El catedrático de Derecho Jordi Nieva explicaba en un artículo que la decisión que ha tomado el juez Llarena era la peor de todas las posibles. Explicaba varias razones para considerarlo así. La principal: que se ha condenado al destierro, por el momento, a Puigdemont y a los demás exiliados, durante al menos 20 años, sin que se haya producido un juicio al respecto de sus acusaciones. Y mientras tanto, la fiscalía mantiene en prisión a los demás procesados, mientras quienes se encuentran fuera de España tendrán libertad absoluta en cualquier país del mundo, excepto en el Reino de los Borbones.
Explica el catedrático que se da la situación en la que, mientras un juzgado alemán considera que no existió delito de rebelión, ni sedición ni desórdenes públicos para quien fuera, supuestamente, el máximo responsable por su condición de presidente, en el Reino de España hay una serie de personas que llevan en algunos casos nueve meses en prisión preventiva por los mismos hechos, los que han sido calificados, reitero, de hechos no delictivos.
Supone, además de un agravio contra el derecho y la justicia, un atentado contra la democracia, puesto que se imposibilita así que quien ha sido elegido legítimamente como presidente en las elecciones del pasado 21 de diciembre, no pueda serlo. Y esto, sin juicio ni condena firme. Hay quien plantea que nos encontramos, ahora sí, ante un golpe de Estado, blando eso sí, porque no hay violencia pero sí hay un retorcimiento y un abuso del poder judicial, que con casi toda seguridad, se ha comportado de manera dependiente del poder político del Gobierno de España.
Ya resultó incomprensible la retirada de la euroorden en diciembre de 2017, justo en el instante en el que un juez belga iba a dictar su fallo respecto de la solicitud de entrega de Puigdemont. Parecía increíble que pudiera volver a suceder, pero así ha sido. Contra todo pronóstico, Llarena ha determinado retirar otra vez la euroorden y no acudir a la justicia europea. Ningún experto en derecho puede respaldar esta decisión, que deja además una imagen deplorable de la justicia española ante el plano internacional.
Hay quien dice que algo ha tenido que ver la reacción del gobierno de Bélgica, ante la petición de nuestro ministro de asuntos exteriores, Josep Borrell, que acudió a solicitar que el gobierno de los belgas intercediera ante la justicia para proteger al juez Llarena, que ha sido denunciado ante los tribunales y deberá comparecer el próximo 4 de septiembre. A pesar de que algunos medios han querido dar otra versión de lo que sucedió allí, parece ser que desde el gobierno belga se indicó a Borrell que la justicia ha de ser independiente, dándole así a entender que ni protegerían desde el gobierno de la región del chocolate y las patatas fritas al juez español, y de alguna manera, parecería un toque de atención también hacia España.
Sin señalar a la justicia de países como Escocia, Bélgica o Suiza, parece Llarena dar a entender que desde España no se confía en ninguna de sus administraciones de justicia
No queda claro que la decisión del juez instructor, Pablo Llarena, haya tenido que ver con este esperpéntico espectáculo protagonizado por el "desinfectante Borrell", pero lo cierto es que no paran, desde el Reino de España, de acumular ridículos.
Porque a pesar de que en el auto de Llarena se señala a la pérdida de confianza mutua entre la justicia alemana y la española, la cuestión es que ha retirado la orden de detención de todos los exiliados, que se encontraban en países diferentes con sus correspondientes procedimientos abiertos. Así las cosas, sin señalar a la justicia de países como Escocia, Bélgica o Suiza, parece Llarena dar a entender que desde España no se confía en ninguna de sus administraciones de justicia. Poca broma con esto porque la actitud del juez español pasa por considerar que todos se equivocan, menos él y los suyos.
El derecho es una ciencia que permite interpretaciones, que dependerá de cómo se sostengan los argumentos para decantarse por una solución o por la contraria. Pero no todo es interpretable, y así nos lo decían en la Facultad. Los hechos han de probar que concurren los requisitos imprescindibles para hablar de delitos; y esto es algo que no puede forzarse, retorcerse ni inventarse, pues, de lo contrario, nos encontraremos ante otro tipo de derecho penal, muy lejano al que ha de regir en un estado democrático y de derecho.
Todo apuntaba durante estos meses a una arbitrariedad supina, a una interpretación torticeramente del derecho, a una invención casi de ficción sobre hechos que no ocurrieron como el juez desearía que hubieran ocurrido. Quizás algunos estuvieran demasiado acostumbrados a hacer de la ciencia jurídica una labor creativa, que, durante muchos años, no tenía manera de desmontarse por falta de medios para ello. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, gracias al hecho de que todo puede ser grabado en vídeo por casi cualquiera, resulta mucho más complicado construir relatos del todo falsos con los que perseguir a adversarios políticos o ideológicos.
La decisión del juez Llarena de renunciar a la entrega de Puigdemont porque Alemania ha determinado en primera instancia que solamente podría hacerse por malversación (y no por todo lo que desde España se le quería imputar), demuestra que el juez, lejos de ser meramente instructor en la causa, tenía de antemano una idea clara de por qué quería que condenasen al presidente de Catalunya. Incluso sin tener pruebas contundentes. Básicamente ha decidido que si él no gana la partida, rompe el juego.
La actitud del juez español pasa por considerar que todos se equivocan, menos él y los suyos
Poco margen queda para considerar que este señor podría estar prevaricando: fundamentalmente porque no se puede dictar una sentencia justa si previamente se carece de imparcialidad y uno se atiene a los hechos que queden demostrados. Es casi evidente que Llarena tenía en su cabeza la idea clara de lo que habían hecho los dirigentes independentistas: y de lo que se trataba era de buscar la manera de respaldar su versión, cosa que no ha conseguido por mucho que lo haya intentado.
Ahora la cuestión es esa: juzgar al juez que, vaya usted a saber por qué, ha dejado patente su falta absoluta de objetividad. Y la prueba evidente es la última decisión tomada esta semana. Si él realmente quisiera hacer su trabajo con rigor y objetividad, habría acatado lo que le llegaba desde Alemania, asumiendo así la colaboración judicial entre países de la Unión Europea. Pero no, no ha querido, porque si acataba lo que otros jueces han determinado, no podría "crujir" a Puigdemont "y a los suyos".
Queda además constancia de que algo sucede cuando todavía a día de hoy tenemos a los presos políticos en prisión. Porque por los mismos hechos hay quien está en absoluta libertad en cualquier lugar del mundo, mientras otros llevan nueve meses entre rejas. Algo raro sucede con la justicia española, que para más inri, debería actuar fundamentándose en un principio básico en nuestro sistema: "in dubio, pro reo", que viene a suponer que, en caso de dudas, hay que tomar decisiones que siempre beneficien al reo, no que le perjudiquen.
Llama la atención cómo a Llarena le ha dado igual hacer el ridículo en todo el mundo poniendo y quitando euroórdenes, dos veces, de manera totalmente arbitraria y sin sentido. No dio explicaciones en diciembre y las que da ahora resultan increíbles. Pero no hay que olvidar que en el tiempo que tardó en activar de nuevo la euroorden después de la primera retirada, se atrevió a decir públicamente que no la activaba porque era precisamente lo que Puigdemont quería. No olvidemos nada de lo que ha sucedido porque es digno de enmarcar.
Algo raro sucede con la justicia española que debería actuar fundamentándose en un principio básico en nuestro sistema: in dubio, pro reo
Todo esto resultaría más propio de una película de los hermanos Marx, si no fuera porque la libertad de personas inocentes ha sido rota. El sufrimiento tanto de ellos como de sus familiares y amigos está siendo inconmensurable. Y no se podrá reparar de ninguna manera. El desasosiego de personas que únicamente hicieron lo posible porque su pueblo votase, en paz, sin mayor problema, es una aberración y un atentado contra la democracia.
Recordemos que para tratar de ajusticiarles se han inventado pruebas por parte de la Guardia Civil (llegando incluso a construir un pueblo falso, Sant Esteve de les Roures, donde se decía que la gente había sido violenta con los agentes el 1 de octubre); se han inventado números para tratar de acusar por malversación, sin hallar una sola prueba de este delito y, teniendo incluso las declaraciones públicas del que fuera ministro de Hacienda y del propio presidente del Gobierno anterior, negando la mayor. Se ha denunciado la actuación de algunos agentes que han actuado con violencia desmesurada, que se han infiltrado para tratar de acusar a personas pacíficas de haber cometido altercados, se ha podido ver cómo los medios de comunicación afines han mentido deliberadamente para mantener un relato absolutamente falso que tenía como objetivo la criminalización de una serie de personas que defendían pacíficamente unas ideas democráticas.
Recordemos que se ha acusado de terrorismo a una mujer que tenía en su poder una careta y un silbato; que no puede salir de su pueblo, por medidas cautelares, ni siquiera para visitar a su madre que está enferma.
Recordemos que se han interpuesto cientos de denuncias en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, que según los denunciados carecen de pruebas y de veracidad.
Recordemos agresiones a periodistas como Jordi Borràs, en plena calle y a manos de un agente de la Policía Nacional.
Recordemos y no olvidemos porque esto no puede quedar impune. No, al menos, si queremos decir que vivimos en una democracia y en un estado de derecho, cosa bastante cuestionable a tenor de lo que estamos viviendo.