La fiscalía belga, que no un juez, le ha dicho a la justicia española, así como para resumir, "que aprendan". Y según ha manifestado Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, les ha dicho "ignorantes".

Total, que la euroorden de detención emitida por el juez Pablo Llarena contra los consellers Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig ahora mismo no sirve ni para envolver un bocadillo de arenques. Y lo peor para la justicia española es que el varapalo al juez, le rebota a toda la institución. Queriendo ganar el partido por 10-0 a base de expulsar todo el equipo contrario con roja directa y con el árbitro rematando los córners, han acabado con el campo clausurado. En este momento la imagen de la justicia española en Europa es comparable a la de Cristina Cifuentes en las tiendas de cremas. Porque, como dijo el poeta: "Quien come horas, caga relojes".

Por lo tanto, lo que ha hecho Llarena ha sido dar la razón a los indepes. Con todos los errores y aciertos cometidos (por cierto, algún día tendríamos que hablar de la exigencia la autocrítica a los indepes, una demanda inexistente para el unionismo), resulta que el objetivo de los indepes ha sido, es y será, irse del sistema que ha creado a Llarena y al llarenismo (concepto). Y de paso que los españoles se den cuenta en manos de quien están. Y no es una opinión, es una descripción.

Naturalmente que un estado tiene el derecho y el deber de usar las armas (metafóricamente hablando) que tenga a su alcance para defender su "integridad nacional". La pregunta es: ¿todas las armas? ¿Dónde está el límite? ¿Para defender la ley hay que vulnerar la ley?

¿Un Estado tiene derecho, en nombre de la que afirma ser su ley, a vulnerar su propia ley? ¿Qué ley es primero, la que un Estado afirma que es la suya o la Ley, en mayúscula, entendida como estado de derecho? ¿Un Estado tiene derecho, en nombre de su integridad, a apalear ciudadanos en actitud pacífica y después inventarse y manipular unos hechos irreales para acusarlos de violentos? ¿Un Estado tiene derecho a perseguir a sus ciudadanos inocentes chapoteando en la legalidad y dejándoles indefensos ante una ley arbitraria? ¿Un Estado tiene derecho a encarcelar representantes elegidos por los ciudadanos acusándolos de delitos inexistentes, manipulando las pruebas y aplicando la ley a conveniencia, aunque repetidamente caiga en contradicciones? ¿Un Estado tiene derecho a presionar a los medios de comunicación para que publiquen mentiras elaboradas por sus cloacas?

Millones de españoles ven el movimiento indepe como una agresión personal, como un ataque a sus raíces, a su esencia, cuando tendrían que verlo como aquello que puede servir para que la calidad democrática de España sea homologable a la del resto de países de la UE. O sea, para mejorar España. Porque si para mantener la situación, el Estado ha sido capaz de llegar donde ha llegado, ¿quién garantiza que en cualquier otra situación el llarenismo no hará lo mismo con ellos?

¿Para estos millones de españoles que ven a los indepes como alguien que quiere destruirles, qué es más importante, la unidad de una España basada en la injusticia política que aplica la ilegalidad doméstica o la España donde rija el Estado de Derecho internacional y que mantenga con Catalunya una relación de hermanos bien avenidos y que hacen su vida?

Y esta no es la gran pregunta sino la gran respuesta.