La Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice en su artículo 51 que la campaña "comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria" y que "dura quince días", y en el 53 veta la publicidad electoral entre la convocatoria y ese día. La de estas generales arrancó a las cero horas del viernes 13. Para entonces Santiago Abascal ya se había sentado el lunes 9 en La Revuelta, ante 4.815.000 espectadores, cuatrocientos mil más de los que tuvo Pedro Sánchez en el mismo plató el 22 de octubre. Alberto Núñez Feijóo pasó el miércoles por El Hormiguero, y el jueves, víspera del arranque oficial, La 1 apartó a Broncano para darle la noche a Sánchez en El perro andaluz.

El cara a cara de 2008 entre Zapatero y Rajoy lo vieron trece millones de personas; el de 2023 entre Sánchez y Feijóo, 5,9 millones, el peor dato desde 1993. A Abascal, en el programa de Broncano, le ha faltado poco más de un millón para alcanzarlo. No tengo ningún estudio que demuestre que hoy el voto se decide en el sofá de un humorista y desconfío de quien diga tenerlo. Sí puedo leer la agenda de los partidos. Habrá un solo cara a cara entre Sánchez y Feijóo, el 19 de noviembre, organizado por la Academia de la Televisión después de que Feijóo dejara fuera a TVE. Sánchez, en cambio, ha encontrado dos huecos en tres semanas en los programas de entretenimiento de la televisión pública.

Llevo muchos años defendiendo ante tribunales, algunos con jurado, y sé que la simpatía pesa más de lo que a los juristas nos gusta admitir. Pero, en una sala, hasta el testigo más simpático tiene que contestar a las preguntas de la otra parte. En un plató de entretenimiento no hay otra parte y lo que se examina es si el invitado cae bien, a las once de la noche.

Los mítines han seguido el mismo camino. Al pabellón solo va quien llega convencido de casa, de modo que el mitin ya no persuade a nadie y se organiza para fabricar medio minuto de telediario con banderas al fondo, una foto que sale igual con dos mil militantes bien colocados que con veinte mil. En Catalunya aprendimos antes que nadie a hacer campaña sin pabellón, y por la peor de las razones. En diciembre de 2017, el president Puigdemont hizo campaña desde Bruselas, con una pantalla en lugar del atril, y su lista quedó por delante de todas las independentistas. A nosotros, la distancia nos la impuso una orden de detención; a los demás, se la impone ahora un algoritmo que no deja pasar un razonamiento de más de un minuto.

En el hueco que han dejado los argumentos se han instalado los bulos, y en esta campaña hay dos proveedores principales que se necesitan el uno al otro para asustar. El 5 de octubre, el día en que se disolvieron las Cortes, Abascal animó en una entrevista a no votar por correo; la cuenta oficial de Vox difundió sus palabras, que se tradujeron a cuatro idiomas. Prueba de fraude, no aportó ninguna. Según el recuento de Maldita, han circulado más de una decena de vídeos fabricados con inteligencia artificial en los que un cartero tritura el sobre que le entrega una anciana o unos falsos interventores manipulan papeletas. Los votos se cuentan a mano, mesa por mesa, delante de los interventores que cada partido quiera mandar, y Vox puede mandarlos a todas.

El PSOE juega en la otra punta del mismo campo y no necesita fabricar vídeos porque dispone de organismos públicos. El jueves 12, último día antes de la campaña, el CIS publicó la mayor encuesta de su historia, 45.074 entrevistas, y le dio al PSOE el 33,3 por ciento y casi ocho puntos de ventaja sobre el PP, cuando la media de las encuestas privadas coloca al PP algo más de cuatro puntos por delante. En julio de 2023 el mismo CIS dio ganador al PSOE por un punto y cuatro décimas, y ganó el PP. José Félix Tezanos, que llegó al CIS desde la Ejecutiva Federal socialista, está a punto de irse y se despide con un pronóstico que no se parece a ningún otro. Desde que Sánchez descubrió en abril de 2024 la "máquina del fango", todo dato que le incomoda es un bulo, y los que le convienen los produce un organismo autónomo que financiamos todos con los Presupuestos del Estado.

El programa es la única vara con la que el votante puede medir lo hecho frente a lo prometido, y el único texto que permite discutir propuestas en lugar de caras. Sin programas no hay nada que comparar, y para elegir quedan la simpatía o el miedo

La Ley 39/1995 obliga al CIS a actuar conforme a "los principios de objetividad y neutralidad" y le encarga "la realización de estudios que contribuyan al conocimiento científico de la sociedad española". Publicada en esas condiciones, una estimación de voto no se recibe como una opinión, porque lleva sello oficial, y por eso desinforma mejor que cualquier montaje de TikTok, que al menos se puede desmentir. Quien la lee en el móvil ignora la cocina y solo ve al Estado anunciándole quién va a ganar.

Entre 2018 y 2025 el CIS recibió 82,8 millones de euros. Durante nueve años, a los auténticos independentistas catalanes se les ha acusado de malversar por destinar dinero público a un fin político sin quedarse un euro, un fin que figuraba en el programa electoral con el que fueron elegidos. Nunca he aceptado esa tesis y no voy a aceptarla ahora, pero quienes la defienden con tanto entusiasmo tendrían que explicar por qué se olvidan de ella cuando es el Gobierno el que gasta una fortuna del erario en fines difícilmente confesables y con métodos mucho menos que transparentes.

El CIS, al menos, tiene una ley que incumplir. Desde 2024, una instrucción de la Junta Electoral Central obliga a cualquier organismo público que pregunte por la intención de voto a comunicarlo antes de salir a la calle, "con independencia de la denominación que se le otorgue" al estudio. En octubre la Junta concluyó que el CIS había incumplido la ley electoral al no dar a tiempo al PP los datos de su barómetro, aunque no quiso abrirle expediente a Tezanos por la "escasa entidad de la infracción".

Iván Redondo no tiene ley que incumplir. De su trayectoria ya escribí aquí la semana pasada y a ello me remito, porque ahora me interesa su oficio. El 4 de mayo presentó en Madrid un libro titulado El manual, reivindicó su papel en la candidatura de Salvador Illa y avisó de que estaba "preparado para volver". El 9 de octubre explicó en Antena 3 que el PSOE podía ser primera fuerza, y el 7 de noviembre lo dio por hecho en la red social X. Nadie sabe si habla como analista o como asesor de alguien, y la ley no le obliga a aclararlo. Un pronóstico sin muestra ni cliente declarado, lanzado en horario de máxima audiencia por quien dirigió el gabinete del candidato, no está sujeto a regla alguna. El legislador de 1985 imaginó una campaña con candidatos, partidos, medios y electores, y no previó al profesional que vende la misma técnica a unos y a otros y luego la comenta en televisión como si la mirara desde la grada. Las cuentas del partido las revisa el Tribunal de Cuentas. Las del consultor no las revisa nadie, y el votante no tiene manera de saber quién le paga.

Mientras tanto, la ley sigue a lo suyo. Prohíbe publicar encuestas entre el 24 y el 28 de noviembre, pero nada impide que el CIS publique la suya once días antes. Y obliga al Estado a pagar un correo que casi nadie abre. El artículo 175.3 de la ley electoral subvenciona el envío directo y personal a los electores de sobres, papeletas y propaganda, y la Orden HAC/1062/2026 fija la cantidad en veintiséis céntimos por elector, solo para las candidaturas con grupo parlamentario propio y fuera del límite de gastos. Con 38.728.356 electores, un partido que se presente en todas las circunscripciones puede recibir unos diez millones de euros por buzonear una papeleta que el elector encontrará igualmente en el colegio. Que yo sepa, nadie ha decidido nunca su voto al abrir el buzón.

Lo que no llega en ese sobre es lo único que debería servir para decidir. El PP presentó su programa el 10 de noviembre y Vox el 12, cincuenta y cinco páginas y ciento quince medidas un día antes de que empezara la campaña, cuando sus candidatos ya habían pasado por los platós. Ese mismo jueves el PSOE, que gobierna desde 2018, no había publicado el suyo.

La Constitución establece en su artículo 67.2 que los diputados "no estarán ligados por mandato imperativo", y con razón, pero la regla tiene un precio. Como nadie puede exigir ante un juez que un diputado cumpla su palabra, el programa es la única vara con la que el votante puede medir lo hecho frente a lo prometido, y el único texto que permite discutir propuestas en lugar de caras. Sin programas no hay nada que comparar, y para elegir quedan la simpatía o el miedo, justo lo que se fabrica en un plató y en un vídeo falso. El artículo 20.1.d) de la Constitución reconoce el derecho a "recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", y no conozco información más veraz sobre lo que alguien piensa hacer que lo que está dispuesto a dejar por escrito. La ley electoral regula hoy la parte de la campaña que ya no decide nada y deja sin regla la parte que la decide.

El sábado 28 la ley nos concede una jornada de reflexión, sin mítines ni propaganda. Ese día el dato del CIS seguirá en los móviles y el sobre de verdad, con veintiséis céntimos públicos dentro, estará en el contenedor de papeles y cartones.