Asombra la frivolidad corporativista con que todas las asociaciones de jueces han salido a disculpar los comentarios usados por sus colegas para calificar a millones de catalanes como nazis y golpistas en un chat, más convertido en tribunal popular que en instrumento de conversación. Argumentar que se trata de una conversación privada y opiniones personales está muy bien, cuando se trata de fontaneros o arquitectos y no disponen del poder de meter a gente en la cárcel ni están aforados. Los funcionarios públicos tienen la obligación de comportarse respetando los principios del código de conducta que establece el Estatuto básico del empleado público, en público y en privado. Que sea privado no les exime ni del escrutinio ni de la responsabilidad que les confiere su posición como funcionarios públicos de la justicia.

Solo quien no quiera verlo puede alegar que allí solo se vierten opiniones. Cuando la realidad es que se califican jurídicamente los hechos, se imputan delitos y se condena a los acusados sin más base que las informaciones de prensa y la ideología de unos magistrados con evidentes maneras y usos de trol. Cuando un juez dice que alguien ha cometido un delito de rebelión importa, en un chat privado o en una conferencia, porque ellos son la justicia, ellos son quienes interpretan y aplican una ley donde caben diferentes interpretaciones y grados de aplicación.

Que sea en privado no les exime ni del escrutinio ni de la responsabilidad que les confiere su posición como funcionarios públicos de la justicia

Resulta esperable que el gobierno central huya de semejante jardín, aunque sea alegando el respeto a la justicia, en clara contradicción con el argumento exculpatorio de que se trata de un chat privado ¿En qué quedamos, se trata de un chat privado donde opinan a título particular, por lo tanto criticable y condenable, o se trata de una especie de justicia virtual 2.0 que debe respetarse y defenderse porque afecta a la separación de poderes y es asunto de Estado, como las bien pagadas conferencias del juez Pablo Llarena?

Aún más previsible parece que ni Ciudadanos ni Partido Popular tengan casi nada que decir. Su sensibilidad y desasosiego por las actitudes e independencia de los jueces se limitan a aquellos magistrados que no sentencian como a ellos les parece que deberían. Su preocupación siempre se muestra selectiva. Les dura lo que les duró la inquietud por las libertades en Catalunya, hasta que aparece la tesis de Pedro Sánchez y les parece que podrán hacer más sangre.

La sobreactuación del president Torra, pidiendo de entrada la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, solo ha contribuido a aumentar el ruido y ha ayudado a tapar con la refriega política la cuestión relevante que los mensajes de ese chat han sacado a la luz: la duda más que razonable sobre la motivación principalmente política en la acción de una justicia que, al parecer, tiene problemas para saber comportarse, en público y en privado.