La cadena de acontecimientos de los últimos días, vista con un poco de perspectiva, parece perfectamente coreografiada por un equipo de hábiles guionistas y politólogos. Resulta que un buen día Ada Colau participa, después de mucho tiempo de no hacerlo, en una concentración contra un desahucio en el barrio de Gràcia. Unos días más tarde, la ya famosa Maricarmen es desahuciada y convierte el hecho, junto con su abogada y el Sindicato de Inquilinas de Madrid, en un acto político, de propaganda por el hecho. Justo después, el gobierno español activa a toda prisa dos decretos mientras las plazas de algunas ciudades del Estado acogen acampadas por parte de las organizaciones de inquilinos. Como guinda del pastel, Ada Colau anuncia que ella también ha tenido que irse de casa porque no podía pagar el alquiler. Y, de repente, toda la presión política y mediática se concentra en Junts para que apruebe los dos decretos, siendo un partido que solo tiene siete diputados, que no forma parte de la mayoría parlamentaria del gobierno español y al que ni siquiera se le hace llegar el documento aprobado en el Consejo de Ministros (entre otras razones porque, inexplicablemente, los decretos se acabaron de redactar después de ser validados por el propio consejo). Vista la correlación entera de hechos, es evidente que es una maniobra electoralista por parte del bloque Sumar/Comuns, con la concurrencia más o menos entusiasta del PSOE.
Más allá de las formas, que son importantes en política, los dos decretos no resolverán el problema de fondo. Lo sabe todo el mundo; también sus impulsores. Solo atacan, y encima mal, algunas de sus consecuencias, sin entrar en ningún caso en las causas de la tragedia habitacional. Es ciertamente posible que los desahucios bajen y es posible que algunos inquilinos alarguen los contratos. De hecho, quieren esto para acudir a las elecciones con alguna buena noticia para su electorado. Sin embargo, la pregunta válida es la siguiente: ¿incentivarán estos dos decretos a los propietarios —grandes o pequeños— a sacar más pisos al mercado de alquiler o, por el contrario, los retirarán del mercado? Leídos ambos decretos, ¿alguien cree que un propietario tiene más incentivos para poner un piso en alquiler cuando estén en vigor? Seguramente sea al revés; se incrementa la inseguridad jurídica y se criminaliza aún más el derecho a la propiedad. Teniendo en cuenta que el precio de los pisos está disparado, intuyo que muchos propietarios preferirán vender sus pisos y no asumir ningún riesgo. Peor aún: los que quieran poner el piso en alquiler, como recibirán cientos de peticiones, podrán escoger el mejor perfil posible y, de manera tan injusta como comprensible, evitarán alquilar el piso a cualquiera que pueda convertirse, en algún momento, en vulnerable. Por lo tanto, los dos decretos tienen un gran perjudicado: las personas con pocos recursos que quieren alquilar un piso.
Leídos ambos decretos, ¿alguien cree que un propietario tiene más incentivos para poner un piso en alquiler cuando estén en vigor? Seguramente sea al revés; se incrementa la inseguridad jurídica y se criminaliza aún más el derecho a la propiedad
Los decretos, además, van en la línea habitual de todas las políticas habitacionales de los últimos tiempos: derivar al ámbito privado la responsabilidad de la Administración. La vivienda es un derecho reconocido, claro, pero en ningún sitio dice que la tenga que proveer el propietario privado. La tiene que proveer la Administración, del mismo modo que corresponde a la Administración buscar una alternativa habitacional en el caso de que una familia no pueda pagar el alquiler. O, como decía el otro día Carme Trilla, quizás se podría concertar el alquiler. Lo que no es admisible es que la quiebra del sistema la tenga que asumir la ciudadanía. La gravísima situación de la vivienda en Catalunya y en España ha sido provocada por una tormenta perfecta de elementos diversos. Algunos ya se han explicado repetidamente: la nula construcción de vivienda pública durante muchos años, la escasez de oferta, la inseguridad jurídica que sufren los propietarios, los precios desorbitados de la venta y del alquiler, el fraude del alquiler de temporada en algunas zonas del país y una política impositiva que se convierte en una barrera insalvable para muchos jóvenes y familias, entre otros. Existen otras causas menos publicitadas porque son políticamente incorrectas, como por ejemplo la avalancha migratoria provocada por el gobierno del PSOE (y el consiguiente reagrupamiento familiar) que desajusta todavía más la demanda con relación a la oferta.
Pero todo este desbarajuste solo tiene un responsable: el gobierno del PSOE que lidera Pedro Sánchez. Sea por convicción o por la presión de sus socios, es el responsable. Este partido ha gobernado España los últimos ocho años, ha gobernado o cogobernado Barcelona los últimos años y gobierna en solitario la Generalitat de Catalunya. Es muy fácil culpar a los fondos buitre y a los especuladores sin alma, pero alguna responsabilidad tendrá quien gobierna y elabora las leyes desde hace tantos años. La propaganda tiene mucha fuerza, es cierto, pero la realidad aún es más fuerte. Por eso es una trampa cargar toda la responsabilidad sobre Junts, en el caso de que los decretos no se aprueben. En política, como todo en la vida, la responsabilidad más alta corresponde a quien es más grande y más fuerte; por lo tanto, si los decretos no salen adelante, será culpa del gobierno del PSOE, que habrá sido incapaz de afrontar esta crisis con tiempo y diálogo. Aparte, ¿dónde está escrito que esta sea la última oportunidad de afrontar el tema? Tras ocho años de dejadez política y decisiones erróneas, quizás sea hora de que se sienten todos y busquen soluciones desde el realismo y no desde el dogmatismo.