuesto, culpa de Ada Colau, pero a Trias le arrebataron literalmente la alcaldía haciendo trampas, porque la operación del ministro del Interior fue suficiente para restarle el puñado de votos que le faltaron, sólo 17.372. Los tribunales también exculparon a los sicarios con argumentos vergonzantes. No era el primer éxito de la guerra sucia. Cuando la campaña electoral de 2012, todas las encuestas publicadas en el período que permite la ley preveían una victoria de Artur Mas cercana a la mayoría absoluta. El último domingo de campaña los sicarios de El Mundo publicaron un informe falso atribuido a la UDEF del que luego nadie se hizo responsable acusando también a Mas de evasión fiscal. La policía política del PP y sus secuaces consiguieron recortar la victoria de Mas en 12 diputados. La llamada Operación Catalunya continuó incluso fabricando un pendrive con datos falsos sobre la familia Pujol para fingir haberlo encontrado en un registro...

El comisario Villarejo, que asumió buena parte del trabajo de las cloacas, se curó en salud y grabó las conversaciones más comprometidas para protegerse y como está en la cárcel va dejando caer toda la porquería imaginable. Los negocios del jefe del Estado y su concubina con los árabes y el AVE a La Meca; las batallas entre banqueros y directivos del Ibex 35 con el incendio del rascacielos Windsor; el espionaje a Luis Bárcenas para tapar la corrupción del PP; los servicios a Dolores de Cospedal dentro y fuera del PP; la persecución de la jueza Victoria Rosell y ahora nuevos datos sobre la campaña para destruir a Podemos ...

El caso es que PP, Ciudadanos y PSOE se pusieron de acuerdo para matar la investigación parlamentaria, mientras la justicia se mueve poco y tan a paso de tortuga que parece que lo único que interesa es evitar la hemorragia provocada por Villarejo. El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tenido la desfachatez de decir que ha tomado "medidas contundentes" contra los miembros de la "policía patriótica". La contundencia consiste en jubilarlos o cambiarlos de destino. Rajoy parece que sigue de registrador de la propiedad. Jorge Fernández Díaz aún es diputado y miembro de la dirección del PP. Es significativo que todos los perseguidos reivindican la República. Tapar toda la mierda se ha convertido en una cuestión de Estado.