El pasado miércoles pudimos volver a disfrutar de Albert Batalla haciendo política. Sus declaraciones ante el Ayuntamiento de la Seu junto a Jesús Fierro y Mireia Font, miembros de su equipo municipal en el año 17, subrayaba una manera de hacer. El motivo de esta atención a los medios es que, después de 5 años, la juez ha archivado "por falta de hechos delictivos" la causa contra ellos y otros directivos y trabajadores del Ayuntamiento de la Seu y el Consejo Comarcal del Alt Urgell. Todo lo que han tenido que sufrir durante estos cinco años es muy injusto y está bien que haya terminado. Pero todos sabíamos que no había fundamento y todos sabíamos por qué alguien lo hizo. El buen hacer de los concejales es la vergüenza de quienes les han perseguido.
La cronología de los hechos no tiene desperdicio: Una semana antes del referéndum del primero de octubre de 2017 una o varias personas dirigieron una denuncia anónima a anticorrupción. En marzo del 18 la Guardia Civil de Lleida realiza un informe secreto. En marzo de 2019 la Fiscalía presenta una querella y, dos días después, la Guardia Civil entra con gran show mediático en el Ayuntamiento y en el Consejo Comarcal. En enero del 20, se abren dos piezas separadas y en febrero declaran los investigados. Atención ahora. En julio de 2020, se dicta el sobreseimiento y archivo de las dos piezas separadas. Dos días después se dicta el primer auto de prórroga a petición de la Guardia Civil: doce meses. Julio de 2021, segunda prórroga: seis meses. Enero de 2022, tercera prórroga: seis meses. Julio de 2022, cuarta prórroga: seis meses. Enero de 2023, auto por el que se dispone no prorrogar más la instrucción pese a la petición de la Guardia Civil. Febrero 2024, declaraciones de los investigados. Tras ello, las defensas pidieron el sobreseimiento y archivo de la causa, al cabo de unos días también lo hizo la Fiscalía —que era la única acusación— y finalmente, en febrero de este año, la jueza archivó la causa por falta de hechos delictivos.
Que años de cárcel, de exilio y de causas de investigación contra la gente que se la ha jugado políticamente se den por amortizados es un grave error
Después de esta denuncia anónima y de este procedimiento injusto, ¿qué es lo primero que han hecho Batalla y el resto de los investigados? Convocar a los medios de comunicación para subrayar que su actuación fue “honesta y transparente”. Y también pidieron a quienes interpusieron la denuncia anónima que salgan a dar la cara y a pedir disculpas por los daños que les han causado a ellos y a sus entornos. Puede parecer ingenuidad, pero es buena política. Hacer bien las cosas, el estilo Batalla. Hacer con pasión y con la máxima exigencia de calidad lo que te has comprometido. No es de extrañar que hayan recibido tantas muestras de apoyo y cariño, así como el reconocimiento de buena parte de los ciudadanos. Aunque el daño ya está hecho.
Si analizamos cómo han ido las cosas, veremos que la celebración del juicio era lo de menos. Lo que se buscaba haciendo la denuncia anónima, lo que se buscaba presentando una querella, lo que se buscaba con la entrada de la Guardia Civil, ya se ha cobrado. Para tratar de derribar alcaldías, para derribar a políticos, para tratar de derribar ideas, no necesitan la sentencia de un juicio, al contrario. Necesitan una gran gesticulación previa y alargar todo lo posible el procedimiento de instrucción. Porque cuentan con dos conductas de la gente: primero, que lo creerán -como lamentablemente ha pasado mucho en nuestro país últimamente- y segundo, que al cabo de todos los años de procedimiento y sufrimiento lo darán por amortizado, agua pasada. Que años de cárcel, de exilio y de causas de investigación contra la gente que se la ha jugado políticamente se den por amortizados es un grave error. Aparte de que cuentan con que pasará, muestra un punto de mezquindad social bastante nocivo. Suerte de los Batalla, que no se rinden y no se dejan ensuciar.