"El año pasado la estación del AVE del Camp de Tarragona tuvo los urinarios fuera de servicio durante más de seis meses", escribía un usuario en Twitter. "Si no hay recursos para unos urinarios, ¿cómo va a haberlos para cambiar el sistema de seguridad ferroviaria?".
España vive este año un colapso de las infraestructuras: más de cien muertos en la alta velocidad, el caos diario de las Rodalies en Catalunya, la degradación imparable de las autopistas. Añadamos otros incidentes más localizados y vinculados a la obra pública: el incendio de Les Gavarres provocado por una radial, el socavón del barrio del Putxet de Barcelona, el derrumbe de las obras del soterramiento de la R2 en Montcada i Reixac.
El sentimiento que tenemos los ciudadanos es de aceleración: todo se hunde, y la velocidad de este hundimiento crece. Estos días hemos oído muchos argumentos que lo explican: la construcción de una red de alta velocidad con criterios políticos, pero que no es rentable y no se puede mantener; el crecimiento imparable del gasto en pensiones, que obliga a recortar el resto de partidas del presupuesto estatal; el uso de las agencias de infraestructuras como lugares de colocación de familiares, amigos y compañeros de partido, con la desaparición del conocimiento técnico. Aunque estoy de acuerdo, deberíamos descartar la idea de que sea un fenómeno nuevo o de la última década. No, todo ello es consecuencia del funcionamiento secular del Estado español.
Pondré algunos ejemplos. Soy un usuario frecuente del Avant entre Girona y Barcelona, un servicio que se ha degradado claramente estos dos últimos años. Ahora bien, hay un detalle que no ha funcionado nunca. En las estaciones de todo el continente, los viajeros pueden consultar en las pantallas dónde se detiene cada vagón antes de que llegue el tren, y así todo el mundo se puede colocar en el tramo del andén que le corresponde. Adif, en cambio, no ha instalado nunca este servicio, y el resultado es una escena caótica: carreras con maletas, gente con problemas de movilidad a la que le cuesta llegar al vagón que toca, nervios. A la vuelta, hay que sufrir que en la estación de Sants te traten como un rebaño, con aglomeraciones y una mala educación crónica de los trabajadores. Es obvio que nadie de Adif diseñó la logística pensando en los pasajeros, y sobre todo en el aumento del número de viajeros. No es solo un problema de eficiencia, sino una pequeña humillación que los usuarios tenemos que sufrir cada vez.
En España la obra pública no es una inversión para mejorar la vida de los ciudadanos, sino una oportunidad para enriquecerse por la vía de la corrupción
O miremos la app de Renfe. Como viajo a lo largo y ancho de Europa, tengo instaladas en el móvil las aplicaciones de las grandes compañías de trenes, de la SNCF francesa a la Deutsche Bahn o la SJ sueca. Decir que la app de Renfe es la peor es quedarse muy corto. El uso es poco intuitivo, a menudo se cuelga o no se conecta, y quizás lo más increíble es que a veces hay lista de espera y te indica que no podrás comprar el billete hasta pasados cinco, diez o treinta minutos. ¡Una app con lista de espera! Cuesta poco imaginarse que los servidores son obsoletos y no pueden absorber la demanda.
Y otro elemento que hemos normalizado: la seguridad. Recuerdo que durante los años de los grandes atentados islamistas, las estaciones de ferrocarril de Francia e Italia eran vigiladas por policías y militares armados hasta los dientes. Ahora bien, ni siquiera en aquella época había control de equipajes como si fuera un aeropuerto —de hecho, la Unión Europea lo desaconseja. España, en cambio, lo implantó desde el inicio y obliga a los usuarios a llegar antes y a hacer cola, hecho que resta competitividad al tren. Hay situaciones absurdas: los viajeros del TGV de Barcelona a París tienen que pasar por el control en Sants, pero a la vuelta pueden subir libremente al tren en la Gare de Lyon.
A pesar de las cifras de inversión, todos vemos cómo los miles de millones de euros públicos que se gasta el Estado no llegan íntegramente a los ciudadanos, y se da por descontado que una parte del servicio será deficiente. Entonces la pregunta es: ¿a dónde va a parar este dinero? ¿Quién se embolsa los contratos millonarios de los controles de maletas en las estaciones? ¿Cómo se gestionó dentro de Renfe el desarrollo de la app? ¿Por qué se decidió no instalar el aviso de llegada de los vagones?
La explicación de estos tres ejemplos —o de los urinarios de la estación del Camp de Tarragona— es siempre la misma: el funcionamiento secular de España. Las élites extractivas castellanas nunca han visto la obra pública como una inversión que beneficie a los ciudadanos, sino como la oportunidad de enriquecerse por la vía de la corrupción. Estas élites saben que su impunidad es casi total, porque muchos españoles tienen una clara mentalidad de súbdito, y aceptan estas humillaciones diarias sin ninguna protesta. Y si alguien se piensa que con los 116 muertos en accidentes ferroviarios de 2026 se ha cruzado una frontera, que se desengañe: los dos grandes partidos que han gestionado las infraestructuras durante los últimos cuarenta años se llevarán la mayoría de los votos. No hay ningún incentivo electoral para cambiar el rumbo, y aunque lo hubiera, revertir la degradación requiere un dinero que no existe y un tiempo que excede unas cuantas legislaturas. Así pues, solo queda hacerse a la idea de lo que vendrá: más caos, más colapso y más muertos.