La fase oral del proceso ha acabado. Queda la tercera fase: la sentencia. Mientras esta no se dicte, el juicio no habrá concluido. Después, lo más probable es que sigan otros procesos en otras instancias. Pero será ya sobre un juicio acabado, una finalización que es condición para proseguir la senda de reparar las injusticias. De todos modos, en la calle y a las instituciones continuará un proceso político agotador, en el que solo una solución política equitativa pondrá fin o, cuando menos, se apaciguará durante un tiempo largo.

Nada que decir de las defensas en negativo sobre los alegatos finales, sometidas, además, a una limitación temporal desconocida en la ley. Cada una de las letradas (ArderiuRoig , Gené) y letrados (Van den Eynde, Melero, Pina, Bergés, Riba, Segarra) fieles a sus estilos y planteamientos, con finura jurídica, expresión atizada y en perfecta coordinación entre ellos desmontaron las quiméricas imputaciones de las acusaciones. Ciertamente lo que pasó en Catalunya es muy grave —¡agravios compartidos!—, y hasta —hay que reconocerlo— en parte ilegal, pero ni grave (aunque compartido) ni ilegal no es sinónimo ni mucho menos de delito.

Vociferar este hecho delictivo en boca de personas, instituciones o partidos —y sus corifeos y estómagos agradecidos— implicados en corrupción política y económica, en crímenes de estado, en saqueo permanente y fraudes de todo tipo (desde dietas duplicadas o apropiadas a títulos comprados) es grotesco. Sería gracioso si no fuera por la crueldad de la situación. Gravísimos delitos consentidos o minimizados en buena medida por el aparato del estado.

Entrar a diseccionar los redondos alegatos finales de las defensas ahora no es el momento ni el lugar. Seguramente lo haremos, pero ahora no toca. De todos modos, se puede adelantar la nota: matrícula de honor.

Poco a añadir más que un gran triunfo de la dignidad en las últimas palabras de los acusados. Ni un reproche ni una pizca de amargura. Eso sí, alguna lágrima o algún suspiro contenido cuando se hacía referencia a la familia y a los amigos. Ni, en palabras de Romeva, ningún tipo de odio ni a España, ni a los españoles ni a nadie.

Me quedo con algunas frases que entiendo memorables y que pasarán, pienso, a la historia: unas propias y otras citas ya clásicas que nunca conviene olvidar. Empiezo por Jordi Sànchez. Citó a Sócrates: más oportuno imposible. Nos recordó al inicio de su alocución: "más vale sufrir una injusticia que cometerla". Toda una declaración de principios. No de principios vanos.

Concluyó sus palabras con un recuerdo hacia sus compañeros de prisión, a los presos comunes. No fue al estilo Bárcenas. Fue como tienen que ser los recordatorios: con el corazón y la razón. En efecto, clamó —no es la primera vez— por una reforma de la prisión provisional, fuente de la mayor parte de los excesos judiciales, que provienen de la instrucción y que las audiencias acarrean demasiado a menudo hasta la sentencia o la condicionan. Hacen falta esta reforma y no la faramalla de un postureo estéril fraudulentamente progresista y garantista.

Por parte del otro Jordi, Cuixart, han quedado en nuestra retina unas chocantes frases, una de las cuales se avista como lema de una de las nuevas campañas de resistencia: lo volveremos a hacer. Sin ningún tipo de duda es un grito, sereno y profundo, capital. Sin embargo, llamadlo si queréis cuestión de talante, a mí lo que me dejó boquiabierto fue cuando dijo que lo que no entendía era la obediencia, no la desobediencia, obediencia que nos ha traído hasta aquí, a todos, catalanes (indepes o no) y a españoles. Hasta el estado actual de cosas, más injusto cada día, nos ha traído la obediencia. Para digerirlo bien digerido.

A pesar de lo frío que es el papel o la pantalla, quiero hacer llegar un abrazo fraternal a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Quim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila. Una muestra de como hay que llevar con la cabeza alta la injusticia de los otros.

Cercanías

Si el presidente Puigdemont y el conseller Comín no van a Madrid a recoger el acta de eurodiputados, no podrán ir a Estrasburgo a ejercer como tales. Pero los jueces no levantan la orden de detención nacional para garantizar su inmunidad provisional ya ganada al ser elegidos el 26-M. Y los jueces tampoco dejan a Junqueras ir a la JEC a recoger las credenciales, contrariamente a lo que hicieron para adquirir la condición de diputados y senador.

El razonamiento de la resolución del TS es huérfano de toda base legal. Comporta, además, la doble laminación del derecho a exceder el cargo electo y los de los electores para que sus representantes ejerzan como tales. El vicepresidente Junqueras (y Puigdemont y Comín) tienen todos los derechos intactos hasta que se dicte una sentencia condenatoria. Oponer como hace el TS las finalidades del procés a un derecho fundamental resulta, según mi opinión, mucho más que una distorsión jurídica: constituye un ataque frontal a todo lo que encarna la democracia representativa.

Coda

Ella sabrá cómo y por qué la Fiscalía sitúa Oriol Junqueras al frente de todo. ¿Es un punto a favor de Puigdemont? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, sin saber cómo, la Fiscalía hace esta imputación a Junqueras, pero todavía no sabe quién es "M. Rajoy" en los papeles de Bárcenas. El saber sí que ocupa lugar.

Epílogo

Sagrada es sin duda la causa de la sociedad, pero no lo son menos los derechos individuales. En los pueblos verdaderamente libres el ciudadano debe tener en su mano medios eficaces de defender y conservar su vida, sil libertad, su fortuna, su dignidad, su honor; y si el interés de los habitantes del territorio es ayudar al Estado para que ejerza libérrimamente una de sus funciones más esenciales, cual es la de castigar la infracción de la ley penal para restablecer, allí donde se turbe, la armonía del derecho, no por esto deben sacrificarse jamás los fueros de la inocencia, porque al cabo el orden social bien entendido no es más que el mantenimiento de la libertad de todos y el respeto recíproco de los derechos individuales.” De la exposición de motivos de la Ley de enjuiciamiento criminal, de 14-9-1882, obra de Alonso Martínez, epígono del liberalismo doctrinario. Nada más a añadir que, de vez en cuando, algún tiempo pasado fue mejor; cuando menos, sobre el papel.