Con todo lo que está ocurriendo en el mundo, que parece que determinará nuestras vidas y las de nuestros hijos y nietos, las cuestiones locales inmediatas pierden interés. Sobre todo cuando llegan como un déjà vu de asuntos tan repetidos como el debate de la financiación autonómica, que gira en torno a cifras difícilmente precisables a priori y, además, sin presupuestos aprobados. Lo cual convierte el debate en un festival de propaganda, a favor o en contra, donde la verdad no existe y, en todo caso, estorbaría. Se comprueba fácilmente con las posiciones hiperbólicas de partidarios y detractores. En España, PP, Vox y el presidente socialista de Castilla-La Mancha agitan la catalanofobia; Sánchez y Montero responden que el modelo es el mejor no para Catalunya, sino para toda España, y ERC y PSC se autocondecoran con la medalla de la resignación al posibilismo.

La circunstancia era excepcional, con un Gobierno más necesitado que nunca de los apoyos catalanes para sobrevivir, y los representantes catalanes no han sido capaces de conseguir el concierto económico, que es lo que prometieron como contraprestación principal del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez

Lo que no es mentira y ha quedado meridianamente claro desde el inicio del pacto Sánchez-Junqueras es que no hay cambio de sistema y que Catalunya seguirá formando parte del régimen común, no como Euskadi y Navarra. Por lo tanto, Catalunya seguirá dependiendo absolutamente de la Hacienda estatal, es decir, todo lo contrario de lo que reclamaban e incluso prometían las fuerzas soberanistas cuando dieron apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Vicens Vives ya escribió sobre la “impotencia coercitiva” de los catalanes, que ahora ha quedado en mayor evidencia y con efectos, como mínimo, para una generación. La circunstancia era excepcional con un Gobierno que depende más que nunca de los apoyos catalanes para sobrevivir. La posibilidad del concierto económico para Catalunya era ahora o nunca, y ha ganado el nunca. Los encargados de defender los intereses de los catalanes no han sido capaces de conseguir lo que ellos mismos fijaron como contraprestación principal de su apoyo, lo que significa que no lo conseguirán nunca, al menos estos representantes y con este estatus de funcionamiento político y parlamentario.

Se anuncia con grandes titulares de portada que Catalunya recibirá con la actualización del sistema 4.700 millones más de lo que recibía hasta ahora. Ningún ciudadano está en condiciones de dilucidar qué hay de cierto y de falso en unas cifras que son teóricas y que deben surgir de una fórmula polinómica discutible incluso para los catedráticos de Hacienda Pública. Solo el cálculo de la llamada “población ajustada” ya genera una lógica controversia. Para Catalunya, no cuentan los 8 millones ni el impacto específico de la inmigración. Así que la cifra de 4.700 millones puede parecer espectacular, pero lo es menos si es todo lo que se puede conseguir 17 años después de la última reforma. Y se pueden hacer comparaciones realmente odiosas. Una comisión de expertos —técnicos, no políticos— ya elaboró hace un tiempo un informe según el cual el sistema sanitario catalán sufre una infrafinanciación crónica que requeriría un esfuerzo inversor de 5.000 millones anuales. Así que no parece que con los 4.700 vayamos a ir muy sobrados. Cabe destacar que ha demostrado su independencia de criterio, siendo como es un referente del establishment, el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, al dejar claro que el acuerdo es para Catalunya “insuficiente”. Tan insuficiente que la Generalitat seguirá compensando el déficit sometiendo a los catalanes a la presión fiscal más alta de toda España y parte del extranjero.

Por otra parte, ya tenemos suficientes antecedentes como para saber que los anuncios de lluvia de millones siempre tienen un objetivo propagandístico y que después nunca se cumplen. De entrada, el resultado de la aplicación del modelo depende fundamentalmente de la recaudación fiscal. Evidentemente se pueden hacer previsiones, pero siempre será un ejercicio teórico realizado con mucha antelación. Y cualquier incidencia global puede alterar las previsiones. Ahora mismo, suponiendo —que es mucho suponer— que el nuevo sistema se apruebe en el Congreso y supere todos los trámites, no queda muy claro cómo podrá aplicarse sin presupuestos, pero sobre todo tampoco se sabe qué gobierno lo aplicará. Ya ocurrió en tiempos del Gobierno Aznar, que cedió impuestos a las comunidades autónomas como nunca antes se había hecho y, a continuación, rebajó las tarifas de esos mismos impuestos, con lo cual las comunidades apenas ganaron nada y Aznar recibió la ovación de los contribuyentes más ricos, la mayoría instalados en Madrid. En cuanto a este nuevo modelo, en el mejor de los casos nos vamos a 2027, año electoral, si es que Pedro Sánchez no se ve obligado a convocar elecciones este mismo año.

Ningún gobierno español ha tenido muchas ganas de actualizar el sistema de financiación autonómica porque siempre es un sudoku complicado que lo obliga a aumentar el pastel a repartir para que nadie se ofenda y a alcanzar acuerdos bilaterales con comunidades, partidos y partiditos que, además, a menudo se resuelven comprando el voto favorable con asuntos alejados de la cuestión de fondo: otra ley, una subvención, el traspaso de un edificio, alguna concesión a los amigos… o, como ocurre a menudo en Catalunya, con la cesión del protagonismo mediático. Antes era CiU quien “arrancaba” millones al Estado para acabar refunfuñando a la semana siguiente. Después fue Montilla quien consiguió “el mejor sistema de financiación de la historia”, algo que se obtiene con solo un euro más que el anterior. Y ahora es Oriol Junqueras quien se retrata en la Moncloa como el interlocutor catalán en lugar del president de la Generalitat, lo cual también tiene su aquel.

Junqueras está resignado y no tiene otra alternativa que apoyar a los Gobiernos de Pedro Sánchez y Salvador Illa para ir tirando, mientras que los de Puigdemont no quieren resignarse; no tienen argumentos para dar apoyo, pero tampoco obtendrán ningún rendimiento del bloqueo del sistema, más bien lo contrario

Así que no hace falta perder el tiempo en la cuestión de fondo, porque todo responde a estrategias políticas de muy corto recorrido. Pedro Sánchez no sabe si el nuevo sistema llegará a buen puerto y probablemente le da igual. Necesitaba un debate que reforzara la candidatura socialista de María Jesús Montero en las elecciones andaluzas y tenía que hacer algún gesto para que Esquerra Republicana pueda vender a su clientela que su actuación tiene alguna utilidad. Al fin y al cabo, ERC no tiene ninguna otra alternativa que mantener el apoyo a los gobiernos de Pedro Sánchez y de Salvador Illa. Ejercer de muleta de los socialistas no es un papel muy brillante, pero no tiene otro remedio, y de paso obtiene notoriedad mediática (Rufián) y algunas cuotas de poder para ir tirando.

Por su parte, Junts per Catalunya no tiene argumentos para dar apoyo a la reforma de la financiación, dado que perpetúa la dependencia catalana de la Hacienda estatal, pero eso es en términos ideológicos. En términos prácticos, la posición resultará muy incómoda. La presión política y mediática ya se ha visto esta semana que será brutal, porque mediáticamente es muy fácil hacer entender a la gente, como hacía Pujol, que es mejor un poco más que nada. Ciertamente, desde entonces no se ha avanzado mucho. Después de todo lo que ha pasado, estamos como estábamos en el siglo pasado. Ahora Junts deberá expresar su rechazo y presentar un proyecto alternativo, dejar clara su postura, pero participar en el bloqueo del sistema con PP y Vox también tiene riesgos. No hacer ni dejar hacer nunca ha tenido muchos partidarios en Catalunya; basta con mirar a la CUP.