La consigna de Adif que regula qué hacer cuando cae el LZB, el sistema que vigila desde la vía la velocidad de cada tren y lo frena si se pasa, se reformó en febrero de 2025 para dejar una sola salida. El tren puede reanudar la marcha con la señalización lateral si el tramo siguiente está libre, y en "marcha a la vista", que en el idioma ferroviario significa ir lo bastante despacio para detenerse ante cualquier cosa que aparezca delante. El miércoles 28 de octubre el LZB cayó en sesenta y ocho kilómetros de la línea Madrid-Andalucía y, según el propio ministro de Transportes, desde el centro de control de Atocha se autorizó a un AVE a seguir en marcha normal, con un Iryo parado delante. Lo alcanzó en el kilómetro 118, entre Los Yébenes y Urda. Van sesenta y nueve muertos.
Esa misma tarde Óscar Puente ya tenía la explicación, una decisión "inexplicable" del centro de control. La jueza de Orgaz declaró secretas las actuaciones y mandó analizar las cajas negras, pero el ministro no necesitaba esperar. Difundió, a través de dos medios de comunicación afines, grabaciones editadas de la conversación entre un operario del centro de control de Atocha y el maquinista del AVE que falleció al chocar con el tren Iryo. Los titulares vendieron el "fallo humano" como causa del accidente. El viernes, en TVE, el ministro Puente aseguró que no había culpado a nadie y que se limitaba a "informar de los hechos". Llevo muchos años leyendo sumarios y nunca había visto a quien está, por vía jerárquica, por encima del trabajador señalado, informar de los hechos de una causa secreta antes de que la jueza escuche una sola grabación. En la misma entrevista le afeó a Feijóo su "doble vara de medir" con Angrois, donde "la responsabilidad recae en un trabajador", sin darse cuenta de que describía su propia semana.
Cargarlo todo sobre el último eslabón es la manera más barata de cerrar un accidente. Si el operador se equivocó, responderá, pero el derecho penal de la imprudencia no se detiene en quien toca la palanca, porque pregunta también quién creó el riesgo y quién sabía que estaba ahí. Puente contestó sin que se lo pidieran: en 2026, el LZB lleva ciento setenta incidencias, cifra que le parece normal en Europa. Un sistema de seguridad que falla ciento setenta veces en diez meses ha convertido el procedimiento de emergencia en rutina, y cada vez un empleado de Atocha decide, con varios trenes parados y un maquinista al teléfono, lo que el sistema debería decidir por él. Quien tenía que evitar que alguno acabara equivocándose no estaba en esa sala.
Urda ha enseñado un Estado en el que un ministro adelanta el culpable antes que la jueza y en el que pasar tres años sin Presupuestos no le cuesta nada a nadie
Detrás de ese riesgo hay una decisión política. El artículo 134 de la Constitución obliga al Gobierno a presentar los Presupuestos, al menos, tres meses antes de que expiren los del año anterior y, si la ley no se aprueba antes de que empiece el ejercicio, prorroga automáticamente los anteriores hasta que se aprueben los nuevos. La prórroga se pensó para unos meses y Sánchez la ha convertido en vivienda habitual. El Estado vive con las cuentas de 2023, que dan para pagar nóminas y contratos ya firmados, pero no para decidir que el mantenimiento va antes que la siguiente inauguración. Un presupuesto dice qué país quiere un gobierno y cuánto piensa pagar por él, y quien lleva tres años sin sacar uno adelante no sabe ni lo uno ni lo otro. Después de Adamuz, en enero, Sánchez prometió hacer lo necesario. El viernes, en Toledo, admitió que "hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad". Lo dijo como quien comenta el parte meteorológico, sin explicar con qué dinero piensa repararla.
No han sido los críticos quienes han quebrado esa confianza, aunque el Gobierno lleve años tratándolos como si el accidente fueran ellos. En mayo de 2025, el ministro Óscar López llamó "bulos y fango de la ultraderecha" a la difusión de unos mensajes que el propio Sánchez había enviado a Ábalos. Desde entonces cualquier cosa puede ser fango, y de ese reflejo vive una red de tertulianos y digitales bien regada con dinero público, los palomos mensajeros de los que ya he escrito, que esta semana han trabajado a destajo para que Urda vaya siempre acompañada de la palabra Vox. Lo tienen difícil, porque a Puente le han pedido cuentas Ada Colau, Irene Montero, el CSIF (al que nadie ha visto en un mitin de Abascal) y Míriam Nogueras, para quien la dimisión es "inaplazable" porque "ha vuelto a pasar, nueve meses después" y "con el mismo ministro". Cuesta meterlos a todos en la misma conspiración fascista.
De los palomos mensajeros he leído esta semana columnas que señalaban al empleado de Atocha antes de que la jueza abriera las cajas negras, que veían detrás de cada petición de dimisión una maniobra de la ultraderecha y que presentaban lo de la confianza quebrada como un gesto de humildad presidencial. Ninguna contaba lo que pasó en Urda y todas se ocupaban de que dejáramos de preguntarlo. Ese periodismo no nace de la convicción. Vive de la publicidad institucional, de los sillones en las tertulias de la televisión pública, de las exclusivas que salen de la Moncloa a la hora convenida y de un acceso que se concede o se retira según lo que se publicó la víspera, y quien depende de todo eso sabe muy bien quién le paga la pluma. Así se fabrica una cadena de relatos, a cuál menos creíble, cada uno encargado de tapar el anterior. No informan a nadie y acaban dejando al lector sin otra herramienta que la sospecha, justo lo que necesita un gobierno para que la gente deje de exigirle. Un periodista que firma el argumentario de un ministro, con sesenta y nueve muertos todavía sobre la vía, ha dejado de vigilar al poder y trabaja para él.
Que el método falle no quiere decir que le falten colaboradores. Vox se negó a suspender la precampaña y una concentración ultra frente al Ministerio terminó con cargas policiales. Puente no podía pedir un villano mejor. Ese ruido, y el que hace Aliança Catalana con acento de aquí, recoge un malestar real, y entiendo que esos partidos atraigan. A quien lleva meses viendo cómo se para Rodalies y ahora tiene miedo de subir a un AVE, un partido que grita lo mismo que él piensa le parece más sincero que uno que le pide paciencia, y Vox y Aliança han aprendido a convertir esa frustración en votos. Lo que no hacen es devolverla convertida en algo. No conozco una sola propuesta suya sobre los trenes o sobre la inmigración que aguante una lectura en el BOE, y tampoco la necesitan, porque su negocio consiste en que el problema siga ahí para poder seguir señalándolo. Un partido que vive del agravio no puede permitirse resolverlo. En el otro extremo, Sumar lleva un año pidiendo "intervenir la vivienda" y lo más concreto que ha logrado es una prórroga forzosa de los alquileres, que aplaza el problema a cuenta del propietario y no añade una sola casa. Los dos extremos se parecen más de lo que les gustaría, porque ambos se alimentan de la misma frustración y ninguno sabría qué hacer el día que desapareciera.
El mismo miércoles se supo que la Comisión Europea ha abierto un expediente a raíz de la queja que Junts presentó en junio contra la regularización extraordinaria. Junts no pidió a Bruselas que prohibiera regularizar, porque esa decisión corresponde a cada Estado, y por esa razón cayó una iniciativa del PP que iba por ahí. Preguntó si España había avisado a sus socios de Schengen de una medida que afecta a todo el espacio sin fronteras y si podía anular órdenes de expulsión, algunas confirmadas por jueces, sin mirar caso por caso. Son preguntas técnicas, con respuesta en el derecho de la Unión, y por eso Bruselas las ha tomado en serio.
En Catalunya el desastre tiene socios con nombre. Illa decretó tres días de luto, que es lo que tocaba, y preside la Generalitat con el partido que dirige Transportes desde 2018. Junqueras ha pedido a Puente y a Adif que "den la cara" por el mantenimiento, y es la misma ERC que en mayo pactó con Illa los presupuestos catalanes a cambio de un cuarto cinturón ferroviario de cuatro o cinco mil millones que pagaría sobre todo el Estado, de una sociedad mixta para ejecutar inversiones, sin pasar por el Congreso, y de otras contrapartidas. Firmaron un cheque contra la cuenta de un Estado sin presupuesto desde 2023 y, con él, le aseguraron a la incompetencia un ejercicio más.
Cambiar de Gobierno el 29 de noviembre será necesario y no bastará. Urda ha enseñado un Estado en el que un ministro adelanta el culpable antes que la jueza y en el que pasar tres años sin Presupuestos no le cuesta nada a nadie. Para arreglarlo hacen falta instituciones que no dependan del humor de quien gobierna, empezando por una investigación de accidentes que no hable por boca de quien tendrá que rendir cuentas. Vienen tiempos en que hará falta orden, en el sentido más modesto de la palabra: que las cosas se hagan en el orden debido: primero el mantenimiento y después la inauguración, primero la jueza y después el ministro.
Ordenar España y Catalunya es la condición de todo lo demás. Mientras la política se haga a gritos, cada problema llega al Congreso o al Parlament convertido en trinchera y sale de allí sin resolver, y solo una manera de gobernar distinta, con objetivos que se entiendan y plazos de los que alguien responda cuando no se cumplen, puede bajar el volumen lo suficiente para que quepa una regeneración democrática de verdad. Esa regeneración exige situarse en la centralidad del tablero, el sitio desde el que se puede hablar con todos sin pertenecer a ninguno, que nada tiene que ver con un punto equidistante entre dos gritos. Las grandes reformas que España y Catalunya necesitan, desde una Fiscalía que no dependa de quien gobierna hasta una financiación que no haya que renegociar cada año como si fuera un rescate, exigen mayorías que ningún extremo puede reunir y que solo se construyen negociando. Quien vive del enfrentamiento no se sienta a negociar nada, porque presupone que ceder es traicionar. Hoy lo que separa a unos partidos de otros es menos la ideología que la capacidad de regenerar las instituciones y de tener una idea de cómo gestionar los problemas del Estado, los de Catalunya y la relación entre dos países y dos pueblos que llevan demasiado tiempo hablándose a través de los juzgados y de unos ministerios que no funcionan. Quien no tenga esa idea puede llegar a la Moncloa, como llegó Sánchez, y dejarlo todo donde lo encontró, o bastante más atrás.
El AVE Madrid-Sevilla abrió en abril de 1992 y durante años fue lo único de lo que España presumía sin reservas. Renfe ha bloqueado la venta de billetes en ese corredor hasta el 13 de diciembre, y quien no quiera dar el rodeo por la vía convencional vuelve a Andalucía por la A-4, como en los ochenta. Entonces íbamos por carretera porque no había alta velocidad, y ahora iremos porque, cuando la devuelvan, mucha gente se lo pensará dos veces antes de subir a unos trenes en que ya no está en juego la puntualidad sino la integridad física. Ese es el balance del Gobierno más progresista de la historia, el que nos ha devuelto casi cuatro décadas atrás. Puente ha dicho esta semana que solo dará un paso al lado si su continuidad perjudica al proyecto, y hablaba del de su partido. Del otro proyecto, el de un país en el que subirse a un tren no exija pensárselo, no hay rastro en ningún presupuesto, porque no hay presupuesto ni proyecto, solo supervivencia personal.