Lo que está sucediendo en Ceuta no es solo una crisis migratoria. Es una lección de geopolítica. Cientos de jóvenes han cruzado la frontera desde Marruecos y más de 1.500 personas han llegado en los últimos días. La ciudad está desbordada. La primera imagen puede engañar. Parece una multitud de jóvenes decidiendo individualmente que hoy es un buen día para entrar en Europa. Pero una frontera como la de Ceuta no se abre y se cierra sola. Al otro lado está Marruecos.
Rabat sabe desde hace muchos años que la inmigración es una de las principales vulnerabilidades de España y de la UE. Cuando las fuerzas marroquíes controlan la frontera, las llegadas disminuyen. Cuando aflojan la presión, las consecuencias son inmediatas. Lo vimos espectacularmente en mayo de 2021. Después de que España acogiera al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, cerca de 8.000 personas entraron en Ceuta en pocas horas, ante la pasividad de las autoridades marroquíes.
Este mes de julio, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el dictamen de una proposición de ley para que los saharauis nacidos bajo administración española y sus descendientes puedan acceder a la nacionalidad española. El Congreso todavía no lo ha aprobado, pero a Marruecos no le habrá gustado, ya que reconocer ahora una relación jurídica especial con los saharauis equivale, al menos simbólicamente, a recordar que existía una población vinculada jurídicamente a España antes de la ocupación marroquí. Tampoco habrá gustado el viaje de Pedro Sánchez a Argel este julio para culminar la normalización de las relaciones con Argelia —gran rival regional de Marruecos— tras cuatro años de crisis, y para reforzar, entre otras cosas, la cooperación energética y las importaciones de gas.
La inmigración es, por lo tanto, una cuestión humanitaria, pero también de política exterior, seguridad y soberanía. Marruecos lo sabe perfectamente. Y España también debería saberlo, tras décadas de relaciones extraordinariamente complejas con Rabat. Esto no significa que cada joven que hoy cruza la frontera forme parte de una operación política. Al contrario. Muchos huyen de la falta de expectativas y buscan en Europa unas oportunidades que consideran imposibles de conseguir en su país. Pero una cosa son las motivaciones personales de los migrantes y otra las condiciones que permiten que miles de personas lleguen simultáneamente a una frontera. Y aquí las decisiones de los Estados tienen una importancia determinante.
Catalunya es uno de los principales territorios receptores de inmigración del Estado español, pero sigue sin disponer de todos los instrumentos para gobernarla
También hay otro factor. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha limitado las devoluciones inmediatas de personas que entran nadando. Es posible que esta nueva situación jurídica haya contribuido a incrementar los intentos de entrada. El resultado es una combinación explosiva: jóvenes sin expectativas, una frontera extraordinariamente sensible, cambios jurídicos, redes que transmiten información rápidamente y un país que dispone de la capacidad real de controlar o relajar el paso.
Y es aquí donde Catalunya debería tomar nota. La inmigración no consiste solo en acoger a personas cuando ya han llegado. Significa decidir sobre flujos, permisos, integración, seguridad, lengua, mercado laboral, expulsiones y cohesión social. Catalunya es uno de los principales territorios receptores de inmigración del Estado español, pero sigue sin disponer de todos los instrumentos para gobernarla. Es una anomalía: asumimos buena parte de sus consecuencias, pero muchas de las decisiones siguen tomándose en Madrid. Junts logró que el PSOE aceptara esta realidad. En marzo de 2025, ambos grupos registraron en el Congreso una ley orgánica para delegar a Catalunya competencias estatales en inmigración mediante el artículo 150.2 de la Constitución.
La propuesta permitía ampliar las funciones de los Mossos, gestionar los CIE, intervenir en permisos de residencia y asumir más capacidad ejecutiva en materia de retornos. Pero en septiembre de 2025, el Congreso la tumbó: 177 votos contra 173. Podemos votó en contra porque consideraba la propuesta discriminatoria. Meses después, se abrió a renegociarla. E incluso Salvador Illa ha defendido este julio que Catalunya asuma más competencias. La carpeta, por lo tanto, sigue abierta.
Ceuta nos recuerda por qué es urgente reabrirla. Catalunya necesita una política migratoria propia, ordenada, exigente e integradora. Acoger a quien llega, integrar a quien se queda y poder decidir quién entra y quién no. Gobernar la inmigración en lugar de limitarnos a gestionar sus consecuencias. Catalunya no tiene que elegir entre fronteras sin control y discursos contra los inmigrantes. Catalunya tiene que poder hacer otra cosa: decidir, ordenar, integrar y gobernar la inmigración.