Jordi Turull, conseller y candidato a President de la Generalitat que fue detenido entre la primera y la segunda de sus sesiones de investidura, ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar la situación legal en la que se encuentra y qué piensa hacer a partir de ahora. Sobre todo después de saberse los argumentos de los votos particulares de los dos miembros del Tribunal Constitucional (TC) que discrepan radicalmente de lo que dice sobre él la sentencia elaborada por el Tribunal Supremo (TS) "con sumo agrado".

Que el TC haya desestimado su recurso contra la sentencia del TS permite llevar ahora el caso a una instancia superior, que en este caso es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH). A partir de aquí se abre un nuevo camino. ¿Cuál? Bien, en principio este no es un tribunal político, ni se cree con el deber de salvar ninguna patria particular al precio que sea, ni tiene la presión de un Estado enloquecido predeterminando una sentencia. Por lo tanto, la decisión podría ser más ajustada a ley. ¿Y, qué más puede suceder? Pues que llegado un día en que a Turull le den la razón, como se la podrían dar al resto de condenados, todos ellos tendrán la razón, sí, pero se habrán pasado igualmente un montón de años en la prisión. Injustamente. Y a los responsables de esta injusticia no les sucederá nada.

Cuando el TEDH tome una decisión sobre Turull y el resto habrá pasado tanto tiempo que los señores Supremo ya tendrán como única actividad pasear el perro por los alrededores de su casita de delante del mar, mientras cada mes les ingresan una pensión mensual que ni usted ni yo veremos en un lustro. Y si la decisión es contraría, les lamerá un pie y parte del otro. Como se los lamió a tres lenguas a los miembros del Supremo que en octubre del 2019 tuvieron que anular su sentencia de condena contra el expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, y a los miembros de la Mesa Kontxi Bilbao i Gorka Knörr por desobediencia a este tribunal al negarse, en el 2003, a disolver el grupo parlamentario de la izquierda abertzale Sozialista Abertzaleak. El TEDH les dijo que la anularan, ellos lo hicieron y listos. No recibieron ninguna sanción, ni ningún castigo. Nada.

O como les lamió a los jueces que por este mismo motivo, haber vulnerado el derecho a tener un juicio justo, fueron desautorizados en el caso que llevó a prisión seis años y medio a Arnaldo Otegi, Rafa Díez y tres dirigentes más de la izquierda abertzale. ¿Qué lo hicieron mal? Sí, sí, pero quien se pasó seis años en la cárcel no fueron ellos. Es lo que dijo Alfredo Pérez Rubalcaba en enero del 2018, cuando el Estado español hacía lo posible y más para que Carles Puigdemont no fuera investido Presidente de la Generalitat: "Ahora lo que estamos discutiendo es cuánto coste pagamos y tenemos que ser hábiles en la estrategia para que el descrédito del Estado sea el menor posible". Y como el coste fue cero y siempre es cero, adelante.

Pero ya que hablamos de Jordi Turull, aprovecho para extenderme en un hecho que recordaba al principio. Fue detenido un viernes, al día siguiente de la fracasada investidura que la abría la oportunidad de ser elegido el sábado en segunda vuelta. Aquel jueves, todo el mundo sabía que horas después sucedería lo qué sucedió, y ni así recibió los votos necesarios. No es por hurgar porque no soy partidario de pensar en lo que podría haber sido y no fue pero, ¿verdad que estamos de acuerdo en que no habría sido lo mismo detener a un conseller en funciones que detener a un President de la Generalitat? Pues aquel día la pregunta tenía la misma respuesta.