“Resulta difícil subvertir un estado regido por el imperio de la ley sin abogados, o celebrar juicios farsa sin jueces”
Timothy Snyder. Sobre la tiranía
El primer gobernador nazi de la invadida Polonia fue el abogado personal de Hitler. El hombre que Hitler eligió para supervisar la anexión de Austria fue el mismo abogado que dirigiría la ocupación de los Países Bajos. “Los abogados estaban sobrerepresentados”, dice Snyder, en la máquina de terror nazi y participaron activamente en la caída del estado democrático alemán. Así que no es nuevo que las invocaciones se escondan tras las togas ni que se usen las normas para apoyar proyectos políticos o personales concretos.
No establezco una comparación —el horror nazi no las admite—, pero es evidente que asistimos a movimientos aparentemente jurídicos tras los que laten acciones que directamente establecen como objetivo el cambio de modelo de gobierno. Atención, no el cambio de gobierno sino el de la forma de gobierno. Diferencia nada baladí. El lunes muchos medios nos contaron a bombo y platillo que se había presentado una querella contra todo el Gobierno, más bien contra el Consejo de Ministros, en nombre de un número grande de familias de fallecidos por el coronavirus. Lo contaron de forma tan acrítica que muchos ciudadanos pudieron pensar que se trataba de un movimiento espontáneo de víctimas agraviadas por la gestión de la crisis y poco hay de eso.
Lo más importante aquí es el movimiento involucionista que pretende que puede derribar la forma de gobierno utilizando sus togas y a las víctimas
La querella es una cosa delirante. No es un documento jurídico sino una exposición de una teoría de la conspiración basada en muchas de las cuestiones, incluso demostradamente falsas, publicadas en medios de comunicación del mas diverso pelaje, pero sobre todo de carácter ultra. Se dirige además contra todos los miembros del Gobierno, contra el Consejo de Ministros, contra el Poder Ejecutivo, sin paliativos, al que acusan de “un número indeterminado de homicidios imprudentes y todos aquellos otros delitos que se deriven de la investigación”. La lectura del documento saca los colores de cualquier jurista. En la amalgama aparecen desde los guantes morados del 8-M hasta los indultos a los presos del procés y el control del CNI por Iglesias. No le falta un perejil facha. Y con todo ese relato-ficción acaban pidiendo que se practiquen diligencias tan locas como la exigencia por parte de la Sala Segunda del Supremo del contenido de las deliberaciones del Consejo de Ministros que, como saben, son secretas como las de los tribunales y no pueden ser exigidas por el Poder Judicial. La verdad es que nadie debería haber informado de tal engendro sin antes advertir que no tiene otro destino más que la inadmisión. Sólo eso cabe en un estado de derecho ante esta locura, aunque, ¡qué quieren que les diga! , también la querella de Maza era un novelón y miren hasta dónde llegó.
La querella es jurídicamente infumable, pero más lo es el trasfondo de la misma. Las únicas cabezas visibles del entramado son dos abogados cercanos a Vox o, incluso, más allá de Vox, que ya es decir. Dicen contar con el concurso de más de 2.500 abogados y procuradores en toda España para colaborar. No dan los nombres, tampoco de los que firman la querella con ellos. Aún así precisaban de las víctimas, porque sin ellas no hay querella tal y como la pretenden y, sobre todo, no hay presión. Aquí se trata no sólo de presentar una querella delirante sino de hacerlo con el sufrimiento de cuantas más personas mejor delante, por lo que esto pueda empujar. Evidentemente, no son los intereses de las víctimas lo que defienden, de ser así les hubieran invitado a suscribir una reclamación patrimonial en la jurisdicción contencioso-administrativa pero no, ellos buscan la vía penal. Lo hacen además de una forma que puede acabar denunciada, ante el Consejo General de la Abogacía, ya que está prohibido buscar clientes durante una catástrofe. Ya hay siete asociaciones constituidas a raíz del Covid para pleitear y varios despachos de abogados denunciados ante el comité deontológico.
Pero lo más chusco es la lectura de la página web a través de la que han iniciado toda esta movida. La página denominada “El Día Después”, apocalíptica, en la que se exponen claramente los objetivos políticos de esta querella que no son otros que lograr “un modelo de gobierno distinto al actual”. Fíjense, no un gobierno distinto sino un modelo de gobierno. Así que se unen para “arbitrar entre todos”, todos ellos, claro, ese modelo de gobierno y no crean que ahí parecen contar con todos los demás, como si esto no fuera una democracia. No, porque “este sistema de gobierno es inasumible”, es un gobierno en el que “los partidos de izquierda y los separatistas están a lo suyo”. Así que han establecido una hoja de ruta, de acceso restringido en la web, y han empezado a movilizarse para que cada espíritu con ánimo golpista busque “a conocidos, familiares que hayan fallecido para que se pongan en contacto con ellos”. Ni que decir tiene que no está permitido recabar así clientes y que aunque se hable de gratuidad, en muchos de estos casos luego se llegan a pactos con las víctimas para cobrárselo de las costas.
Pero lo más importante aquí es el movimiento involucionista que pretende que puede derribar la forma de gobierno utilizando sus togas y a las víctimas. Sólo cabe esperar una inadmisión a trámite inmediata, pero, ¿y si entre las puñetas de la Sala Segunda hubiera algunos que pensaran que es posible arreglar la política con el derecho penal? ¿Qué pasa con los fiscales de sala que piensan casi como los querellantes y lo han escrito en los medios?
¿A ustedes esto no les suena conocido?