Una de las razones de fondo —una de tantas, pero capital— que explica el auge de la extrema derecha es la percepción de que el sistema democrático está roto. Que no cumple ninguna de sus promesas, porque los actores políticos que en él participan tampoco lo hacen. Que el poder político no reside verdaderamente en manos de los ciudadanos, porque, una vez cedido por medio del voto, la fiscalización efectiva se hace imposible hasta al cabo de cuatro años. El electorado se ve obligado a comprar grandes paquetes de ideas —que al final tampoco son ideas, son eslóganes superficiales cocinados para diferenciarse— bajo la consigna tóxica de que quien no participa no tiene derecho a manifestar su desencanto con la disfunción. Para muchos ciudadanos —catalanes, pero occidentales a grandes rasgos—, lo que debía ser el sistema menos malo, hoy es un sistema en el que las decisiones que tienen una incidencia palpable sobre la vida de los gobernados se toman al margen de su voluntad. A los ojos de los ciudadanos cansados y frustrados, la disfunción asociada al sistema democrático convierte a los actores políticos que reclaman más democracia en cómplices de la propia disfunción, en sospechosos de querer sacar provecho político y personal.
La extrema derecha recoge este desengaño y consigue vincular a los ciudadanos a su propuesta política, poniendo las disfunciones en cuestión en el centro de la conversación política, tachando de cómplices al resto de actores políticos y revistiéndose de una apariencia renovada de honestidad que a muchos les vuelve a merecer confianza. "Orriols dice lo que todo el mundo piensa, pero nadie se atreve a decir" es una sentencia que la mayoría de los que me leéis habréis escuchado. En la mayoría de los casos, este sentido de proximidad —aderezado con la aversión a los moros, en el caso catalán— ya vale el voto. Me refiero a Catalunya porque la suya es la vida política que conozco y porque soy de la opinión de que las disfunciones democráticas a las que me refiero y de las que la extrema derecha se aprovecha se pueden leer de un modo especialmente diáfano. Que se aproveche, puntualizo, no significa que justifique las razones: una cosa es describir el escenario de donde bebe una propuesta política y otra cosa es validar el programa político que sobre este escenario construye la propuesta política en cuestión.
El gobierno de los socialistas en Catalunya alimenta intencionadamente a la extrema derecha dentro y fuera del hemiciclo porque pretende beneficiarse de la polarización. La alimenta cuando se enfrenta a ella parlamentariamente para autoafirmarse, porque la convierte a ojos de los ciudadanos en la verdadera oposición; y la alimenta, sobre todo, cuando gobierna mal. En el caso del gobierno del president Illa, este "mal" tiene dos caras que, al fin y al cabo, trabajan en los mismos términos. La primera es la cara de los tics totalitarios: que la apuesta de futuro y el concepto de éxito de este gobierno sea la Catalunya de los diez millones, por ejemplo, y que lo sea sin ningún ánimo de buscar consenso político, refuerza la opinión de que las decisiones que afectan a la ciudadanía de verdad apenas están abiertas a debate. La Catalunya de los diez millones es una muestra práctica, pero en este saco también podríamos incluir la ampliación del aeropuerto, sin ir muy lejos, el modelo económico de ladrillo y turismo, o la pertenencia de Catalunya al Estado español, que en realidad condiciona todas y cada una de las decisiones. Sin embargo, este modus operandi no es completamente exclusivo de los socialistas ni estrictamente político. Convendremos que, en los últimos diez años, uno de los episodios que ha cargado más frustración y desconfianza entre los catalanes y sus políticos ha sido el fracaso del procés. Y que aquí la clase política independentista tiene su responsabilidad.
El electorado se ve obligado a comprar grandes paquetes de ideas, que al final tampoco son ideas, son eslóganes superficiales cocinados para diferenciarse
La segunda cara del "mal" es el desgobierno del Govern, y la consigna infantilizadora de que basta con prometer que ahí donde exista una crisis se destinará más dinero. O que hace falta un gran debate —como el papelón que le hacen hacer ahora a Niubó—, más mesas redondas, más observatorios, más subdepartamentos de departamentos, más grupos de estudio para que la cosa acabe de funcionar como los contribuyentes —que son quienes pagan el sarao— querrían. En este saco tenemos la crisis en el cuerpo de bomberos, la crisis educativa, las reclamaciones de los profesionales del sistema sanitario, el desbarajuste de la red ferroviaria o los datos alarmantes de uso habitual de la lengua catalana, sin ir muy lejos, que los socialistas han resuelto con el Pacte Nacional per la Llengua o el Comissionat pel català en Barcelona. Ambas caras envían el mensaje de que el sistema político opera al margen de las inquietudes de los ciudadanos y de que no funciona nada de lo que debería funcionar.
Cuando el gobierno de los socialistas decide retirar determinadas cuestiones del debate público propio de las sociedades democráticas y abrir debates sobre cuestiones que son responsabilidad del gobierno —como si el debate ya fuera una solución en sí misma, como si la voluntad de "consenso" supliera una buena gestión—, allana el terreno a la misma extrema derecha que dice combatir, porque echa leña al fuego del desengaño con el que esta se calienta las manos. Si el auge de la extrema derecha coge impulso en el descrédito del sistema democrático, por mucha gesticulación y confrontación hiperventilada que se exhiba en el arco parlamentario, quien gobierna mal y fomenta el descrédito alienta dicho auge.