Hubo un momento de nuestra historia en que quien decidía cuándo se convocaban las elecciones catalanas era el president de la Generalitat. Pero todo empezó a cambiar cuando la justicia empezó a decidir quién podía ser presidente y quién no, prohibiendo que lo fuera el candidato votado por los ciudadanos (y por las ciudadanas) para serlo. Lo más interesante es que, casualmente, la justicia había permitido previamente que esta persona fuera candidato. Es un fenómeno paranormal de bilocación electoral que posteriormente veríamos en las elecciones al Congreso, al Senado y al Parlamento Europeo. Y consiste en que un candidato presente en las listas después no puede ejercer el mandato popular. Extraordinario.

Pero, claro, todo había empezado ya a cambiar mucho antes, cuando estos mismos ciudadanos y ciudadanas habían votado la reforma de un Estatut, posteriormente sancionado por el Congreso de los Diputados y por el rey de España, y que acabó en la basura. La reforma del Estatut, quiero decir. Por obra y gracia de la justicia. En aquel caso del Tribunal Constitucional. Bilocación electoral refrendaria. Amén.

Y ahora tenemos otra variante de la misma cosa. Este lunes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) juzga al president Torra por no haber sacado una pancarta del balcón del Palau de la Generalitat. La amenaza legal es la inhabilitación. Y eso quiere decir que entre juicio, sentencia, recursos y la mandanga, es probable que en un año Catalunya no tenga presidente. Porque la justicia lo ha decidido así. Y con Vox sentado en la silla de la acusación popular. Memorable.

A partir de aquí, dos escenarios. Elecciones o elecciones. Las alternativas legales son elecciones parlamentarias anticipadas o bien el Parlament eligiendo a un president (o presidenta). Pero me juego un guisante en que la segunda opción no será. ¿Por qué? Pues porque en este caso el nuevo president (o presidenta) tiene que ser elegido de entre los 135 diputados actuales. Y resulta que ahora mismo ningún miembro del Govern es diputado. Por ejemplo.

Por lo tanto, cuando la justicia inhabilite al president Torra, habrá elecciones. Y eso lo habrán decidido en un tribunal. Por no haber descolgado una pancarta. ¿Quién podrá ser candidato? Quien la justicia decida. Los inhabilitados en este momento está claro que no. Pero, ¿y los exiliados? ¿Lo podrán ser esta vez? ¿Y, qué sucederá con los todavía no inhabilitados? ¿Aparecerá algún informe según el cual algunos aspirantes a presidente son terroristas porque un día se manifestaron y también serán inhabilitados?

Insisto lo que ya escribí no hace mucho. Creo que lo mejor es que el sistema judicial que hace política se presente a las elecciones. Vito lo visto, al menos habremos elegido quien nos manda. Y al menos los elegidos no se inhabilitarán a sí mismos. Vaya, eso espero...