Han transcurrido algo más de cuatro décadas desde el 23-F de 1981 y parece como si fuera ayer. No es que el tiempo se haya detenido, porque en estos años han ocurrido muchas cosas, y algunas de gran importancia. Para empezar, ha habido un cambio muy reconfortante, por lo menos para quienes somos republicanos de verdad. El rey emérito Juan Carlos es hoy un paria. Vive fugado de la Hacienda española en Abu Dabi, una de esas monarquías absolutas y corruptas que le han engordado la cuenta corriente, en un intento por salvar la monarquía española, que vive una decadencia absoluta. No con mucho éxito, porque los líos de la familia real cada día son más esperpénticos.

A Juan Carlos ni siquiera le ha salvado la mentira, sostenida durante años, de que él había contenido el intento de golpe de estado. Cuando en el año 2000 la periodista gallega Rebeca Quintans publicó el libro Un Rey golpe a golpe. Biografía no autorizada de Juan Carlos de Borbón, lo hizo con el seudónimo de Patricia Sverlo, por si las moscas. En 2016 reeditó el libro y lo firmó con su nombre y con otro título: Juan Carlos I. La biografía sin silencios (Akal). Los esfuerzos de los hagiógrafos del rey, al estilo de Fernando Ónega o Javier Cercas, para desmentir la participación del monarca en todo aquello, han quedado superados por la investigación histórica y periodística. Anatomía de un instante es un libro indecente y deshonesto. Ninguno de estos libros hagiográficos puede rebatir los hechos expuestos por Quintans. Ni los de ella ni los de muchos otros autores (por ejemplo, Pilar Urbano o el exmilitar Amadeo Martínez Inglés), que han refutado documentadamente la tesis que asegura que en el intento de golpe de estado el Rey era el salvador.

El estado español, a pesar de la constitución democrática que lo rige, en realidad no es una democracia plena. Ninguna monarquía lo es, dejémoslo claro desde el principio, aunque los ingenuos pongan el ejemplo del Reino Unido, etcétera, etcétera. Si el jefe del estado no es elegido por sufragio y, además, como en el caso de España, interfiere en la política con opiniones y actitudes políticas, no es necesario recurrir a la guillotina para echar a la realeza, sino que basta, simplemente, con reclamar su supresión. O bien, como se intentó en Catalunya en 2017, separarse de ella para siempre. Lo malo es que, como escribe Quintans, el “juancarlismo” contaminó a periodistas e intelectuales de tradición izquierdista y republicana, como Francisco Umbral, Manuel Vázquez Montalbán o Manuel Vicent, quienes exaltaron la figura del Rey con apasionadas defensas de su papel en la Transición, que nunca fueron rectificadas ni matizadas, pese a la apabullante documentación histórica que demuestra lo contrario. Dejemos las cosas claras, porque la izquierda del régimen del 78 no está libre de culpa del homenaje injustificado al Rey.

El estado español, a pesar de la constitución democrática que lo rige, en realidad no es una democracia plena

En un momento en que resurge la corrupción en los entornos del PSOE con el caso de las mascarillas, cuya figura principal es quien dicen que era “asistente” (¿de cámara?) del ministro Ábalos, cabe recordar que en 1991 el PSOE fue protagonista del segundo caso de corrupción por la financiación ilegal del partido. El primero fue del PP, el caso Naseiro. Era la época en que Felipe González aún gobernaba y había intentado dar satisfacción a los golpistas con la aprobación de la LOAPA y con la organización de los GAL, operativos desde 1983. La memoria del presente es tan importante como la de la Guerra Civil, que es la que gusta recordar a Pedro Sánchez y a los suyos. Aquel escándalo de corrupción felipista lo destapó el contable de una de las empresas pantalla que utilizaban los socialistas. Era el chileno Carlos Alberto Van Schouwen, hermano de un dirigente del MIR, que es uno de los muchos desaparecidos después del golpe de estado de Pinochet en 1973, y él mismo había tenido que exiliarse a México. Allí conoció a Luis Oliveró, propietario de una de las empresas implicadas en la trama corrupta. Van Schouwen decidió filtrar a El Mundo y El Periódico las irregularidades, más por despecho que por un ataque de ética. Pidió un aumento de sueldo al constatar que el dinero corría en abundancia, y la empresa le respondió que se estuviera quieto, que él era un inmigrante sin papeles.

Entonces el PSOE protegió todo lo que pudo al todopoderoso secretario de organización del PSC, Josep Maria Sala. El empeño fue de tal magnitud, que consiguió sacarle de la cárcel en dos días. Ahora vamos a ver si Santos Cerdán y Salvador Illa, personas cercanas a la gestión de lo que hacía Koldo García, también cierran filas a favor del personaje, cuyo único mérito es haber sido valiente ante ETA, para proteger las redes clientelares. Un corrupto nunca actúa solo, y por eso la gente con poder los protege. El periodista Xavier Vinader, que destapó la trama de la guerra sucia contra ETA, al final fue juzgado y condenado por “imprudencia temeraria profesional con resultado de dos asesinatos”. Se exilió, naturalmente, porque se le perseguía por terrorismo simplemente porque era un periodista que buscaba la verdad. Él era uno de esos periodistas que no doblegan ante el poder y, en cambio, el juez de la Audiencia Nacional era un espécimen tan tramposo como los jueces que persiguen al independentismo saltándose el estado de derecho.

La amenaza a la lengua y a la cultura catalanas es hoy tan o más importante que hace cuatro décadas

En España, tras cuarenta años, todo sigue igual. Fíjense bien. El 25 de enero de 1981, Diario 16, un rotativo en aquel tiempo identificado con la izquierda, aunque estuviera dirigido por Pedro J. Ramírez, dio a conocer el llamado Manifiesto de los 2.300. ¿Se acuerdan, verdad? Sus efectos aún siguen vivos hoy. El españolismo atacaba preventivamente la inmersión lingüística. Era un españolismo alimentado por algunos sectores de la izquierda estatista, pues, aclaremos las cosas, en ese momento Federico Jiménez Losantos no era el facha que es ahora, sino un profesor que salía de Bandera Roja. Protestaban incluso antes de que existiera ninguna ley de normalización lingüística y de que se aplicase el plan piloto de inmersión en catalán de la enseñanza en diecinueve aulas de doce escuelas de Santa Coloma de Gramenet y el proyecto Font Rosella de Sabadell. Se puso en marcha el curso 1983-84. En honor a la verdad, hay que reconocer que estos dos ayuntamientos estaban gobernados por el PSUC, con dos alcaldes entonces carismáticos: Lluís Hernández y Antoni Farrés, respectivamente. La contradicción entre las dos actitudes de la izquierda es de ellos y de nadie más, como se pudo constatar otra vez durante el procés. Entonces también pudimos descubrir un españolismo rampante, agresivo y xenófobo en las filas de los socialistas y los comunes.

La amenaza a la lengua y a la cultura catalanas es hoy tan o más importante que hace cuatro décadas. Con el añadido actual de que la presión demográfica y cultural de los nuevos catalanes ha generado un desequilibrio importante a favor del castellano. En 1981, la sociedad civil catalana reaccionó con audacia e imaginación. El 18 de marzo, 1.700 personas se congregaron en el paraninfo de la Universitat de Barcelona para crear la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes. El día de San Juan de ese mismo año, aquella Crida organizó un macroconcierto en el Camp Nou que fue un éxito. Bajo el clamor “Somos una nación”, actuaron Lluís Llach, La Trinca, Marina Rossell, Al Tall y el cantante de flamenco Manel Gerena, haciendo un guiño a los otros catalanes. La batalla de la lengua estaba servida en Catalunya, como en el País Valencià, que ha vivido amenazado por la “peste azul”. Ahora el PP valenciano y balear están oficializando la marginación del catalán desde las instituciones de autogobierno. En Catalunya, la crisis del modelo lingüístico inmersivo en las escuelas se une a la ofensiva del 25% de castellano en las aulas que el PSC defiende junto a las organizaciones españolistas.

Al cabo de una década de movilizaciones para conseguir votar si queríamos separarnos de España o no, no estoy seguro de que hoy el independentismo pudiera llenar el Camp Nou como en 1981. El fracaso del 27-O ha generado una desmovilización prácticamente total, mientras que el españolismo se reorganiza para aprovechar esta debilidad política, que se suma a la mala gestión diaria que ERC hace de los asuntos sociales. Días atrás, La Vanguardia publicó un artículo de un colectivo que se hace llamar de Pau i Treva, integrado por hombres que lo han sido todo en el régimen del 1978 de la mano del PSOE, el PP y CiU, reclamaba a Pedro Sánchez que se desembarazara de Carles Puigdemont para volver al idílico mundo del régimen del 78. Por encima de los argumentos falaces sobre el hecho de que todo el mundo quiera la paz, menos los independentistas, la senectud de los firmantes es el reflejo de la decadencia de un régimen que, al menos en Madrid, no tiene alternativa. Lo que resulta incomprensible es que, en Catalunya, el independentismo se desmorone y no pare de fragmentarse. Nada es más urgente que resolver las miserias para servir al país y salirse de España.