Nos cobran por abrir una cuenta corriente, por ingresar nuestro dinero, por disponer de efectivo, por gastos de mantenimiento, por hacer una transferencia… y hasta por respirar junto a la puerta de una sucursal. Lo que no sabíamos era que el cobro de según qué cargos o impuestos era ilegal. Es el caso del pago por actos jurídicos documentados, una cantidad que corresponde abonar al prestatario cuando se eleva a notario una escritura hipotecaria y que, sin embargo, pagábamos los españolitos porque sí, porque el sistema financiero lo decidió por su cuenta y riesgo y porque ningún gobierno quiso molestar a los poderosos del dinero.

La sala tercera de lo contencioso administrativo del Supremo ha dictado una sentencia que obliga a los bancos a pagar un impuesto que hasta ahora se cargaba a los hipotecados, y se ha armado tal bochinche que el presidente de la sala ha decidido suspender la aplicación del fallo por su “enorme repercusión económica y social”. ¡Poderoso caballero es don Dinero!, que dejó escrito el genial Quevedo.

¿Desde cuándo los jueces están para hacer cálculos? ¿Dónde está escrito que su misión sea proteger los intereses de la banca? Y aún nos cuentan que es que había una sentencia anterior de la sala de lo civil que decía lo contrario, y que por eso hay que elevar el asunto al pleno para contrastar sendos criterios. ¡Patrañas!

Primero fue el rescate económico y ahora el judicial. La banca gana de nuevo

Lo que querían era frenar el desembolso ―miles de millones― que suponía la devolución del dinero a los estafados. Primero fue el rescate económico y ahora el judicial. La banca gana de nuevo. Lo que ha ocurrido en estos días es un golpe al estado de derecho. La diferencia es que en esta ocasión nadie perseguirá a los responsables del latrocinio, que traducido a millones suman casi 30.000 si hubiera retroactividad total. Ni lo sueñen. Como mucho, devolverán lo que cobraron indebidamente durante los últimos cuatro años. Y veremos, porque ya auguran los profetas del Apocalipsis que el roto para las cuentas de resultados de los bancos sería en todo caso mayúsculo. Lo dicen como si el agujero ―3.000 euros por una hipoteca de 150.000 euros― en el bolsillo de los estafados nunca hubiera existido.

De un lado, el dinero. De otro, el deterioro y la falta de confianza en las instituciones españolas. No negarán que lo que ha hecho el Supremo añade emoción a una democracia donde no hay poder ni institución que haya salido  incólume de tanto desdoro. Pues nada, que siga tocando la orquesta hasta que el barco se hunda del todo, pero después no se pregunten por qué el desapego o la expansión de los extremismos. Porque es así como los ciudadanos, cansados de recortes, corrupción, formaciones políticas instaladas en el tradicionalismo e instituciones más pendientes de velar por el interés de unos cuantos y no por el de todos, suelen canalizar su malestar con los que mandan, sean estos del poder ejecutivo, el legislativo o el judicial.