“Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes”

Ortega y Gasset

 

Dejó escrito el profesor Peter en la piedra contemporánea que la nata sube hasta que se corta. Es la formulación más casera de lo que se ha dado en llamar principio de Peter, en el que el estudioso afirmaba que los empleados públicos, y por extensión todos, tienden a ascender en la organización hasta el límite de su incompetencia. Quedó muy cool cuando lo reflexionó un profesor anglosajón pero conste que un filósofo español, Ortega y Gasset, ya lo había dicho mucho antes.

La cuestión es que lo formule quien lo formule, los ciudadanos solemos sufrir en modo Hemoal cuando los cargos públicos nos lo demuestran de forma clara. Ahí está el caso de Peter Marlaska, que oscurece un poco la predicción, puesto que no solo ha ascendido hasta la cúspide de su incompetencia sino que la alcanzó antes y, a pesar de ello, siguió ascendiendo hasta ser hoy el ministro del Interior que ha soportado una crisis de Gobierno y sigue poniendo en apuros a aquel que le nombró y no lo cesó. Marlaska es una excepción al principio de Peter porque ya había llegado a sus cimas de incompetencia cuando fue nombrado, por el empeño del PP, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Tras dejar el lugar hecho unos zorros -nunca lo controló en el buen sentido, de facto prácticamente dejó ir las cosas, excepto cuando sus mentores apretaban muy fuerte-, lo impulsaron aún siendo ya nata cortada al Consejo General del Poder Judicial. La patada hacia arriba es un concepto demasiado hispánico como para que un sesudo teórico de profesor californiano lo formule, pero funciona a marchas forzadas en la práctica.

Incomprensiblemente, como ya les he contado, Marlaska, el tipo que creció siendo un mediocre jurista entre una portada de El País Semanal y las levitas a las que sacaba brillo en el PP, fue nombrado por Sánchez ministro del Interior. En el pecado tiene la penitencia, la verdad. Marlaska acaba de meter en otro lío de aúpa al Gobierno de izquierda, precisamente en una de esas cosas en las que un gobierno de izquierda no debiera dejarse pelos en la gatera porque afectan a los muy sensibles derechos humanos. ¡Qué vamos a esperar de un juez que obtuvo el medallero de condenas a España de Estrasburgo! ¡Qué puede esperar Sánchez de un señor que no es de izquierdas! Tras el éxito de puede allanarse un domicilio en época covid “porque un piso turístico no es morada” -que acabó con los policías que respaldó imputados- llega el marlaskiano, pasarse por el forro la legislación: “son diferencias técnico-jurídicas”. No creo que hagan falta más preguntas, señoría, para dar por demostrada la incompetencia de Marlaska como juez y como ministro.

Ni siquiera voy a necesitar discutir que los menores que Marruecos utilizó para su inaceptable e inhumano chantaje político son un problema que no puede perpetuarse, ni por Ceuta ni por los propios menores. Tener a centenares de críos encerrados en polideportivos y naves, en las que se están contagiando de covid a marchas forzadas, no es una solución ni humanitaria ni eficiente. El destino de centros de menores tutelados, unas modernas cárceles abiertas con las que nos cubrimos las conciencias, tampoco es el mas halagüeño. Incluso vamos a recordar que para un chaval la pobreza puede ser un mal menor comparado con ser desgajado para siempre de su familia y su cultura sin que se le vaya a dotar de medios adecuados para su desarrollo, como de hecho ocurre.

Entiendo también al regidor de un territorio de 14 kilómetros cuadrados, incluyendo montes, playas y escolleras, que quiere devolver a su exigua ciudad un equilibrio que fue roto por el mero deseo de Marruecos.

Cada vez que [Marlaska] tiene que tomar una decisión conflictiva para el respeto a los derechos humanos opta por cagarla

Lo que no tiene un pase es que para ello el Fouché de pacotilla vuelva a actuar no solo vulnerando los derechos de esos niños y la legislación española sino también cargándose todo principio práctico de no meter en líos al gobierno al que pertenece y no vulnerar las más elementales normas. No ha sido así. Marlaska se amarra al convenio firmado en 2007 por el gobierno de Zapatero y Marruecos para “la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado”, a fin de cuentas no es la primera vez que se producen hechos así. La cuestión es que el famoso artículo 5 de ese convenio, al que el ministro se refiere, dice textualmente que tal retorno concertado se hará “con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”. Ahí, ya ven, es donde Peter Marlaska dice ver una controversia “técnico-jurídica”. Pero ¿qué controversia?, alma de Dios, ¿qué controversia? Así se lo ha dicho la juez de Ceuta en su auto que le recuerda al juez en servicios especiales -¡y tan especiales!-, Marlaska, cuál es esa legislación que él debe conocer, a menos que el palacete de Castellana borre todos los discos duros y blandos de sus habitantes. Existe un trámite preceptivo que es la incoación de procedimientos administrativos individuales que deben ser notificados al menor, al Ministerio Fiscal y a la entidad que ostente su custodia legal (en este caso la autonomía ceutí) tras lo que debe proponerse prueba y después resolver la entrega. “Nada de lo ordenado se ha cumplido”, le tiene que decir la juez de pueblo de Ceuta al todopoderoso juez que ascendió como la nata de manos del PP primero y de Sánchez, después. Esta magistrada ha ordenado paralizar la repatriación de los menores a los que se refiere el recurso y no de todos, no podría hacerlo. Es el Ministerio el que ha dejado todo en suspenso a la vista de que se ha presentado un procedimiento ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que es la competente para las órdenes dictadas por Interior.

Toda una heroicidad la del ministro-juez que repite lo que ya practicaba cuando era juez aspirante a ministro por escalar: cada vez que tiene que tomar una decisión conflictiva para el respeto a los derechos humanos opta por cagarla.

La culpa no deja de residir en el que compra nata fuera de plazo y a todas luces cortada. Solo le queda esperar que no se le indigeste demasiado.