Hay decisiones cuyo verdadero alcance solo se comprende cuando han desplegado todas sus consecuencias. La que adoptó el president Puigdemont, junto con varios miembros de su Govern, a finales de octubre de 2017 —cruzar la frontera en lugar de aguardar pasivamente una prisión que ya estaba decidida— ha necesitado casi nueve años para revelar toda su dimensión. Y lo ha hecho de la forma más rotunda imaginable: con la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalando, el pasado 16 de julio, la ley destinada a desjudicializar el conflicto y devolverlo al terreno de la política, que era precisamente el propósito de aquella decisión. Esta serie, que comienza hoy y se publicará durante los cinco lunes de agosto, pretende reconstruir todo el recorrido: qué sentido ha tenido el exilio, qué se logró en cada etapa, quiénes lo atacaron y de qué manera, y por qué el camino ha desembocado exactamente en el lugar al que se quiso llegar desde el primer día. Conviene comenzar por el principio, porque fue a partir de aquel momento cuando se construyó la mentira más persistente de estos años: la de la huida.
Recordemos el escenario. El 27 de octubre de 2017, el Senado autoriza la intervención de la autonomía catalana y el fiscal general presenta, el lunes 30, querella por rebelión contra todo el Govern. La rebelión exigía —exige— un alzamiento violento y público, y quien haya repasado aquellos días sabe que la única violencia fotografiada fue la de las porras del 1 de octubre. Pero aquel tipo penal no se eligió por su encaje con los hechos, sino por su utilidad procesal: permitía la prisión provisional inmediata, arrastraba la competencia hacia muy concretos tribunales, permitía una inhabilitación preventiva y agitaba penas de hasta treinta años. Los consellers que acudieron a declarar a la Audiencia Nacional el 2 de noviembre entraron en prisión ese mismo día. Esa era la alternativa real: no entre quedarse y marcharse, sino entre defenderse desde una celda, sin voz, con el relato del Estado ocupándolo todo, o defenderse en libertad, con la palabra intacta, ante tribunales que el Estado no controlaba. Cualquier penalista sabe que la prisión provisional, cuando se administra así, deja de ser una medida cautelar para convertirse en un instrumento de doblegamiento. La decisión de octubre consistió en impedir que funcionara.
Lo que vino después desmonta por sí solo la etiqueta de "la fuga". El 3 de noviembre la Audiencia Nacional dictó órdenes europeas de detención y entrega; el domingo 5, el president y los consellers Comín, Puig, Serret y Ponsatí se presentaron voluntariamente ante la policía federal belga. Quien huye no se entrega; quien confía en el derecho, sí. Y ese mismo día ocurrió algo que el lector español tardó en procesar: un juez de instrucción los escuchó durante horas y los dejó en libertad sin fianza, con la única obligación de mantener domicilio conocido y no salir de Bélgica sin autorización. Sin cárcel preventiva, sin escarmiento, sin trofeo. El primer tribunal independiente que examinó el asunto decidió, en cuestión de horas, lo contrario de lo que el sistema judicial español venía decidiendo respecto de los que se quedaron. Idénticos hechos, idénticos delitos imputados, dos respuestas opuestas: esa asimetría, que entonces se despachó como anécdota, era en realidad el primer dato del problema.
Merece la pena detenerse en el instrumento, porque nos acompañará durante toda la serie. La euroorden descansa sobre el reconocimiento mutuo: los Estados miembros entregan personas de forma casi automática porque se presume que todos garantizan un proceso justo. Pero esa presunción tiene rendijas. El juez de ejecución comprueba, entre otras cosas, la doble incriminación de los delitos no incluidos en la lista de entrega automática y, sobre todo, rige el principio de especialidad: el entregado solo puede ser juzgado por los delitos por los que se acuerda la entrega. Si Bélgica entregaba sin rebelión, el Supremo no podría juzgar la rebelión. Y la rebelión era lo único que de verdad importaba en Madrid, porque sin ella no había ni competencia, ni prisiones, ni relato.
El sentido del exilio era triple: conservar la libertad y la palabra, privar al Estado del trofeo con el que pensaba cerrar en falso el conflicto y, sobre todo, internacionalizar el pleito
Por eso la primera victoria llegó tan pronto y de manera tan reveladora. El 5 de diciembre de 2017, antes de que la justicia belga resolviera, el instructor Llarena retiró las euroórdenes. El auto hablaba de preservar la unidad de la causa y de evitar respuestas contradictorias; traducido: Bélgica iba a entregar, en el mejor de los casos, por la parte menor de los delitos imputados, y una entrega así dinamitaba la construcción entera. Anoten la secuencia, porque se repetirá: el Estado que presentaba a los exiliados como prófugos prefería retirarse antes que someter su relato al examen de un tribunal europeo. La primera batalla del exilio no se ganó esquivando jueces: se ganó compareciendo ante ellos y viendo cómo era el acusador quien se levantaba de la mesa.
El 21 de diciembre, la política confirmó lo que el derecho apuntaba. Las elecciones convocadas por Rajoy en virtud del 155, concebidas como el entierro demoscópico del independentismo, devolvieron una mayoría absoluta independentista y dieron al president Puigdemont un acta de diputado ganada desde Bruselas. El exilio quedaba validado en las urnas apenas siete semanas después de comenzar. Ya no era la peripecia de un perseguido: era una posición política, institucional y jurídica desde la que resistir y desde la que construir.
¿Cuál era, entonces, el sentido del exilio? Triple. Conservar la libertad y la palabra, que son la condición de toda defensa eficaz. Privar al Estado del trofeo con el que pensaba cerrar en falso el conflicto, porque un president encarcelado era un conflicto congelado a conveniencia del carcelero. Y, sobre todo, internacionalizar el pleito: sacarlo del circuito doméstico que lo había prejuzgado y convertirlo en litigio europeo, de manera que cada pieza del relato oficial tuviese que superar el contraste de jueces sin hipotecas. Se acusó a la defensa de buscar tribunales a la carta, y la acusación siempre tuvo gracia viniendo de donde venía: quien alteró las reglas de competencia fue el Estado, llevando a la Audiencia Nacional y al Supremo lo que correspondía a los tribunales de Catalunya; el exilio se limitó a comparecer ante los jueces del lugar donde legalmente residía. Esa estrategia asumía desde el inicio que el camino sería largo y sabía dónde terminaba: en Luxemburgo, porque todo lo que se litiga en el espacio judicial europeo acaba, tarde o temprano, ante su intérprete supremo. Que ahora, casi nueve años después, el aval a la amnistía lleve la firma de la Gran Sala no es un azar afortunado: es la llegada a una meta que estaba dibujada en el plano desde el primer día.
La ciencia política tiene nombre para esta operación desde hace más de sesenta años. Schattschneider lo dejó escrito en 1960: el resultado de todo conflicto lo determina su alcance, y por eso el contendiente que pierde en un tablero reducido tiene un único movimiento racional: ampliarlo, incorporar nuevas audiencias, nuevos árbitros, nuevos públicos. Eso —y no una peripecia procesal— fue el exilio: la decisión política de expandir el perímetro del conflicto hasta dimensiones que el Estado no pudiera controlar. Conviene decirlo con todas las letras, porque estos años se ha querido reducir esta historia a una sucesión de habilidades de despacho: los abogados pusimos la técnica, pero la estrategia fue siempre política y su diseño fue siempre del president Puigdemont. El derecho ha sido la vestimenta; el cuerpo que la llevaba era un proyecto político que decidió no dejarse encerrar, ni física ni conceptualmente, en el marco que su adversario había elegido.
Nada de esto lo vieron —o no quisieron verlo— quienes despachaban el exilio con el vocabulario del folletín, ni tampoco los maximalistas de salón, siempre dispuestos a exigir gestos épicos e inmolaciones ajenas mientras no ganaban un solo pleito. La historia de estos nueve años es la refutación paciente de unos y de otros, y eso es lo que esta serie pretende documentar y recordar. El próximo lunes, la primera gran prueba: qué ocurrió cuando el relato de la rebelión tuvo que defenderse, con el sumario encima de la mesa, ante los tribunales de Alemania, Bélgica y Escocia. No por sabido, adelanto el resultado: no sobrevivió a ninguno.