Una de las peores traiciones políticas es la de los propios servidores, en concreto, las de los servidores a quienes se les ha encargado lo que ningún otro servidor quiere hacer: mantener las cloacas.

La historia va llena de cómo estos hombres y mujeres de los bajos fondos se aprovechan de su trabajo. Al servir al Estado de manera subterránea desde el lado oscuro, con la excusa de que alguien lo tiene que hacer, obviando la pregunta de por qué hay que hacerlo, sacan siempre un provecho personal. Por parte del poder a la claridad es el precio a pagar.

Estos dichos servidores acostumbrados a la mentira, a la falsía, al golpe por la espalda... y a todas las malas artes, hacen de la rapiña la base de su fortuna y del acoquinamiento su garantía de permanencia. Cuando vienen mal dadas, ya sea por un accidente ―derivado del exceso de confianza o de tacañería, seguramente―, ya sea porque chocan con alguien más fachendoso que ellos, al ver que su barco hace aguas, utilizan los salvavidas.

Empiezan a aparecer, sean verdaderas o no, las noticias tóxicas, que difunden sucursales suyas o afiliadas, en manos de hombres de paja o en pago no siempre de mala gana por servicios ya obtenidos. Los canallas se reconocen enseguida y rezuman una cierta solidaria fraternidad. Un cliché mil veces visto y reiterado hasta decir basta. Pero siempre hay más.

Ahora es Villarejo, el excomisario multicondecorado, multipensionado, hombre de mil negocios por encima de la ley de incompatibilidades que a la mayoría de funcionarios, con razón, se les impide, quien ha puesto en marcha la gran tobera de la intimidación mediante la difusión planificada de parte de su arsenal de información comprometedora para quienes habían sido sus valedores, sus amigos, conocidos, saludados y no digamos desconocidos o enemigos.

Ahora es Villarejo quien ha puesto en marcha la gran tobera de la intimidación

Hoy hemos oído en otra conversación publicada en una neonata web que Villarejo montó una agencia de modelos, que él mismo manifiesta que es prostitución, para obtener el propio cloaquero lo que denomina "información vaginal" de prohombres de las altas esferas.

La actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, entonces fiscal en la Audiencia Nacional, fue invitada a la comida en que estas y otras conversaciones tuvieron lugar. Asistían también el, en aquella época, juez Garzón y diversos altísimos mandos policiales del Ministerio del Interior, entonces en manos socialistas.

Ninguno de ellos ni consta que hicieran ninguna censura durante la conversación ni que, lo que es más importante, al salir del restaurante interpusieran la denuncia adecuada por diferentes presuntos delitos. Eso tiene que llamar la atención, cosa que hasta ahora, por lo que veo, no ha sucedido.

Veamos. De entrada, topamos con posibles delitos relativos a la prostitución (artículos 187 siguientes del Código Penal, en alguna de sus múltiples y tortuosas versiones), especialmente si había menores o personas adultas en situación de explotación. Eso había que haberlo investigado.

También había que haber investigado otro grupo de delitos: los relativos a la vulneración de la intimidad de los clientes (artículos 197 y siguientes del Código Penal), si hubo apoderamiento de documentación de cualquier tipo o captaciones de audio o de vídeo.

Finalmente, podría haber, dado el caso, chantaje, una modalidad del delito de amenazas, prevista en el art. 171. 2. y 3, del Código Penal. Si esta información hubiera llegado a utilizarse para llevar a cabo operaciones patrimoniales en perjuicio del chantajeado, estaríamos ante un delito de extorsión que tiene las mismas penas que el robo (art. 243 del mismo Código).

De estas conversaciones, un observador medianamente atento habría llegado a estas conclusiones. Por lo tanto, brota con toda la fuerza la obligación de haberlo puesto en conocimiento de las autoridades competentes, judiciales, fiscales o policiales, para que emprendieran las adecuadas investigaciones, incumplimiento que podría llegar a ser delictivo. Podría haberse dado una infracción penal por parte de los funcionarios que, en razón del cargo tienen que perseguir delitos y no lo hacen (artículo 408 del Código Penal) o, en todo caso, la infracción de no perseguir o, cuanto menos, de no denunciar la comisión de delitos (artículo 450 del mismo Código).

El silencio jurídico de la ahora ministra de Justicia es plomo, y bien pesado, en sus alas políticas

Entre los asistentes estaba, recordémoslo, la actual ministra de Justicia, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, quien no consta que moviera un dedo. Este comportamiento no parece, al margen de su relevancia jurídico-penal hoy en día, que sea el que más créditos dé para ocupar la mencionada cartera o cualquier otra. Ahí es donde reside la cuestión, más que ética, jurídica: el silencio jurídico de la ahora ministra es plomo, y bien pesado, en sus alas políticas.

No vale decir ahora que hemos sabido ―y que seguramente sabremos más― que todo ello es fruto de un acto criminal. Ciertamente, la grabación de conversaciones privadas sin autorización de los intervinientes, puede ser un delito para el autor directo o mediato, no siempre conocido, pero fácilmente identificable ―no como en el caso La Camarga― de las grabaciones. El que los hechos que ahora se hacen públicos hayan sido captados de forma criminal no es ningún obstáculo para calificar de delitos lo que se revela y juzgar jurídicamente y políticamente la pasividad en su denuncia por parte de los que lo debieron perseguir o cuando menos empezar, mediante una denuncia, la investigación.

El emperador Vespasiano puso un impuesto sobre las letrinas romanas, en atención a que los orines tenían un aprovechamiento industrial. Su corte puso el grito en el cielo por tan escatológica medida fiscal. El emperador, dicen, sentenció: "Pecunia non olet (el dinero no apesta)". ¿Cinismo? Quizás. Realidad, también.