¿Podría el Parlament de Catalunya debatir sobre el restablecimiento de la pena de muerte? Sería absurdo y estéril, pero no ilegal. Estaríamos en el territorio de la libertad de expresión; y mientras algún grupo parlamentario pidiera plantear el debate de acuerdo con el Reglamento, la obligación de la presidenta de la Cámara sería dar la voz a sus diputados.

Ahora bien, ¿podría el Parlament, de resultas de ese debate, votar la convocatoria de un referéndum para restablecer la pena de muerte en Catalunya? Evidentemente, sería inadmisible. Porque estaría dinamitando todo el edificio legal en el que habita la actual institucionalidad catalana: el propio Estatut, la Constitución Española y los Tratados de la Unión Europea.

Si el mero debate se transformara en acto, todo el mundo vería lógico que los organismos encargados de velar por la aplicación de la ley reaccionaran de inmediato. El Tribunal Constitucional advertiría de que esa votación no puede realizarse; los tribunales ordinarios harían responder por ello  a la autoridad parlamentaria que la hubiera consentido a sabiendas de su ilegalidad. Y por supuesto, desde Bruselas se recordaría que restablecer la pena de muerte no es compatible con pertenecer a la Unión Europea.

Hasta un niño entiende que debatir es una cosa y votar es otra

Hasta un niño entiende que debatir es una cosa y votar es otra. Lo primero forma parte de la libertad de expresión y debe ser amparado siempre y cuando no se haga apología del delito. Lo segundo implica una decisión: y la decisión de un Parlamento no es como la de una asamblea ciudadana.

Cuando Forcadell presenta la votación del Parlament como la mera expresión de un deseo político sin repercusión jurídica alguna, está degradando el papel y la importancia del propio órgano que preside. En el Parlament puede hablarse de todo y casi todo puede decirse; pero todo lo que vota el Parlament es trascendente, compromete a sus responsables y tiene consecuencias.

No, el Parlament de Catalunya no es una asamblea de facultad. Es un órgano que nace del Estatut, está amparado por la Constitución y vinculado a los Tratados de la Unión Europea. Y todas esas normas que le autorizan a poner y quitar gobiernos y a dictar leyes de obligado cumplimiento en su territorio, a la vez delimitan su ámbito de competencias y establecen lo que puede y lo que no puede hacer. Es, sencillamente, el Estado de derecho en funcionamiento.

Las fuerzas políticas que desde el Govern promueven la independencia de Catalunya han renunciado a la violencia para alcanzar esa aspiración política. Eso significa que, por supuesto, no piensan en una guerra de secesión; y tampoco en una revolución o un autogolpe que reviente por la vía de hecho el marco jurídico que da vida y legitimidad a ese mismo Govern y a las demás instituciones del autogobierno de Catalunya.

Sin embargo, se está haciendo creer a los catalanes que es posible escindir a Catalunya de España y alumbrar inmediatamente un Estado independiente (algunos hablan ya de meses) de forma pacífica y sin fractura revolucionaria del orden jurídico. Es más, se pretende hacer pasar la especie de que eso se produciría con el consentimiento más o menos pasivo del Estado español y el reconocimiento de la comunidad internacional –que si lo hicieran, estarían violentando sus propias leyes constitutivas–.

Los impulsores del procés son culpables de someter al pueblo de Catalunya a un engaño masivo que sólo puede desembocar en una frustración histórica

Naturalmente, es un gran embuste del que son muy conscientes los dirigentes políticos que lo difunden. Los impulsores del procés son culpables de someter al pueblo de Catalunya a un engaño masivo que sólo puede desembocar en una frustración histórica. Y en la sociedad, como en las personas, tras la frustración viene la depresión. Durante un tiempo puede que esta falsedad les resulte políticamente rentable pero, a la larga, se volverá contra ellos y pagarán un alto precio por ella.

Ni el Estatut de Catalunya, ni la Constitución Española ni los Tratados de la Unión Europea contemplan la posibilidad de quebrar la integridad territorial del Estado por la vía de hecho. En consecuencia, no pueden reconocer un referéndum convocado unilateralmente para ese propósito. Y guste más o guste menos, la obligación de quienes gobiernan las instituciones es atenerse a lo que la ley les obliga –o atenerse a las consecuencias de no hacerlo–.

Sólo pueden tomarse dos vías hacia la independencia: o se toma la vía subversiva, que implica choque de legitimidades, violencia y anomia, o se toma la vía del acuerdo, que exige compromiso mutuo de respeto de la ley (aunque sea para cambiarla) y, sobre todo, tiempo para fraguar. Si se elige lo primero, dígase y entreguen Catalunya a las CUP, que son quienes están en ello. Si se prefiere lo segundo, dígase también y seamos consecuentes.

Yo no niego que algún día Catalunya pueda convertirse en un Estado independiente mediante una votación democrática

Yo no niego que algún día Catalunya pueda convertirse en un Estado independiente mediante una votación democrática. Me parece una mala idea, pero no imposible. Lo que sí es imposible es que eso suceda a corto plazo. Y quien les diga lo contrario, está soñando o está mintiendo. 

Un procés pacífico y democrático hacia la independencia requeriría al menos dos cosas:

a) Convencer a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Catalunya de que ese es precisamente el futuro que desean. La inmensa mayoría no es el 51%: la mitad de un país puede elegir a un gobierno para cuatro años, pero no debería poder imponer a la otra mitad una decisión que, una vez tomada, será irreversible para muchas generaciones.

b) Modificar el marco legal existente para habilitar ese camino hacia el referéndum –y, eventualmente, hacia la independencia–, manteniendo el respeto a las reglas de juego del Estado de derecho. Lo que en este caso exigiría una reforma de la Constitución Española que habilitara la creación mutuamente consentida de un poder constituyente en Catalunya.

Nada de eso puede hacerse en unos meses; y desde luego, no se hará por la voluntad impuesta de una parte de una de las partes. En asuntos de esta  trascendencia los atajos no sólo son embusteros, además son extremadamente peligrosos.

Se habla de Quebec y de Escocia. Pero no se menciona que en ambos casos se tardó muchos años en forjar el consenso ciudadano y el acuerdo institucional que permitió celebrar un referéndum aceptado por todos sin quiebra de la legalidad. Nada de prisas, de unilateralidades ni de políticas de hechos consumados.

Mientras tanto, si yo fuera nacionalista estudiaría a fondo el “modelo Urkullu”. Haciendo muchas menos olas, el País Vasco es hoy lo más parecido que puede encontrarse en Europa a un Estado dentro del Estado. Y que yo sepa, el PNV no ha renunciado a nada, pero tampoco engaña a nadie. Y entiende mejor el valor del tiempo en la política.