El gran problema de la amnistía para todos los encausados del procés que el PSOE negocia con el independentismo, fundamentalmente con Junts, es que es una medida de tal calado que por sí sola justificaría una nueva transición en España, no solo la investidura de un presidente del gobierno. Así fue en la transición desde el franquismo a la democracia, cuando la amnistía de 1977 dio paso a todo un cambio de régimen por la vía del carpetazo al anterior: es decir, de dejar impunes los crímenes de los vencedores de la guerra de 1936 y la dictadura franquista a cambio de perdonar a los vencidos. De allí viene la mala conciencia que exhibe una parte de los poderes y la política española, incluidos los Felipes y los Guerras, ante la hipótesis de la amnistía, singularmente, a Carles Puigdemont: porque regresan los fantasmas del pasado sobre la naturaleza de aquella gran "transacción" mediante la cual los horrores del franquismo quedaron impunes.

No obstante, al final se puede acabar imponiendo el mismo mecanismo de olvido práctico. Si en el 77 el retorno de los represaliados, de los perdedores, los buenos —los exiliados demócratas, los republicanos, los comunistas— implicó el perdón de los criminales franquistas, ahora, un retorno de Puigdemont tendría la contrapartida del perdón de los jueces del Supremo, que dictaron las desproporcionadas condenas del procés, y de los policías que aporrearon a la gente durante la jornada del referéndum del 1 de Octubre. En España, la historia enseña que todas las amnistías tienen algo de ley de punto final.

En estas coordenadas, Pedro Sánchez, acreedor de un instinto de conservación del poder maquiavélico, ha planteado bien la jugada al pedir al PSOE que haga "de la necesidad, virtud". La virtù del Príncipe. Porque, al final, las ganancias de amnistiar a los independentistas para el conjunto del sistema español son superiores a los costes, muy superiores. Diría que incluso es consciente de ello el teórico ariete del PP contra la amnistía, Alberto Núñez Feijóo, el presidente por ahora frustrado. Más allá de las exigencias del guion, Feijóo ha sido capaz de reconocer méritos a Puigdemont, y no cualquier mérito, sino el de la honestidad y el cumplimiento de la palabra dada, mientras el PP todavía lo tilda de prófugo, huido, delincuente, cobarde y no sé cuántos improperios más.

Es evidente que la amnistía, además de tranquilizar los mercados, a los grandes inversores y empresas que presuntamente huyeron de Catalunya durante el procés, y de rehabilitar en parte la imagen de España en Europa, aún amenazada en los tribunales por la persecución al independentismo, puede ser incluso una inversión de futuro para los que hoy están en contra, como el líder del PP. La amnistía, y esta es su gran potencia factual, puede hacer presidentes en España: a Sánchez, ahora, si finalmente llega a un acuerdo con el independentismo; y, dentro de un tiempo, a un Feijóo a quien le habrían desaparecido los obstáculos para entenderse con el espacio político que representa Junts.

La amnistía funciona ya a todo gas como una máquina de hacer y deshacer presidencias, en España (Sánchez, Feijóo) y en Catalunya (Illa, Puigdemont, Junqueras)

La amnistía funciona ya a todo gas como una máquina de hacer y deshacer presidencias, en España (Sánchez, Feijóo) y en Catalunya (Illa, Puigdemont, Junqueras) Aquí, la amnistía podría catapultar al palacio de la Generalitat a Salvador Illa, el líder del PSC, que ya en las elecciones generales del 23 de julio capitalizó como nadie los beneficios de los indultos con una abrumadora victoria (7 diputados más) sin parangón entre los socialistas en todo el Estado. Y por descontado, la amnistía podría restituir en la presidencia a un Carles Puigdemont retornado del exilio o un Oriol Junqueras que se considera con todo el derecho democrático a tomar posesión de la presidencia que ahora ocupa Pere Aragonès porque él fue inhabilitado por los jueces del Tribunal Supremo.

La amnistía puede servir a Felipe VI para blanquear el error inmenso de aquel "a por ellos" del 3 de Octubre del 17. Pero también puede ser un caramelo envenenado

El tramo final de las negociaciones entre Sánchez, Puigdemont y un Junqueras que intenta resituar a ERC en el carril referendista por la vía norirlandesa para recuperar posiciones ante Junts, coincidirá con la jura de la Constitución por parte de la heredera de la corona española, Leonor de Borbón y Ortiz. El calendario ha colocado a la monarquía en el centro de la escena en un momento de gran trascendencia política. En el 77, el abuelo de Leonor, Juan Carlos I, que no juró la Constitución que entraría en vigor un año después, sino los Principios Fundamentales del Movimiento, encontró en la democracia la vía para blanquear los oscuros orígenes de su reinado como heredero no de su padre, Juan de Borbón, sino del dictador Franco, a quien sucedió por ley "a título de Rey". Ahora, la amnistía puede servir a Felipe VI, el padre de Leonor, para blanquear el error inmenso de aquel "a por ellos" del 3 de Octubre del 17. Pero la amnistía también puede ser un caramelo envenenado para el monarca actual, en tanto que, como decíamos al principio, situaría a Felipe VI, en relación con el conflicto catalán, en el mismo banco de la historia de los franquistas redimidos por la amnistía del 77. Aires de transición, o sea, de simulacro.