Después de la semana de los másters con los líderes políticos españoles compitiendo a ver quién había sido peor estudiante, la politiquería, en el peor sentido del término, sigue dominando el escenario. La propuesta de Pedro Sánchez de reformar la Constitución española para eliminar algunos aforos es una frivolidad que decepciona las expectativas de cambio generadas por el cambio de gobierno.

No hay ningún ánimo reformista en una iniciativa que sólo tiene como objetivo poner contra las cuerdas al contrincante político Pablo Casado. El líder del PP está siendo investigado por el asunto de su presunto máster fraudulento, y dada su condición de aforado está pendiente de lo que decidan no los jueces ordinarios, sino precisamente los jueces del Tribunal Supremo.

Se da el caso, según informó Elplural.com, que tres jueces del caso Casado fueron profesores del mismo máster de la Universidad Rey Juan Carlos I y tenían como compañeros de docencia a los abogados que ha contratado el líder del PP para su defensa. Hasta ahora, Casado se ha mostrado absolutamente convencido de que saldrá indemne del Supremo y lo expresa con tanta seguridad que parece que es que ya se lo han dicho.

La propuesta de Pedro Sánchez de reformar de la Constitución española para eliminar algunos aforamientos es una frivolidad que decepciona las expectativas de cambio generadas por el cambio de gobierno

En cualquier caso, para que prospere la reforma de la Constitución, que requiere el apoyo de mayorías cualificadas en el Congreso y el Senado, es imprescindible el apoyo del PP. Si Pablo Casado veta la propuesta gubernamental, la interpretación inmediata será que lo hace para protegerse y para que no le cambien de tribunal, y la sombra de duda le acompañará en sus disputas contra sus adversarios políticos.

Que todo ello responde a intereses partidistas de poca monta lo demuestra el hecho de que anoche, sólo para disimular, PSOE y PP apoyaran con su voto una moción de Ciudadanos que insta a acabar con los aforamientos. Apoyaron una moción que no obliga a nada ni a nadie después de cargarse de arriba abajo su contenido.

Lo que resulta insólito es frivolizar desde instancias gubernamentales con asuntos tan trascendentes como la reforma de la Constitución y las prerrogativas de los del representantes políticos. Efectivamente, el sistema de aforamiento de los políticos se ha pervertido y ha acabado funcionando como una protección para los gobernantes corruptos, cuando de lo que se trataba era, precisamente, de proteger la acción política de los representantes del pueblo contra los poderosos con capacidad de influir y corromper el sistema.

En todo caso, la reforma que propone Pedro Sánchez no va dirigida a resolver ninguno de estos problemas. Por ejemplo, seguirían teniendo tratamiento de aforados los políticos corruptos que hayan cobrado comisiones ilegales a cambio de concesiones de servicios u obra pública. Por una cuestión tan limitada que la hace irrelevante Sánchez abre el melón de la reforma constitucional sin el coraje de plantear los cambios profundos que la sociedad y la realidad política han venido poniendo de manifiesto como necesarios.

Seguirán teniendo tratamiento de aforados los políticos corruptos que hayan cobrado comisiones ilegales a cambio de concesiones de servicios u obra pública

Hasta ahora la Constitución española sólo se ha reformado dos veces y atendiendo a exigencias europeas. Una fue para que los ciudadanos de la Unión residentes en España puedan votar en las municipales y el otro para obligarse los gobiernos españoles a pagar las deudas antes que nada, antes incluso que las pensiones.

Si la reforma constitucional se ha evitado ha sido, entre otros motivos, porque en tiempos de Juan Carlos I una reforma de la Carta Magna que tuviera alguna profundidad habría obligado, de entrada, a cambiar el orden sucesorio y situar a la infanta Elena como heredera legítima del trono, habida cuenta del principio constitucional de igualdad entre sexos. Después, los sacerdotes del régimen han tenido que encomendarse a todas las divinidades imaginables para que el segundo hijo de Letizia no fuera un niño, porque en pleno siglo XXI difícilmente se hubiera podido admitir la aplicación de la ley sálica. Y obviamente, en el momento en que esto se habría planteado, el debate entre monarquía y república habría sido imposible de detener. Ya admitió hace años Adolfo Suárez que en la Transición no se atrevieron a plantear un referéndum que legitimara democráticamente la monarquía porque en las encuestas salía que ganaría la República.

La iniciativa del presidente del Gobierno también ha sido reveladora de la nula disposición a reformar el Estado. Los cambios que plantea Sánchez son a penas cosméticos, justamente para lavar la cara de un régimen en situación de decadencia. Y nadie le agradecerá la jugada. No deben estar muy satisfechos en el Palacio de la Zarzuela al tener que oír nuevamente, gracias a la ocurrencia del jefe del ejecutivo, como unos grupos parlamentarios que representan millones de ciudadanos recuerdan los hechos que aconsejan desconfiar de la familia real y suprimir la inviolabilidad del monarca y de su padre. Seguramente sin pretenderlo, Sánchez ha reabierto el debate sobre las prerrogativas de una familia, algunos de cuyos miembros han sido gravemente acusados e incluso condenados. Que entonces los partidos del establishment cierren filas de la manera que lo hacen para proteger incluso el secretismo de las actividades de los monarcas traslada una imagen de connivencia interesada entre actores de un régimen incapaz de regenerarse.