Hace ya varios meses escribí, en este mismo medio, que cuando fallase la acusación por rebelión, ahora conocida como sedición, se intentaría criminalizar al president Puigdemont y al movimiento independentista que lidera, bajo cualquier otra cobertura legal. Dije también que a él y a su entorno, en el que me incluyo, se nos acusaría de todo y que se utilizarían las acusaciones más abyectas y sucias posibles. A la vista está que no me equivocaba.

La nueva acusación va de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental por irregularidades relacionadas con la utilización de fondos de la empresa de aguas de Girona, pero también podría ir por pederastia, tráfico de drogas, blanqueo de capitales o asesinato... La calificación jurídica no importa, porque lo auténticamente relevante es la criminalización que se pretende y cuyos tiempos no son inocuos. Ya alguno hace la calificación a brocha gorda de “corrupción” con la clara intención no solo de enlodar la imagen, sino, de pasada, intentar rellenar la casilla que la juez Lamela y el juez Llarena han pretendido usar para confundir a los jueces belgas y tratar de traer al president por la vía exprés de los “delitos catálogo” del sistema de euroorden.

Cuando analicemos lo que está sucediendo no perdamos de vista diversos aspectos y uno no menor es el del tiempo en que esta nueva piedra es arrojada.

¿Por qué se hace público ahora y no antes si el fiscal lleva años investigando estos hechos y la juez María Elena Román Aita cursó la opinión razonada el 17 de febrero pasado? La respuesta es más compleja de lo que a primera vista pueda parecer, pero, sin duda, no es un dato menor. En primer lugar, se hace pública la existencia de esta nueva causa justo el día en que los medios deberían estar centrados en una cuenta suiza del rey emérito y, en segundo lugar, cuando es visible que el papel desempeñado dentro de la JEC por algunos partidos políticos no ha sido menor.

Como si nada de eso fuese bastante, se ventilan unos hechos no solo antiguos, sino, también, carentes de cualquier sustento y, ello, días después del rotundo éxito del acto del president Puigdemont en Perpinyà y, sobre todo, cuando surgen serias y fundadas dudas sobre la viabilidad jurídica del suplicatorio por sedición que se está tramitando en el Parlamento Europeo. Los tiempos no son un dato menor y su gestión nada tiene que ver con la recta administración de justicia.

Seguiremos viendo nuevos ataques al president y cada uno de ellos será más estrambótico, demencial y peor fundado, por lo que, para evitar el despilfarro de fondos públicos, deberíamos saltarnos los prolegómenos e irnos directamente a resolver el asesinato de Kennedy atribuyéndoselo al president Puigdemont 

Si los tiempos no son menores tampoco lo es el cómo se ha llegado hasta esta “opinión razonada” cursada a instancia del fiscal José Grinda porque, primero, hemos de recordar que quien destapó lo que sucedía con los cánones de Aguas de Girona fue el propio president Puigdemont y, en segundo lugar, se ofreció a declarar al fiscal Anticorrupción de manera voluntaria para aportarle cuantos datos pudiese conocer y ser útiles para la investigación. Tal ofrecimiento, del que existe constancia, fue rechazado porque, como se me dijo, “no te preocupes, no se le investiga a él ni creo que tenga datos que nos vayan a servir”... Dicho más claramente: existía ánimo de colaboración por parte del president Puigdemont y un claro ánimo persecutorio por parte del fiscal del caso.

Los sistemas, cuando entran en fase de descomposición, terminan siendo imprevisibles y la sola existencia de esta causa es un claro reflejo de ello y no podemos olvidar que hay elementos destacables de esta causa que la terminan vinculando con la ya tristemente conocida como Operación Catalunya que ahora está en fase de “afinamiento” por parte del fiscal Grinda.

El problema de este tipo de actuaciones es que siempre consiguen uno de sus objetivos: enlodar la reputación del afectado y obligarle a dedicar tiempo y recursos en defenderse de algo que, como se demostrará, es falso de principio a fin. Una vez más se está aplicando el manual de law fare y, una vez más, la víctima de tales argucias no es otro que el president Puigdemont.

No es gratuito decir que estamos ante un acto de law fare y ello por algunas notas que lo caracterizan, aparte de las ya expuestas, y que se pueden resumir en que: a) los hechos que ahora se pretenden imputar al president Puigdemont son de hace más de 7 años y se rescatan ahora, b) no ha existido ningún tipo de perjuicio patrimonial para las arcas de la ciudad de Girona, sino, muy por el contrario, un incremento patrimonial toda vez que se compró la colección Santos Torroella por 3.900.000 euros cuando la misma estaba valorada en, al menos, 4.725.810 euros, c) en todo momento se ha actuado conforme se indicó por parte del interventor municipal, d) la adquisición de la colección Santos Torroella fue aprobada por la mayoría y e) es, jurídicamente hablando, tan barroca la imputación que termina transformándose, más si cabe, en un claro indicio de persecución política.

Si los hechos están claros y no son delictivos ―de lo que no tengo dudas―, ¿por qué se embarcan en este nuevo intento por criminalizar al president Puigdemont? Hipótesis tengo muchas, pero las más plausibles son dos: i) el rotundo éxito de su acto en Perpinyà ha puesto nerviosos a muchos, y ii) no son pocos los que pretenden reconducir sus carreras profesionales a costa de la cabeza del president. Lo que no han medido es que este nuevo ataque solo refuerza lo demostrado por el president en Perpinyà y el fracaso que conllevará esta embestida no conllevará ningún rédito profesional, sino todo lo contrario.

Lo que no reparan quienes se han despeñado en esta loca carrera por entregar la cabeza del president Puigdemont al precio que sea, es que, más temprano que tarde, en Europa se comenzará a hablar del caso Puigdemont como ya se está hablando del caso Navalny, en el que tantas imputaciones abyectas terminan acreditando una persecución política.

Sea como sea, seguiremos viendo nuevos ataques al president y a su entorno y cada uno de ellos será más estrambótico, demencial y peor fundado, por lo que, igual, para evitar el despilfarro de fondos públicos que esta persecución conlleva, deberíamos saltarnos los prolegómenos e irnos directamente a resolver el asesinato de Kennedy atribuyéndoselo al president Puigdemont como líder indiscutido del independentismo y de la conspiración que llevó al magnicidio de Dallas.