Es imposible que la campaña del 28-M escape a la parada final de diciembre. Por más que partidos y candidatos lo den todo en municipios y gobiernos autonómicos, el PSOE y el PP han elevado el tono y el fondo a nivel nacional. En lo defensivo, el PSOE tiene 10 comunidades que mantener; y en lo ofensivo, Feijóo necesita un buen resultado en las municipales y llevarse algún gobierno como trofeo.

El PP ha tenido que abandonar el mantra de la gestión económica de éxito de la derecha y hace tiempo desterró el "España está quebrada" de Pablo Casado que ya solo mantiene Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Los datos macro del paro están en máximos de ocupación y cotización, Bruselas ha vuelto a aumentar las previsiones de crecimiento para este año en un 1,9% del PIB y los beneficios de bancos y multinacionales siguen disparados.

Desterrada la economía, al PP le funciona contraponer a Pedro Sánchez con sus barones y las distintas gobernabilidades de los bastiones socialistas con La Moncloa. El PP ha vuelto al marco de ETA y el independentismo con las listas de Bildu en el centro. El debate ya ha saltado de las listas a la expulsión de Bildu del Congreso y un peldaño más, la impugnación legal. Hay medio arco parlamentario queriendo ilegalizar el otro medio. Vox pidió en febrero un referéndum para ilegalizar a los partidos independentistas y ha registrado ahora una propuesta para que el pleno pida al Gobierno el inicio de los trámites de la ilegalización de Bildu. Ante la JEC, ha impugnado las listas.

Isabel Díaz Ayuso, adelantando de nuevo la línea oficial del PP nacional, plantea ahora la ilegalización de Bildu por la presencia de exetarras en sus listas. El PP de Feijóo no ha ido tan lejos y pide modificar la ley de partidos, algo que no hizo cuando tuvo oportunidad. En plena lucha antiterrorista durante la mayoría absoluta de José María Aznar en el año 2002, pudo haber incluido la prohibición para condenados con delitos de sangre en la ley y no lo hizo. Tampoco ha pedido Feijóo a Sánchez que reactive la reforma.

Así que mientras Sánchez necesita una coalición con nacionalistas e independentistas, los barones necesitan mandar esos acuerdos de gobernabilidad nacional lo más lejos posible

Un debate falso y de difícil encaje constitucional. La letrada de las víctimas de la AVT, Carmen Ladrón, señala que los 44 tienen cumplidas las inhabilitaciones y no incurren en causa de inelegibilidad. EH Bildu incumple su compromiso de hace 18 meses, en el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando su portavoz Mertxe Aizpurua dijo en tribuna parlamentaria: “Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a mitigarlo”, y reabre el dolor de las víctimas con la elección de sus listas. Y aún con la ruptura de ese compromiso, el PSOE no tiene pacto que romper con EH Bildu. La formación abertzale se abstuvo en la investidura de Pedro Sánchez y las negociaciones han sido ley a ley. Los acuerdos de gobierno son con ERC y el PSOE mide con mucho equilibrio el apoyo del PNV, partido clave desde la moción de censura de 2018. 

No debería ser la campaña de Bildu o el independentismo. Pero está anticipando la siguiente parada. Son los arietes con los que el PP se recoloca y agita la campaña, enfrenta a los barones del PSOE con Pedro Sánchez y por el camino absorbe a los votantes socialistas. 

Los agita porque puede. La paradoja de la gobernabilidad del PSOE pasa por una tensión innata en el partido con el nacionalismo y el independentismo. No es una batalla a la izquierda o la derecha de Sánchez. Ni siquiera es propia del sanchismo, es una discusión no resuelta y permanente de los socialistas. Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón no hacen políticas más de derechas que Ximo Puig o Francina Armengol. Pero tienen una visión distinta en lo territorial. Es una disputa que ya tuvieron los barones en su día con Zapatero y se reprodujo en la elección de Sánchez como secretario general. Cuando Susana Díaz insinuó la intención de expulsar al PSC, Sánchez absorbió todo el voto catalán.  

Así que mientras Sánchez necesita una coalición con nacionalistas e independentistas, los barones necesitan mandar esos acuerdos de gobernabilidad nacional lo más lejos posible. Una paradoja inversa para el PP, cuánto más agita el antiindependentismo, más sufre a la hora de futuras sumas y se queda solo con Vox.

Pero el PP sabe que las transferencias de voto le favorecen. El último CIS da una alta fuga de votantes en las comunidades donde el PSOE necesita mayorías absolutas o la entrada de Unidas Podemos (UP) en su momento más débil. En Aragón, el CIS arroja una fuga del 9% de votos de Javier Lambán al PP; en Extremadura del 7,7%, 9,9% La Rioja, un 5,3% en Baleares. Un 40% aproximado del voto de Ciudadanos acaba en el PP y menos del 10% en el PSOE. Y aunque hay mucha transferencia de UP al PSOE, cuatro comunidades gobernadas por la izquierda pueden necesitar el 5% de Podemos para formar gobierno.

Con los números y los votos rozando el larguero en los dos grandes partidos, el PP ha hecho la apuesta por una campaña que podría restar al PSOE en las comunidades de Madrid hacia el sur con parada extra en Aragón. Si al PP le funciona la campaña contra Bildu y el independentismo catalán, sabremos cuál será la estrategia de diciembre. Si no gana, el PP tendrá difícil el marco de las generales.