Día tras día, auto tras auto, el juez Pablo Llarena se va quedando un poco más desamparado ante la Constitución; como Gary Cooper en la película, pero sin tanta épica y sin ningún argumento para ponerse de su lado. La desnudez de sus razonamientos para seguir adelante con una instrucción y unas medidas cautelares que están forzando todos los limites se ha vuelto algo más que perturbadora.

Los argumentos jurídicos los ha abandonado tan a la desbandada que, en su último e injustificable auto para denegar a Jordi Sànchez el derecho político básico por excelencia: el derecho de sufragio activo y pasivo, no cita una sola norma jurídica para fundamentar su decisión; solo presunciones y sospechas que le llevan a tratar a Jordi Sànchez como si ya hubiera sido condenado.

Entre la protección y garantía de un derecho constitucional fundamental y sus propias sospechas y malos pálpitos, el juez da primacía a sus presentimientos y corazonadas sobre qué puede o no puede hacer el candidato Sànchez si se convierte en president; una decisión que sólo puede calificarse como constitucionalmente paranormal.

La vía penal está muerta y el juez lo sabe. Y si no lo sabe o le cuesta reconocerlo, alguien debería decírselo

Su construcción de la violencia como una especie de “concepto chicle” penal, perfectamente elástico hasta ajustarse a su conveniencia, también se ha quedado más solo en Europa. Sólo mantiene el apoyo de la derecha española más antieuropea y las raciales llamadas de Jiménez Losantos para que empiecen a volar por los aires cervecerías germanas. La resolución del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ha supuesto un machetazo en toda regla a la actuación de Llarena, respaldado además por una Comisión Europea que ni ha considerado necesario refugiarse en su tradicional prudencia a la hora de manifestarse ante un asunto tan obvio.

La constante amenaza con un fantasmagórico recurso ante el tribunal de la UE, para que ponga en su sitio a la justicia alemana, suena a una de esas patéticas amenazas que tanto gustan de proferir los abusones y fantasmas desde el otro lado de la calle o del patio del colegio. No será ni admitido a trámite porque no tiene sentido pedirle a un tribunal que le diga a otro cómo y hasta dónde pronunciarse cuando ya lo ha hecho. Correría la misma suerte que se le augura a la querella que promueve Roger Torrent, el presidente del Parlament.

La vía penal está muerta y el juez lo sabe. Y si no lo sabe o le cuesta reconocerlo, alguien debería decírselo y aconsejarle que deje de forzar los límites de la ley porque puede acabar haciéndose daño de verdad. Cuanto antes se aparte y deje de estorbar, mejor para todos; empezando por él mismo.