“Entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la república que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud.”
Francisco de Miranda

No sé si ustedes serían muy de suizos, allá en su infancia. En la mía, el suizo era el bollo que tu madre abría para meter dentro una chocolatina o bien, en momentos de fortuna, los que se cortaban longitudinalmente en tres trozos para untarlos en el chocolate. Un bollo suizo nació siendo anagrama burgués de pastelería y acabó en pitanza de recreo. El caso es que en toda la piel de toro abundan las pastelerías con ese nombre aspiracional, nacidas en siglos pasados para dar a entender que lo que allí se hacía era fino y refino: europeo.

Pero no vengo a hacer propaganda del bollo en tiempo de torrijas, de buñuelo o de monas, no. Todo esto era una forma de endulzar la incómoda verdad de que la izquierda radical ha decidido que todo aquel procedimiento dirigido contra uno de los suyos es espurio y debe cesar. Eso es tanto como decir que si eres morado o rojo bermellón, incluso rojo y negro por anarquista, tus desmanes no deben tener freno y el que te lo intente poner es un fascista. Lawfare se ha convertido en la palabra mágica que ya no designa nada; solo sirve para que desde la izquierda radical se exija que las acciones delictivas queden impunes. Una cosa es que se convierta en delito lo que no lo es y otra muy diferente es que delitos evidentes deban quedar impunes según quién proteja al delincuente.

El gobierno indultó el martes a "las seis de La Suiza", que fueron condenadas en todas las instancias, hasta llegar al Supremo, a tres años y seis meses de prisión por extender su acción sindical en favor de una trabajadora de la pastelería La Suiza de Gijón hasta coaccionar, amenazar e impedir al negocio seguir abierto. "Las protestas no fueron proporcionales, sino que fueron un hostigamiento coactivo prolongado en el tiempo", dijo el Supremo al ratificar la sentencia, que condenaba además a sindicalistas y a la CNT a 150.000 euros de responsabilidad civil. O sea, que las concentraciones durante meses para impedir a la clientela entrar a la tienda, la difusión de vídeos difamatorios, publicaciones calumniosas y otras acciones como método de presión no eran solo una presión lógica sindical, sino algo de otra naturaleza y entidad. No entro en si el pastelero era un cabroncete, que puede que sí, sino en que la acción sindical de protesta tiene, como todo en democracia, unos límites marcados en el Código Penal. Ninguno podemos traspasarlos, por mucho que estemos trabajando o protestando.

"Defender la acción sindical es un orgullo", ha dicho Yolanda Díaz. "Lo hemos peleado durante meses y lo hemos conseguido". Cesta y punto para Sumar, nos viene a decir, y renuencia clara del gobierno, que al final ha cedido. "Los condenaron jueces prevaricadores por ejercer su derecho sindical", repite la propaganda en las redes, como si en este país aún se persiguiera el sindicalismo que no fuera vertical. Lo que sucede es que los consideran de los suyos y, por tanto, han echado un pulso por ellos al que el gobierno ha claudicado. Impunidad a la carta por delitos comunes para quien ellos exijan.

Hay ciertos carnés que otorgan impunidad y otros que te hacen sospechoso y culpable de manual

Pero vayamos al empeño de Podemos por proteger a su antiguo diputado Serigne Mbayé, que ha llegado a ejercitar presiones para que fuera dejado en libertad incluso antes de ponerlo a disposición judicial. Mbayé fue detenido tras una llamada de unos vecinos de Lavapiés alertando de que unos tipos rondaban los coches, mirando en el interior reiteradamente, con lo que parecía intención de robar. Dieron una descripción y, al llegar a la zona, los polis se encontraron con Mbayé y otros paisanos, a los que pidieron identificarse. No me digan lo mal que se lo tomaron porque hay cinco policías heridos. "Me identificaron por ser negro", ha dicho el exdiputado de Podemos, y sí: lo identificaron por ser negro, por estar donde estaba y por ir vestido como iba, es decir, por responder a la descripción de quien llamó al 091. El delegado del Gobierno en Madrid ha negado que haya ningún racismo, pero lo que sí ha habido son presiones políticas y mediáticas para que fuera inmediatamente puesto en libertad. ¡Racistas!, clama Mbayé, ese hombre que llegó ilegalmente, que se ganaba la vida vendiendo en una manta y que llegó a ser diputado en el Congreso. Di que sí, que la que permite esa escalada vital, esa es una sociedad racista de narices. El caso es que a Podemos se le ha puesto en la indignación que a Mbayé no se le toca porque es negro y eso parece anular cualquier otra actuación o reacción que haya tenido en su vida. Impunidad a la carta para quien ellos elijan.

Les traigo estos ejemplos, pero hallarán mil. Para la izquierda radical, la justicia lleva camino de definirse como una especie de olla a presión en la que son inocentes los que tienen quien apriete y culpables los señalados por el dedo de los mismos. Justicia no ya popular, sino de la muchedumbre. Si te apoyan, eres inocente; si te dejan caer, ya eres un violador de mierda, aunque sea más que evidente que te tienen que absolver, y si no, pregúntenle a Errejón. Por no hablar del hecho de que la izquierda radical esté aplaudiendo a una mujer que, siendo responsable de los centros de menores, va a ser juzgada acusada de no hacer nada por proteger a una niña de 14 años, de la que su marido abusó, y que, además de no aplicar protocolo alguno, puso palos en la rueda para protegerle y protegerse. La dulce Mónica gestionaba genial su consejería y lo mejor es hacerla candidata. 

A la hora de pasarte al lado oscuro, parece más importante mirar si tú y tus hechos son de izquierda pata negra que lo que dice la ley y la jurisprudencia. Pegar policías es siempre bien. Acosar mujeres es bien o mal según que el acosador trabaje en el ala oeste adecuada. Causar destrozos y daños a comercios y en la vía pública, bien de la muerte también. Hay ciertos carnés que otorgan impunidad y otros que te hacen sospechoso y culpable de manual. Siguiendo esa lógica, sería más seguro apuntarse y cubrirse en una zona de interés.

Lo malo es que en democracia cada ciudadano puede pensar como quiera, afiliarse al partido que quiera, defender las premisas que quiera, tener pastelerías o no tenerlas, comprar bollos suizos o palmeras de chocolate, y nadie debe ni impedírselo ni obligarle a ello. Cada ciudadano es además responsable de sus actos con los mismos deberes y restricciones. La seguridad de todos, sea cual sea la elección, debe ser la misma. Todos sometidos a la misma ley, sin que la presión política pueda variarlo. La represión que siguió al procès ha servido para que algunos quieran convertir en lawfare hasta las condenas por delitos comunes y cualquier acción impresentable de sus correligionarios, y ya todo es un batiburrillo de castigos al oponente, salvaciones para el propio y linchamientos tumultuarios en caso de que el plan falle.

Da miedo, la verdad.

Los totalitarismos empiezan así. Todos.