Alto el fuego

“El odio de la libertad se pone muy a menudo la máscara de su defensa”

J. F. Revel

Cada vez me sucede más a menudo que los debates en los que nos enzarzamos me suenan viejos, como episodios ya vistos en la prensa internacional. Somos tan ombliguistas que no nos damos cuenta de que todo lo que ahora nos agita y nos conmueve ya ha sucedido en otros países europeos hace unas semanas. El toque de queda es, evidentemente, una idea copiada directamente de Francia y la idea de aprobar un largo estado de alarma, de varios meses, que pase sobre la Navidad también lo es.

El debate, además, es poco original. Macron pidió el 21 de octubre un largo estado de alarma que debía concluir el primer día de abril de 2021. Solicitó, pues, a la Asamblea Nacional francesa algo más de cinco meses de marco de excepción. En la oposición algunos clamaron exactamente lo mismo que aquí, hasta eso parece calcado, y finalmente el pasado sábado le aprobaron que el estado de alerta se extienda hasta el 16 de febrero. Le han rebañado mes y medio, pero mantiene un largo periodo de marco legal estable y extraordinario. Sánchez parece que ha hecho lo mismo. Va a solicitar del Congreso seis meses de estado excepcional para que, finalmente, se queden ¿en cuatro? Pronto lo veremos.

¿Se han convertido los gobernantes democráticos de Europa en aprendices de tiranos? Yo, particularmente, creo que ni por asomo. Lo que están buscando los gobernantes europeos es el establecimiento de una especie de “alto el fuego” político, una tregua en el tacticismo indecente que vimos durante la primavera, para que apaciguada la cuestión del marco jurídico, se puedan tomar las medidas necesarias de protección de la salud de los ciudadanos y el control de la pandemia. Para romper las reglas del juego democrático, lo primero hay que querer y no nos hallamos, por mucho que se empeñe la ultraderecha, en ese momento histórico. El segundo objetivo que, al menos en España busca el establecimiento de este marco jurídico amplio, común y parlamentario, es soslayar el desastre práctico que ha demostrado ser la pretensión de que sean los jueces los que gobiernen.

No podemos estar cada quince días en vilo pensando si a un partido se le ha antojado tener representación en un órgano o negociar presupuestos o solicitar un cambio legislativo y que se use como moneda de cambio para ello la necesidad imperiosa de proteger las vidas de los ciudadanos

Respecto a este segundo punto es muy importante analizar lo que ha sucedido en los últimos meses en nuestro país, cuando los gobernantes se han empeñado en llevar a ratificar medidas generales a los tribunales —lo que no es su competencia, puesto que el control de tales medidas se produce mediante recursos— para curarse en salud. Han querido así convertir en decisión judicial lo que son decisiones eminentemente de gobierno. El pandemónium que se lió incluía los rechazos de jueces contenciosos en primera instancia, por este mismo motivo que apunto, de modo que se reformó la ley para que fueran los Tribunales Superiores los que actuaran en estos casos y ni aún así se consiguió que las resoluciones no frenaran medidas necesarias, como en Madrid, u obtuvieran resultados contradictorios en diferentes autonomías.

Un sindiós que sólo ha conseguido que los ciudadanos se hayan ido descolgando de las medidas impuestas, a base de no entender si estaban vigentes o no. La jurisdicción no está hecha para una pandemia, no sirve. La pirámide jurisdiccional basada en los recursos y en una última instancia de unificación, el Tribunal Supremo, no puede nunca tener el ritmo que precisa el problema concreto causado por un virus que está haciendo morir a ciudadanos. “Los ciudadanos han percibido con claridad que la defensa de sus derechos está en el Parlamento y no en los tribunales”, dijo el catedrático de Derecho Administrativo Iñaki Lasagabaster, tras comprobar que el TSJV impedía la acción del gobierno vasco, y añadía: “Creo que la medida más importante sería quitar a los tribunales control sobre las medidas generales dictadas en caso de pandemia”. De eso precisamente va este estado de alarma pensado como marco jurídico que respete el autogobierno y consagre la cogobernanza. No se puede pretender que los jueces gobiernen porque, además, como dice el magistrado Conrado Gallardo, lo hacen mal.

El otro punto sobre el que se sustenta la necesidad de un estado de alarma largo es la de conseguir que no sean las necesidades, avideces o urgencias de los grupos políticos las que terminen determinando si las medidas adecuadas se implementan o no. No podemos estar cada quince días en vilo pensando si a un partido se le ha antojado tener representación en un órgano o negociar presupuestos o solicitar un cambio legislativo y que se use como moneda de cambio para ello la necesidad imperiosa de proteger las vidas de los ciudadanos. El estado de alarma debe ser, además, lo suficientemente largo como para saltar sobre las necesidades económicas de muchos sectores que actúan como grupos de presión. Ya habrán oído a Garamendi, el presidente de la CEOE, clamar por la extensión del decreto porque “nos cargamos la Semana Santa” o al PP pedir que se recorte justo para salvar la campaña de Navidad.

El virus no va a dejar de duplicar su infecto ARN porque a nosotros nos venga mal o estemos cansados o nos estemos empobreciendo

La vida es como es. El virus no va a dejar de duplicar su infecto ARN porque a nosotros nos venga mal o estemos cansados o nos estemos empobreciendo. Hay que ahorrar vidas hasta que llegue la vacuna, hay que sostener el sistema sanitario para que los enfermos tengan donde ser atendidos, hay que hacerse a la idea de que nos queda como poco medio año, siendo optimistas porque será más, para que una vacuna efectiva y segura nos redima de una situación que nadie ha buscado, que nadie ha pedido, de la que nadie es responsable más allá de la naturaleza y de aquello que nos contaron de que vinimos a un valle de lágrimas. ¿O es que ya a la gente no se lo explican? 

Las medidas de restricción de derechos no están, por otra parte, descontroladas. Rendir cuentas a los representantes populares, en el Congreso y en los parlamentos autonómicos, no es descontrol sino control. Existe la posibilidad de recurrir al Constitucional en caso de duda y, no lo olviden, a los tribunales ordinarios por cada ciudadano o institución que crea que se ha producido una vulneración concreta e indebida de sus derechos, pero será esa la que se estudie y, mientras, las medidas generales seguirán funcionando para asegurar una respuesta, esperemos que racional y efectiva, ante el avance del coronavirus.

No, no creo que esta figura amenace la democracia ni las libertades ni nos vaya a conducir al fascismo, ni aquí ni en Francia ni en ningún otro lugar de Europa. Ahora que tenemos el instrumento, sólo cabe desear que cada gobierno ponga todo de su parte para mantener las cifras de su territorio en los niveles considerados apropiados por los expertos. Todo lo demás es floritura y no estamos para eso. 

Tras el toque de queda, ha llegado el momento del alto el fuego.