Iván Redondo, el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, ha revelado que preparó un informe secreto para transformar España en un Estado plurinacional en el año 2028, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la Constitución. “El Estado de las Autonomías se está muriendo”, dice. “Hay que constituir España como una nación de naciones.” Y con esta frase, pronunciada con la seguridad de quien cree haber descubierto la piedra filosofal, Redondo abre un debate que, para el independentismo catalán, no es nuevo ni inocente: el debate sobre si un reconocimiento formal de la plurinacionalidad cambiaría algo.
La primera trampa del proyecto “pluri” reside en una constatación que el propio Redondo hace, quizá sin darse cuenta de su gravedad: la Constitución de 1978 ya reconoce las “nacionalidades”. Y es que la palabra ya está ahí, en efecto (una “sinécdoque”, dice él). El artículo 2 de la Constitución española habla de “nacionalidades y regiones”. Y, sin embargo, cincuenta años después, nadie notaría la diferencia si aquel término hubiera sido suprimido. ¿Ha servido para algo concreto? ¿Ha generado algún derecho exigible? ¿Ha abierto alguna puerta especial para los pueblos que la Constitución llama “nacionalidades”? ¿O más bien ha cerrado puertas, tanto en términos de derechos colectivos como de derechos individuales y fundamentales?
La respuesta, dolorosamente evidente, es que el reconocimiento nominal no ha conseguido aclarar nada. No ha detenido la invasión competencial, no ha garantizado una financiación justa, no ha permitido celebrar ninguna consulta democrática sobre el futuro colectivo (ni siquiera en forma de un nuevo Estatut: el vigente no está votado por el pueblo de Catalunya). Y entonces hay que hacerse la pregunta que Redondo elude sistemáticamente: si el reconocimiento ya existe y no se ha notado en nada, ¿por qué habría que creer que un nuevo reconocimiento, por mucho que se hable de “naciones” en lugar de “nacionalidades”, produciría efectos distintos?
Cuando se habla de Estados plurinacionales, el ejemplo que siempre aparece en la conversación es el Reino Unido. Y la comparación ilumina la distancia sideral entre lo que representa el modelo británico y lo que la España plurinacional de Redondo parecería dispuesta a ofrecer. En el Reino Unido, Escocia, Gales e Irlanda del Norte no son simples comunidades autónomas con un nombre pintoresco y una lengua simpática. Tienen competencias legislativas reales sobre materias sustanciales, envían selecciones deportivas nacionales propias a las competiciones internacionales (Escocia y Gales juegan los mundiales de fútbol con su bandera y su himno, no como delegaciones) y, sobre todo, el Reino Unido ha aceptado que la pregunta sobre la independencia pueda formularse democráticamente. El referéndum escocés de 2014 fue posible porque Londres lo acordó, lo reguló y lo respetó. Que el resultado fuera contrario a la independencia no invalida el principio: los pueblos que quieren decidir su futuro deben tener el instrumento para hacerlo, sobre todo si ya un 40% de la población muestra deseos de marcharse.
Si el reconocimiento ya existe y no se ha notado en nada, ¿por qué habría que creer que un nuevo reconocimiento, por mucho que se hable de 'naciones' en lugar de 'nacionalidades', produciría efectos distintos?
¿Alguien, leyendo las declaraciones de Redondo, puede imaginar un Estado plurinacional español que permita una selección catalana de fútbol en la Copa del Mundo? ¿O que pacte un referéndum de autodeterminación si la sociedad catalana lo pide mayoritariamente? Redondo se responde a sí mismo, sin ambigüedades: “No va a haber ningún referéndum de autodeterminación”. Y aquí reside la trampa central del proyecto. Un Estado plurinacional que reconoce las naciones pero les niega el derecho a decidir no es un Estado plurinacional de verdad: es un Estado uninacional y unineuronal, solo que con retórica renovada.
El supuesto reconocimiento de las naciones dentro de un Estado debe ir acompañado de mecanismos de soberanía compartida y, en último término, del derecho a la secesión si una nación lo decide democráticamente. Sin esa cláusula, el reconocimiento es decorativo. Es como reconocer que alguien es propietario de una casa, pero negarle las llaves. Redondo, sin embargo, no habla de soberanía compartida. No habla de mecanismos bilaterales vinculantes. No habla de financiación singular. No habla del derecho a decidir. Habla de una “nación de naciones” como quien habla de un proyecto estético, de un amplio abanico de culturas, de un nuevo relato para la misma realidad. Es la plurinacionalidad de supermercado: un producto con una etiqueta nueva y nada más.
Supongamos, por un momento, que España da el salto en 2028 y reforma la Constitución para reconocer a Catalunya, el País Vasco y Galicia como naciones. Supongamos que el texto es bonito, generoso, lleno de buena voluntad. La pregunta que deberíamos hacernos inmediatamente es: ¿quién garantiza que ese reconocimiento no acabará igual que el de 1978? El Tribunal Constitucional español, cuando ha tenido que decidir entre el autogobierno de los pueblos y la unidad del Estado, ha escogido sistemáticamente la unidad. El Estatut de Catalunya de 2006, aprobado por el Parlament de Catalunya, por el Parlamento español y refrendado por los catalanes, fue recortado por sentencia del TC en 2010. Y precisamente la palabra “nación” que el preámbulo del Estatut reconocía fue declarada sin valor jurídico. Si una sentencia puede vaciar de contenido una ley orgánica aprobada democráticamente por todas las partes implicadas, ¿por qué motivo creemos que una reforma constitucional que quisiera reconocer la plurinacionalidad quedaría exenta de la misma dinámica?
Una cosa sí le reconozco a Iván Redondo: la idea tiene suficiente gancho como para engañar a bastante gente y así volver a hacer presidente a Pedro Sánchez. Que es de lo único de lo que se trata, y lo único para lo que eventualmente será contratado. Tampoco deja de ser una señal de que el relato independentista ha penetrado lo suficiente en el imaginario político español como para obligar a sus oponentes a hacer ofertas desesperadas. Pero desesperadas no quiere decir creíbles ni aceptables, me temo. Por tanto, señor Redondo, suéltenos el brazo. Y prueben con otra cosa, porque aquí ya hemos aprendido a distinguir entre una puerta que se abre y una puerta pintada en la pared.