No lo digo yo, esto de que Catalunya sea un infierno fiscal. Lo espetó la semana pasada el señor Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal de grandes empresas, Foment del Treball Nacional, en el acto de presentación de las conclusiones del Llibre Verd de la Fiscalitat de Catalunya. El documento, elaborado por un grupo de una cincuentena de expertos tributarios adscritos a la organización empresarial, hace unas ochenta propuestas para combatir la carga fiscal de empresas y particulares, que consideran excesiva. Literalmente, el presidente de Foment lamentó que los catalanes viven en un infierno fiscal para las familias, los ciudadanos y las empresas.
La patronal, que centra su atención en los impuestos que están en manos de la Generalitat, propone o bien eliminarlos o bien rebajarles para (en palabras de Manuel Silva, coordinador del estudio) configurar un sistema tributario más respetuoso con los principios de justicia tributaria y no confiscatoriedad.
No seré yo quien rebata técnicamente el documento en cuestión. Lo ha hecho magistralmente esta misma semana (ayer en ON ECONOMIA de este mismo diario y el día 17 en sendos artículos en el Ara y en El Periódico) el catedrático de la UPF Guillem López Casasnovas, probablemente uno de los mejores expertos en finanzas públicas de Catalunya y de todo el estado español. Desarma los cimientos en los que descansan las propuestas de Foment hasta hacer caer el edificio, a partir de una crítica hecha desde el rigor. Se agradece. También la Generalitat ha rebatido algún error que contiene el documento, como los tipos marginales del IRPF del tramo catalán, que estaban equivocados (e inflados).
Para defender la tesis que sostiene la patronal de rebajar o suprimir impuestos, Foment argumenta que rebajaría el agravio comparativo con otras comunidades que ya han dado el paso, favorecería la atracción de inversiones extranjeras y de talento, evitaría que directivos de empresas tuvieran la tentación de instalar su domicilio fiscal fuera de Catalunya (por ejemplo a la Comunidad de Madrid), favorecería la creación de riqueza y el empleo, etcétera. Sánchez Llibre pone dos guindas: 1) una beligerante, como decir que perseguirán el impuesto sobre Patrimonio "por lo civil, por lo penal o por lo criminal"; y 2) una vocacional: el objetivo estratégico final es que "Catalunya sea el primero de la clase, que Catalunya sea la locomotora de la economía española".
Si se hiciera lo que pide la patronal, ¿de dónde saldría el dinero que ahora se recauda?
Con todos los respetos, he aquí tres reflexiones que me sugiere este episodio, que va a caballo de una institución muy respetable y de las palabras no sé si muy acertadas de su presidente. En primer lugar, la patronal invoca un argumento tronado, de otras épocas y con derivada política, como ser la locomotora económica de España. Puede estar bien como objetivo tomar de referencia el marco en el que se inserta la economía catalana, pero siempre he pensado y he sostenido, y creo que cada vez está más claro a ojos de todo el mundo, que la economía catalana tiene que prosperar en beneficio de sí misma, no al servicio de España. Y puestos a encajar en un entorno de referencia, ¿por qué no plantearse el objetivo de ser una locomotora europea?
En segundo lugar, tenemos que situar los impuestos en los que Foment pide cambios más relevantes en el contexto de la recaudación de tributos por parte de la Generalitat, que en 2023 se cifró en 4.678 millones de euros. 4.083 millones de esta recaudación (el 87%) correspondieron a cuatro impuestos concretos: Transmisiones patrimoniales y operaciones societarias (1.848 millones), Actos jurídicos documentados (607 millones), Sucesiones y donaciones (951 millones) y Patrimonio (678 millones). Foment pide la supresión del de Patrimonio y una drástica reducción en los otros tres. Uno se pregunta, si se hiciera lo que pide la patronal, ¿de dónde saldría el dinero que ahora se recauda? Ah, y un aspecto adicional: en 2021, 2022 y 2023, el 98-99% del fraude fiscal aflorado por la Agencia Tributaria de Catalunya procede de los cuatro impuestos indicados, mientras estos representan el 87-89% de la recaudación total de tributos. Ahí lo dejo.
En tercer lugar, sobre la afirmación que los catalanes "vivimos en un infierno fiscal", tengo que decir que personalmente nunca he tenido esta percepción. Más bien, si tuviera que utilizar el concepto en el marco catalán, se me ocurriría aplicarlo al infierno del déficit fiscal o al infierno del régimen común (en comparación con el País Vasco o Navarra). Pero bien, cada grupo social defiende sus intereses y se tiene que respetar, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, también con todos los respetos, los que perciben que viven en un infierno fiscal, siempre tienen una solución fácil: desplazarse unos pocos kilómetros, que el "cielo" (fiscal) no queda tan lejos.
Por cierto, enlazando el infierno fiscal de Foment con el fraude, me viene a la memoria una cita del exconseller de Economia i Hisenda Jaume Giró en 2022, cuando, con motivo de presentar los datos de afloramiento de fraude de 2021, asumió públicamente el compromiso de su gobierno de hacer de Catalunya "un infierno para los defraudadores fiscales", un concepto que no dudo de que se suscribe a todos los países avanzados.