“Y ahora, hijos míos, recemos un padrenuestro para que Dios nos libere de la justicia”. 
Castelao

Ayer en el Tribunal Supremo las togas de la brigada patriótica salieron con las puñetas entre las patas. Eso significa, entre otras cosas, que todavía quedan jueces en España, aunque a Tamara Carrasco le haya costado un largo, injusto y peligroso camino comprobarlo en el que habrá perdido muchas cosas que nadie va a devolverle. Por 11 votos contra 5, Tamara Carrasco resultó absuelta en sentencia que será firme, pero no eran esas las intenciones iniciales del presidente de la sala II ni del ponente de la resolución, cuyas premisas se vieron desbaratadas.

Tamara Carrasco, de terrorista y rebelde detenida y conducida a la Audiencia Nacional por la Guardia Civil, a mujer cuya inocencia ha sido claramente vista por al menos 14 magistrados durante todo el procedimiento. De un mensaje de Whatsapp —de origen nunca aclarado—, de un grupo terrorista que “ponía en peligro no sólo la paz pública, el orden constitucional, sino la esencia misma del sistema democrático”, a una “investigación iniciada de modo poco serio” y a una absolución tras otra hasta la absolución final. ¿Terrible, no? Pues más terrible es que cinco magistrados de la sala II todavía querían condenarla ayer. El propio ponente, Ángel Hurtado, llevaba prevista una sentencia que aceptara la casación de la absolución, pero se vio derrotado por 11 de sus compañeros, de modo que tuvo que pasarle la ponencia a Javier Hernández, una de las mentes más brillantes de esa sala que redactará la sentencia denegando la casación propuesta por la Fiscalía. Se quedaron solos queriendo casar la absolución el ponente Ángel Hurtado —ascendido tras su papelón favorable al PP en el juicio de Gürtel y su masaje al testigo Rajoy—; Manuel Marchena, Antonio del Moral y Pablo Llarena —todos ellos implicados en la causa del procés—; Sánchez Melgar, ex fiscal general del Estado de Rajoy, y Vicente Magro, senador que fue del Partido Popular. Que no tendrá nada que ver, pero que no deja de ser bien curioso que frente a tanto colega que ha visto clara la inocencia, sean precisamente ellos los empeñados en no verla y que hasta voto particular han anunciado.

Me ha gustado ver en el caso Tamara Carrasco que aún quedan jueces dispuestos a hacer su trabajo, pero no sé si en la pirámide de la justicia son suficientes para parar el avance de la brigada de las togas

“El mensaje que envió a su grupo de amigos originó un gran peligro porque era un punto de partida hacia la violencia real”, insistía el fiscal en su recurso de casación. El mensaje era su única prueba y el mensaje, que yo he oído además de leído, no contiene para nada una incitación a los desórdenes públicos. Pero vayamos más allá. “No queda acreditado que la Sra. Carrasco García hubiese distribuido públicamente el audio que remitió a un grupo de amigos”, dicen los hechos probados de la sentencia inicial. ¿Y cómo llegó ese audio de guasap a la Guardia Civil? No ha habido forma de saberlo. La única explicación farfullada en el juicio por un número de la Benemérita fue que “corría por Whatsapp”. Nada que pueda asegurar la trazabilidad del origen legítimo de la prueba, sustancial para poder basar en ella un proceso. El abogado Salellas lleva todo el procedimiento intentando averiguarlo y nada ha podido saber. Traigo esto a colación por la extrañeza que produce que la Guardia Civil tenga en sus manos un audio de un sistema de mensajería que no ha podido justificar que le remitiera o denunciara nadie, y que podría tener una procedencia ilegítima si hubiera sido interceptado de forma ilegal por un sistema como Pegasus.

Volvemos a Pegasus. ¿Es el de Tamara Carrasco uno de los nombres tachados en los autos del CNI? ¿Pertenece al otro montante de móviles infectados? ¿Estaba pinchada legalmente desde 2017? No lo sabemos. García-Castellón mantiene secreta la pieza madre de la que surgió toda la operación contra los CDR, las Diligencias Previas 104/2017, de las que al menos surgieron las operaciones de Tamara Carrasco y de Adrià Carrasco. ¿Qué contiene esa pieza secreta? ¿Qué intervenciones se autorizaron y con qué justificaciones? Los superiores del juez García-Castellón ya le han tirado dos veces de las orejas por mantenerla secreta, porque consideran que vulneró la tutela judicial efectiva al ocultar elementos de la investigación a los abogados de los trece CDR y porque la investigación “se inició palmariamente antes de 2018, en 2017, mediante una pieza secreta”.

Vistas así las cosas, ¿qué podemos esperar de la justicia en la tarea de aclarar qué ha sucedido en el CatalanGate con todos los teléfonos espiados que no estaban autorizados por el CNI? ¿Y de los que lo estaban, cuyos autos sólo serán desclasificados si lo pide un juez? De momento, ya vamos viendo que la Audiencia Nacional ha recurrido a la consabida pieza secreta —para el caso del espionaje a los móviles del Gobierno—; un juez de Barcelona ha decidido archivar provisionalmente hasta que llegue una rogatoria de Israel que creo que sabe que no llegará nunca y, por último, la querella contra NSO presentada en Madrid por Gonzalo Boye, le ha correspondido a la juez Cristina Díaz, ex directora general de Política Interior con Rajoy, amiga reconocida de Cifuentes y exnovia de Carlos Herrera.

Me ha gustado ver en el caso Tamara Carrasco que aún quedan jueces dispuestos a hacer su trabajo, pero no sé si en la pirámide de la justicia son suficientes para parar el avance de la brigada de las togas. Es una lucha soterrada, sumario a sumario, procedimiento a procedimiento, en la que nos jugamos mucho. Y no tenemos la certeza de que vayan a ganarla los justos.