A pesar de que haga tiempo que la derecha media, central y extrema —amantes ellos y defensores fieles de la presunción de inocencia— vocifera “golpistas” cada vez que le acercan una alcachofa, no es menos cierto que aún se desconoce cuál será la acusación real que sustentará el juicio en el Tribunal Supremo. Todo apunta a que, a finales de esta semana o inicios de la próxima, la Sala Segunda dicte auto de apertura de juicio oral y que en él solicite a las partes que presenten sus escritos de calificación provisional. ¿De qué acusará la fiscalía a los políticos catalanes y qué penas pedirá para ellos? La previsión es que presente su escrito entre 24 y 48 horas después de que se notifique ese auto, así que no veremos terminar la semana que viene sin que sepamos a qué atenernos. Según me cuentan, la petición de penas concretas no está totalmente cerrada, es de suponer que porque existen algunas discrepancias entre los fiscales que llevan el caso que aún tienen que limar, aunque se oyen rumores en la Villa y Corte respecto a que se pediría la pena mínima por rebelión de 15 años para los políticos, de 10 a 15 para los acusados de sedición que eran autoridad y de 8 a 10 para los que no lo eran. Repito, rumores. A mí lo que me cuentan es que aún no está decidido en firme.

El hecho, para mi vergonzoso, de que una formación ultraderechista como Vox esté habilitada como acusación popular en este juicio nos hará tener otro marco de acusación que, no resulta difícil intuir, será aún más duro. En principio tendemos a desestimarlo como inoperante, pero hay que recordar que proporcionaría margen a los magistrados para ir más allá de las peticiones de la fiscalía. Un tribunal no puede condenar rebasando las peticiones realizadas por las acusaciones, pero el marco fijado por cualquiera le permite cubrirlo. Esta presencia de Vox tendría consecuencias si, como pudiera suceder, la fiscalía rebajara sus acusaciones de rebelión a las de sedición en las conclusiones del juicio.

Un juicio del que aún no sabemos si será televisado en directo, aunque los responsables de prensa del Tribunal trabajan con esa previsión. “Transparencia toda, espectáculo cero”, es el lema. Desde la resolución de 2005 del Tribunal Constitucional, se considera que en materia de difusión en directo de la imagen de los juicios existe un régimen de habilitación general con reserva de prohibición que ha de hacerse de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Traducido a lenguaje llano: lo suyo es que lo sea y, si se va a restringir la difusión, la sala enjuiciadora deberá dictar un auto para dar los motivos, que podrá ser recurrido por las partes. Tal decisión no se ha producido aún. ¿Va a dejar Marchena que asistamos en directo a un juicio en el que es de esperar que las defensas pongan de manifiesto los fallos procesales y las vulneraciones de derechos que se han producido en la instrucción de este procedimiento? ¿Va a consentir que públicamente y con la máxima audiencia, si los abogados de los expatriados están presentes, se traigan a la sala las incongruencias de las decisiones españolas con las adoptadas en otros países? Así debería ser.

¿Va a dejar Marchena que asistamos en directo a un juicio en el que las defensas pongan de manifiesto los fallos procesales y las vulneraciones de derechos que se han producido en la instrucción?

Lo cierto es que el contexto en el que iba a inscribirse el juicio ha variado mucho. Lejos quedan las prisas por tener sentencia antes de diciembre como iban contando miembros de la sala en comidas con directores de medios. El juicio empezará o bien un poco antes de Navidades con las cuestiones previas o bien ya en enero. El telón de fondo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial ya no invita a forzar la máquina, dado que las aspiraciones de Manuel Marchena a convertirse en presidente del Consejo y del propio Tribunal Supremo, tras haber rendido su gran servicio a la patria, pueden ya darse por consumidas. La moción de censura echó por tierra sus esperanzas al llegar el PSOE al Gobierno, y las negociaciones para tener renovado el CGPJ antes de final de año siguen a buen ritmo. Tampoco le ha ayudado que esta modesta cronista desvelara el escándalo del presunto trato de favor dado a su hija Sofía Marchena para conseguir que, por primera vez en la historia, alguien pudiera dejar la Escuela Judicial de Barcelona y, sin volver a examinarse, pasar a ser fiscal. No solo este trasvase de carreras está vedado, sino que para llevarlo a cabo ha sido necesario crear una plaza de fiscal más de las previstas y realizar un cambio de partida presupuestaria. Ahí es nada. Algo que según todas las asociaciones fiscales y judiciales —menos la suya propia— sería un caso de nepotismo claro y la aceptación del beneficio de una corruptela.

Pero proteger a Marchena, al menos mientras dure este procedimiento, es una consigna demasiado potente. El CGPJ ha negado el acceso a toda la documentación de ese sospechoso cambio. No ha respondido a las peticiones formales realizadas por las asociaciones fiscales y judiciales. El PSOE apoyó al PP y a Ciudadanos para vetar la comparecencia de Lesmes en el Congreso para explicarlo. Ahora quedan aún abiertas las vías formales de la Ley de Transparencia y de la solicitud de documentación a través de la Mesa del Congreso que ha realizado Unidos Podemos. Desde el Tribunal Supremo y abanderados se considera que este tema solo busca, a través de una conspiración periodístico-independentista y quizá de los Illuminati, desprestigiar a Marchena antes del juicio. Sin embargo, los hechos están ahí, y la negativa a aclararlos, también.

No obstante, lo que importa, como en todo juicio, es cómo se desarrolle, porque de ello dependerá también la posibilidad de agotar las vías nacionales y reclamar a otras instancias la reparación de los derechos que hubieran sido conculcados.