Hay momentos en los que la confusión no nace de la falta de información, sino del exceso de ruido. Momentos en los que no nos piden pensar, sino alinearnos. Tomar partido. Repetir un relato. Elegir entre dos bandos como si la democracia consistiera en eso, en simplificarlo todo hasta que deje de importar lo esencial. Y ahí está el truco: cuando cambian las preguntas, ya no hace falta responder con verdad. Basta con responder con lealtad.
Vivimos instalados en esa lógica perversa. Si lo que ocurre afecta a los adversarios, entonces es prueba de una podredumbre estructural. Si compromete a los propios, aparece de inmediato la coartada: persecución, lawfare, operación política, mala interpretación, contexto, matiz, ruido. Todo sirve antes que mirar de frente. Y así, poco a poco, los hechos dejan de tener peso por sí mismos.
No se trata de condenar a nadie a priori. La presunción de inocencia no es una fórmula decorativa que se invoca cuando conviene y se olvida cuando estorba. Es una garantía básica, imprescindible en un Estado de derecho. Pero una cosa es respetar esa garantía y otra muy distinta mirar hacia otro lado cuando aparecen indicios serios, informes, declaraciones, contradicciones o comportamientos que, como mínimo, deberían exigir una explicación pública. La democracia necesita jueces, sí. Pero también necesita ciudadanos que no renuncien a pensar.
España no es una dictadura. Conviene repetirlo, precisamente porque la exageración también degrada el debate. Nuestro país sigue siendo una democracia consolidada según los estándares internacionales. Y, sin embargo, una democracia puede seguir funcionando en lo formal mientras se deteriora por dentro. Puede conservar elecciones, parlamento, tribunales y medios, y al mismo tiempo ir perdiendo algo mucho más frágil: la confianza, la decencia, el pudor, el sentido del límite. Las instituciones siguen ahí. Lo que se deshilacha es la conversación pública.
Cada día vemos cómo el debate se convierte en una sucesión de trincheras. Ya no se conversa para entender; se discute para ganar. Ya no se escucha para corregirse; se escucha para encontrar la grieta del otro. La política se ha llenado de palabras solemnes —democracia, patria, regeneración, fascismo, lawfare— que en demasiadas ocasiones ya no sirven para aclarar nada, sino para taparlo todo.
No nos piden pensar, sino alinearnos. Tomar partido. Repetir un relato. Elegir entre dos bandos como si la democracia consistiera en eso, en simplificarlo todo hasta que deje de importar lo esencial
Tapar lo propio. Agrandar lo ajeno. Defender lo indefendible. Convertir la sospecha en sentencia cuando perjudica al adversario, y la garantía en obstáculo cuando afecta al afín. Lo más grave es que esa lógica ya no es solo de los partidos. También ha calado en una parte de la sociedad. Y cuando eso ocurre, la democracia se vuelve vulnerable de verdad.
No es casual que crezca la desconfianza hacia la información pública. Muchos ciudadanos perciben los bulos como una amenaza real y sospechan, con razón, que hay partidos, medios y actores políticos interesados en alimentar la confusión. El problema no es solo la desinformación. El problema es la pérdida de fe en que el espacio público esté orientado a la búsqueda de la verdad. Cuando eso se rompe, todo se vuelve sospechoso.
Ya no sabes si te informan o te empujan. Ya no sabes si una exclusiva es periodismo o munición. Ya no sabes si una denuncia nace de una convicción ética o de un cálculo electoral. Ya no sabes si una causa judicial es justicia o guerra política. Y el resultado es un cansancio profundo, casi moral. De ese cansancio nace una frase que siempre conviene mirar con desconfianza: “todos son iguales”. No, no lo son. Pero cuando una sociedad empieza a creerlo, los peores pueden respirar tranquilos. La indiferencia ciudadana es el mejor refugio para el abuso.
Hannah Arendt insistió en algo fundamental: pensar no es un lujo intelectual, sino una responsabilidad moral. Pensar para no obedecer automáticamente. Pensar para no refugiarse en la masa. Pensar para no repetir consignas como si fueran juicios propios. En tiempos de propaganda, pensar es una forma de resistencia.
Y Simone Weil, con una lucidez que hoy se nos antoja casi incómoda, habló de la necesidad del arraigo. Una comunidad no se sostiene solo sobre derechos proclamados. Necesita deberes, memoria, vínculos, responsabilidad y verdad. Necesita un suelo común. Tal vez ahí esté una de nuestras grandes carencias: hablamos mucho de derechos y muy poco de obligaciones.
La democracia no es solo votar. No es solo tener opinión. No es solo insultar en redes. Es también aceptar límites, escuchar sin desprecio, rectificar, deliberar, reconocer que incluso el otro puede tocar una parte de verdad.
Nos faltan lugares abiertos al debate público. Espacios sin tutela partidista, sin dependencia mediática, sin ataduras económicas que condicionen cada palabra
Pero, ¿dónde se ejercita hoy esa democracia? Los partidos, desde luego, cada vez menos. Se han convertido en estructuras de poder, en maquinarias electorales, en aparatos de supervivencia. No todos los políticos son iguales, ni todo militante actúa igual, pero la lógica interna de los partidos empuja casi siempre hacia la disciplina, no hacia la conciencia. Quien duda, molesta. Quien pregunta, incomoda. Quien exige coherencia, acaba señalado.
Y fuera de ahí, ¿qué tenemos? Existe tejido social, claro. Asociaciones vecinales, colectivos profesionales, plataformas culturales, entidades de voluntariado, redes locales. Mucha gente sostiene el país desde abajo mientras las élites discuten en otra frecuencia. Pero esos espacios suelen nacer de una causa concreta, de una urgencia concreta, de una necesidad concreta. Nos falta algo más grande. Necesitamos ágoras.
Nos faltan lugares abiertos al debate público. Espacios sin tutela partidista, sin dependencia mediática, sin ataduras económicas que condicionen cada palabra. Lugares donde la ciudadanía pueda preguntarse qué considera justo, qué considera intolerable, qué espera de quienes gobiernan, qué exige de quienes informan y qué entiende por bien común.
Nos faltan ágoras modernas. No idealizo el pasado. El ágora clásica excluía a mujeres, esclavos y extranjeros. Como mujer, no voy a romantizar una democracia que me habría dejado fuera. Pero sí podemos rescatar una idea: la política no puede quedar secuestrada por profesionales del poder. Una sociedad adulta necesita espacios para hablar consigo misma.
Jordi Pigem, desde otro ángulo, lo formula con precisión: vivimos una época en la que la conciencia corre el riesgo de ser sustituida por el cálculo, la presencia por la pantalla, el pensamiento por el automatismo. Y esa advertencia es muy útil para entender lo que nos pasa. Porque no estamos solo ante una crisis política. Estamos ante una crisis de atención, de interioridad y de criterio. Y es que nos cuesta mirar despacio.
La política no puede quedar secuestrada por profesionales del poder. Una sociedad adulta necesita espacios para hablar consigo misma
Byung-Chul Han ha señalado algo parecido: estamos rodeados de información, pero no necesariamente más cerca de la verdad. La saturación no produce ciudadanía por sí misma. Puede producir justo lo contrario: cinismo, reacción instantánea, incapacidad para distinguir lo importante de lo estridente.
Michael Sandel también ha insistido en algo que convendría recuperar: la política no puede reducirse a gestión técnica ni a suma de intereses privados. Tiene que volver a hablar del bien común. Y, sin embargo, esa expresión hoy suena casi ingenua. Como si hablar de virtud, servicio, deber o decencia perteneciera a otra época. Pero no. Lo viejo no es eso. Lo viejo es el cinismo.
Sin ética pública, la democracia se convierte en procedimiento. Hay votaciones, sí. Hay comparecencias, sí. Hay leyes, sí. Pero si todo eso se vacía de exigencia moral, solo queda una carcasa. Una escenografía. Una liturgia en la que cada cual interpreta su papel mientras la ciudadanía mira, se indigna, se agota o se va.
No necesitamos santos. De hecho, conviene desconfiar de quienes se presentan como puros. La pureza en política suele terminar mal. Lo que necesitamos son límites. Controles reales. Rendición de cuentas. Separación de poderes. Medios que no actúen como terminales de partido. Jueces que puedan trabajar sin campañas de demolición. Ciudadanos que no pidan limpieza solo cuando la suciedad está en la casa ajena. Necesitamos una ética que no cambie de criterio según quién sea el afectado. Esa es la prueba verdadera.
Si algo nos parece intolerable cuando lo hace el adversario, debe parecérnoslo también cuando lo hace alguien cercano. Si una filtración nos escandaliza cuando perjudica a los nuestros, también debe preocuparnos cuando los favorece. Si defendemos la independencia judicial, hay que hacerlo siempre. Si invocamos la presunción de inocencia, hay que hacerlo para todos. Claro que puede haber abusos judiciales. Claro que puede haber operaciones políticas. Claro que puede haber denuncias falsas, causas infladas, medios manipuladores y poderes dispuestos a usar la justicia como campo de batalla. Negarlo sería absurdo. Pero reconocer eso no nos autoriza a invalidar cualquier hecho incómodo. Porque entonces ya no estamos defendiendo garantías: estamos fabricando coartadas.
Hay votaciones, sí. Hay comparecencias, sí. Hay leyes, sí. Pero si todo eso se vacía de exigencia moral, solo queda una carcasa. Una escenografía. Una liturgia en la que cada cual interpreta su papel mientras la ciudadanía mira, se indigna, se agota o se va
Y ahí está la gran trampa de este tiempo: confundir la defensa de principios con la defensa de los nuestros. Creer que la democracia consiste en impedir que ganen los malos. Creer que la ética es una herramienta arrojadiza. Creer que basta con denunciar la corrupción ajena mientras se minimiza la propia. Creer que el relato puede sustituir a la verdad. No puede. O no debería poder.
Quizá ha llegado el momento de aceptar algo incómodo: la regeneración no vendrá de los mismos aparatos que han aprendido a vivir de la degradación. Pero eso no significa abrazar la antipolítica. Al contrario. La antipolítica suele abrir la puerta a peores salidas: salvadores providenciales, soluciones mágicas, autoritarismos envueltos en promesas de limpieza. La salida no es menos política. Es mejor política. Política desde abajo. Desde los barrios, los ateneos, las universidades, los colegios profesionales, las asociaciones, los medios independientes, los foros ciudadanos y las conversaciones reales. Lugares donde disentir no signifique ser expulsado moralmente. Donde discutir no implique destruir. Donde la gente pueda volver a preguntarse qué país quiere ser. Porque una democracia no se salva solo en los tribunales ni en los parlamentos. Se salva también en la conversación que una sociedad mantiene consigo misma. Y la nuestra necesita recuperar la brújula.
No para repartir carnés de buenos y malos. No para levantar un tribunal moral permanente. No para sustituir la justicia por el ruido. Sino para algo más básico y más difícil: volver a distinguir entre lo correcto y lo conveniente, entre lo grave y lo útil, entre defender garantías y tapar vergüenzas, entre tener razón y ser decente. Porque cuando una sociedad pierde sus guías éticas, siempre aparece alguien dispuesto a venderle una brújula falsa.
Y lo peor no es que la venda. Lo peor es que, agotados y confundidos, terminemos comprándola.