Ha habido estos días una noticia que, a pesar de su importancia, ha pasado casi desapercibida porque la mayor parte de los medios tradicionales ni siquiera la han tratado. El ministro de Defensa de Letonia ha dimitido a causa de la incursión de dos drones lanzados por Ucrania, se supone que en dirección a Rusia, pero que cayeron en territorio del país báltico. El hecho puso en evidencia que los sistemas antidrones no funcionaron porque no se desplegaron con la rapidez necesaria para contrarrestar el ataque. Ante esto, el responsable político, el ministro de Defensa Andris Spruds, dimitió. El impacto de los drones se produjo un jueves y tres días después, un domingo, el ministro dimitía. Es cierto que lo hizo después de que la primera ministra de Letonia, Evika Silina, se lo pidiera, pero esto no quita la significación del movimiento. Y la cosa no acabó aquí, sino que una semana después, a raíz de la crisis creada, dimitía también la primera ministra.
Casi en paralelo, el mismo jueves en el Reino Unido, el Partido Laborista sufría una derrota histórica en las elecciones locales y regionales que hubo en Inglaterra, Escocia y Gales. A pesar de esto, y al contrario de la tradición británica de asumir responsabilidades políticas en primera persona en forma de dimisión, el primer ministro Keir Starmer, laborista, se ha negado repetidamente a dimitir a pesar de la presión creciente para que lo haga dentro de su propio partido. De hecho, ninguno de sus predecesores inmediatos —los conservadores Richi Sunak, Elizabeth Truss, Boris Johnson o Theresa May— ha agotado el mandato, todos han acabado dejando el cargo antes de tiempo por un motivo u otro, y, para encontrar primeros ministros que lo hayan agotado, prácticamente habría que remontarse a los tiempos de Tony Blair, John Major y Margaret Thatcher, laborista el primero, conservadores los otros dos. Por eso sorprende aún más la tozudez de Keir Starmer de aferrarse al sillón, a quien aun así, tarde o temprano, no le quedará más remedio que acabar rindiéndose a la evidencia, porque, si no se va, lo echan.
Es el mismo comportamiento, el de aferrarse al sillón, que, corregido y aumentado, se pone en práctica en Catalunya y en España. Aquí no dimite nadie, no hay tradición de que la clase política asuma sus errores yéndose a casa. Al contrario, la tradición es eludir el tema y echarle la culpa a otro. Las dimisiones que ha habido a lo largo de la historia son contadas y porque no se ha podido pasar por más, que si no, ni así se habrían producido. En el caso del PSOE, por ejemplo, destacan las obligadas por los escándalos del espionaje del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa) —el precedente del CNI (Centro Nacional de Inteligencia)— o de la fuga del exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, que afectaron a Narcís Serra y Antoni Asunción. En el del PP, Carlos Mazón no ha dimitido hasta un año después de las catastróficas inundaciones en el País Valencià que dejaron más de doscientos muertos, y ahora, encima, todavía va de víctima. Y en el de CiU —Josep Maria Cullell o Jaume Roma— o el de ERC —Josep Lluís Carod-Rovira— las que ha habido han sido por causas tan clamorosas que han resultado incuestionables.
Salvo cuatro casos mal contados, pues, la tendencia es agarrarse a la silla y no soltarla bajo ninguna circunstancia. Es por eso mismo que no extraña a nadie que, a pesar de que el espionaje de la policía a cualquier ciudadano sea también un escándalo político de primera magnitud si no está amparado por ningún mandato judicial, los responsables de la infiltración de agentes de los Mossos d’Esquadra en asambleas de docentes, para controlar sus acciones en un momento en que la comunidad educativa está en pie de guerra con el Govern de Salvador Illa, continúen ocupando los cargos como si nada hubiera pasado. A pesar de las reiteradas peticiones de dimisión, la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, no piensan dar el paso en tanto que jefes políticos de la policía catalana. Y no solo eso, sino que han tenido la desfachatez de sacudirse la culpa de unas actuaciones que se han repetido más de una vez y que saben que están fuera de lugar en un régimen democrático que realmente se precie de serlo y de trasladarla a los subordinados, a alguno de los cuales seguro que le tocará pagar los platos rotos.
Si no fuerza la dimisión de Núria Parlon y de Josep Lluís Trapero es porque ya le va bien lo que hacen y, en consecuencia, se convierte en tan responsable como ellos y, por lo tanto, también debería dimitir
Seguir el ejemplo de Letonia en Catalunya es impensable, y lo es tanto porque los responsables políticos directamente señalados no tienen ninguna intención de dimitir porque el 133.º president de la Generalitat, al contrario de la primera ministra báltica, no solo los apoya y los protege, sino que en el fondo con su comportamiento los anima a continuar procediendo irregularmente. Salvador Illa quiere hacer como Jordi Pujol —se tiene que notar en algo la veneración que dice que le profesa—, que, cuanto más le pedían la dimisión de un conseller, más lo consolidaba en el cargo, pero se equivoca en un detalle fundamental: que la percepción que entonces había de la clase política entre la ciudadanía ha cambiado y ahora no se le tolera todo lo que se le permitía veinticinco o treinta años atrás. Esto, traducido, significa que si no fuerza la dimisión de Núria Parlon y de Josep Lluís Trapero es porque ya le va bien lo que hacen y, en consecuencia, se convierte en tan responsable como ellos y, por lo tanto, también debería dimitir. Y lo mismo debería aplicar a la consellera de Educació, Esther Niubó, que, al no haberse manifestado en sentido contrario, debe ser que comparte que la policía espíe a los profesores. El patrón es idéntico al de Letonia, pero el resultado es el inverso.
Y es que si por dos drones en Letonia ha rodado la cabeza de un ministro e incluso la de una primera ministra por la crisis subsiguiente, ¿qué habría pasado por el espionaje a un colectivo social que vulnera todos sus derechos fundamentales? Es obvio que no ha sido directamente el ministro letón quien ha manipulado a destiempo el sistema antidrones, pero también lo es que el responsable político del error es él y no el encargado de pulsar físicamente el botón de los drones. Y que, en última instancia, el máximo responsable político de todo es, en este caso, la primera ministra. Pues aquí pasa lo mismo, pero con la diferencia de que todos los responsables políticos han decidido eludir sus deberes. Allí, en cambio, la consellera de Interior y el director general de la Policía no habrían llegado tan lejos porque habrían sido destituidos antes de manera fulminante a raíz del caso del activista independentista encausado por haberse manifestado en contra de la presencia de los reyes de España en Montserrat, en que ambos se inventaron acusaciones falsas para incriminarlo y mintieron de manera manifiesta y reiterada en sede parlamentaria.
Mentir no es delito, pero en política es inadmisible; denota la bajeza moral de quien lo hace. Tanto que si Núria Parlon y Josep Lluís Trapero se habían ganado un respeto en sus respectivas trayectorias como alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y como mayor del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, solo con eso ya lo habían perdido del todo. Y no hace falta decir después del nuevo caso de infiltración entre los docentes en huelga. Las explicaciones lamentables que han ofrecido no solo han tenido la virtud de no convencer a nadie, sino que encima han hecho crecer el malestar dentro del cuerpo de los Mossos d’Esquadra al ser ellos los señalados de la culpa de una maniobra tan ordinaria y burda. Es aquello que, como dice el dramaturgo Frederic Soler, conocido por el pseudónimo de Serafí Pitarra, en El ferrer de tall, la culpa es del palanquero. Es la expresión que ha quedado para describir a quienes cargan la responsabilidad propia a la espalda del subordinado más humilde y desvalido que no tiene ningún tipo de capacidad de reacción ni nadie más abajo a quien trasladarle la culpa. Es el último, es el chivo expiatorio, es el palanquero.