Desde hace muchos años vengo sosteniendo que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la resolución del conflicto entre Catalunya y España debe estructurarse, de una parte, dentro del marco del derecho de la Unión y, de otra, en el reconocimiento de los derechos y libertades que al pueblo catalán, como minoría nacional que es dentro del estado español, le corresponden y cuya sistemática vulneración nos ha llevado hasta el punto actual.

Recuerdo que la primera vez que lo expuse públicamente fue en la Universitat Catalana d'Estiu en Prada y, sobre todo, me acuerdo de las caras de sorpresa, incluso algunas de rechazo, de los allí presentes, lo que no fue un dato menor. Nadie quiere ser miembro de una minoría nacional ni ser tratado como tal, pero parte de la solución al conflicto, la parte jurídica del mismo, pasaba y pasa por la asunción y el reconocimiento de esa condición que no tiene por qué ser algo negativo, simplemente es un hecho a partir del cual se puede construir una salida a un conflicto de complicada solución.

Pero si complejo resulta el asumir la condición de minoría nacional, mucho más lo es el asumir su existencia desde una perspectiva de la o las mayorías nacionales. Dicho más claramente y en directa relación con el conflicto entre España y Catalunya: si a un catalán le cuesta asumir que forma parte de una minoría nacional, a un español le cuesta aún más aceptar que en su estado existan minorías nacionales y que él forme parte de la dinámica represiva por mucho que no haya hecho nada o, mejor dicho, justamente por no haber hecho nada para impedirla, aceptando la situación dada y digiriéndola como lógica o natural.

Pienso que después de más de cuatro años insistiendo sobre este concepto, habiéndolo explicado en multitud de artículos de opinión, de escritos judiciales e, incluso, sosteniéndolo como causa de la condena al president Torra en la vista oral de casación ante el Tribunal Supremo, ya a ningún catalán le parece ni ajeno ni absurdo tal planteamiento, mucho menos ofensivo.

Pero, es más, tampoco tal planteamiento parece ofensivo o errático a los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han tenido ya varias ocasiones de escucharlo de mi boca y, especialmente, a lo largo de la vista oral que tuvimos el pasado 5 de abril. Además, es un concepto y forma de describir el estado de las cosas que se ha podido leer en muchísimos párrafos de nuestros extensos escritos dirigidos a dicho tribunal.

El nacionalismo español es incapaz de ver que la realidad de la actual configuración del Reino conlleva el atrapamiento de una serie de minorías nacionales y que algunas de estas se sienten francamente incómodas dentro del vigente marco estatal

En el caso de los jueces europeos, este planteamiento no les pareció ajeno ni extravagante, porque, de una parte, son grandes conocedores del derecho de la Unión —y el concepto forma parte de dicho derecho— y, de otra, porque es lo único que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, explica el comportamiento del Reino de España mientras que, a la vez, abre una vía de solución al conflicto —solución que tiene que ser política, pero que necesita enmarcarse en una estructura jurídica—.

Sin embargo, a quienes sigue costándole asumir el concepto, y las consecuencias de su uso y la existencia del hecho, es al nacionalismo español, que es incapaz de ver que la realidad de la actual configuración del Reino conlleva el atrapamiento de una serie de minorías nacionales y que algunas de estas se sienten francamente incómodas dentro del vigente marco estatal. Incluso, se sienten discriminadas, maltratadas y privadas de una serie de derechos entre los que destaco el de decidir sobre su futuro, y hacerlo desde una perspectiva soberana, así como el ser tratados como iguales ante y en la aplicación de la ley.

Claro que no les gusta y lo entiendo, porque, como digo, si es complejo asumir la condición de miembro de una minoría nacional, mucho más lo es el asumir ser parte de una mayoría generadora de la discriminación de una minoría. Y no es un juego de palabras, sino la constatación de una dura realidad: las minorías solo se sienten maltratadas cuando son privadas del elemento correcto que permite entender cumplido el derecho a la igualdad ante la ley así como al pleno ejercicio de sus derechos y libertades pero desde una perspectiva soberana.

Ningún estamento estatal ha querido entrar nunca a dicho debate, ni tan siquiera para desmentirlo o desacreditarlo, simplemente se han limitado a ignorarlo en todas y cada una de las ocasiones en que lo hemos planteado. Para las diversas instancias estatales, el concepto de “minoría nacional” ni existe ni se va a entrar a discutir sobre él, al menos eso era lo que sucedía hasta esta semana, aunque el cambio de situación haya pasado casi desapercibido entre tanto ruido electoral, electoralista y de descomposición sistémica al que algunos no terminamos de acostumbrarnos.

Si es complejo asumir la condición de miembro de una minoría nacional, mucho más lo es el asumir ser parte de una mayoría generadora de la discriminación de una minoría

Hemos tenido que esperar a que el Partido Popular tuviese un nuevo líder y a que este, desde una tribuna cuasi subsidiaria en el Senado, en lugar de en el Congreso, tuviese la ocasión de debatir con el presidente del gobierno español para, finalmente, escuchar no solo el término, sino, además, ver cómo se proponía asumir el problema que su reconocimiento conlleva.

Sí, en medio del debate —si es que así se puede llamar a la charla que tuvieron Feijóo y Sánchez en el Senado—, el presidente popular, miembro él mismo de una minoría nacional, propuso al presidente español lo que bien pueden ser las bases de una futura gran coalición, de iure o de facto, entre los dos grandes partidos estatales, y en dicho planteamiento terminó deslizándose una asunción implícita de la realidad estatal: la existencia de mayorías y minorías nacionales, con lo que ello conlleva.

Núñez Feijóo dijo abiertamente, en formato de propuesta de mano tendida a Pedro Sánchez, que era necesario “dejar de estar a la altura de las minorías y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles”. Interpretaciones habrá muchas, pero, sin duda, de lo que se estaba hablando es de la necesidad que ven los populares de alejarse de cualquier tipo de acuerdos con los representantes de las minorías nacionales para continuar gobernando España, el Reino, desde la perspectiva de la mayoría española.

Si alguna duda cabe del reconocimiento por parte de Núñez Feijóo de la existencia de un conflicto entre minorías nacionales y mayoría española, nada más claro que acudir a sus propias palabras cuando, esbozando un marco de gran coalición, zanjó la discusión proponiéndole a Sánchez que esté “a la altura de la mayoría de los españoles y no de las minorías independentistas”.

En una intervención de escasos minutos Núñez Feijóo, gallego y conocedor de la existencia de minorías nacionales dentro del Reino de España, no solo reconoció la existencia de estas, sino que tampoco propuso solucionar los conflictos como el existente entre Catalunya y España o el reconocimiento de los derechos de esas minorías, sino que, doblando la apuesta, invitó a Sánchez a que, juntos, se coaliguen en la defensa de la mayoría a costa de los derechos de esas minorías nacionales.

Insisto, lo propuesto fue actuar conjuntamente para estar “a la altura de la mayoría de los españoles y no de las minorías independentistas”.

Un planteamiento de estas características, de aceptarse, solo conllevará más discriminación, más represión y un mayor alejamiento de la esencia misma de lo que es la Unión Europea… Pero, visto desde la perspectiva opuesta, este planteamiento solo refuerza la legitimidad y necesidad de los postulados y pretensiones del independentismo, que busca no solo el reconocimiento de su derecho a decidir, sino la consolidación de un marco jurídico y político dentro del cual se vean garantizados en sus derechos soberanos y que son de los que vienen siendo privados, causa última del conflicto.

Sea como sea, si al final algo hay que agradecerle a Núñez Feijóo, es que haya tenido la claridad, también la valentía, de reconocer la existencia de minorías nacionales, aún cuando lo haga en el marco de una propuesta destinada a consolidar su represión y no a la protección de sus derechos.